Hacienda cuenta con que tendrá que pagar en torno a 600 millones de euros a un puñado de los fondos de inversión más poderosos del planeta, como Blackrock, Norges, Vanguard o JP Morgan, a modo de resarcimiento por las retenciones aplicadas de más por el Fisco sobre los dividendos procedentes de las participaciones que estos gigantes y otros inversores residentes en estados de fuera de la UE mantenían en sociedades españolas, que el Tribunal Supremo declaró contrarias a derecho el pasado mes de noviembre después de una prolongada odisea judicial.
El Ministerio de Hacienda aplicó hasta el año 2010 el criterio de que esos dividendos debían estar sujetos a la retención prevista en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), que durante los años en que se enmarcan las reclamaciones osciló entre el 15% y el 21%, lo que creó un régimen de agravio comparativo con los inversores residentes en la Unión Europea a los que sólo se les aplicaba un tipo impositivo del 1%, en el caso de los fondos de inversión, y un tipo del 0%, en el caso de los fondos de pensiones. Los fondos de inversión y de pensiones de fuera de la UE iniciaron entonces una ofensiva judicial contra el criterio aplicado por Hacienda. El Gobierno Zapatero modificó la ley en 2010 para acabar con esa situación, pero los recursos por las retenciones aplicadas hasta entonces siguieron adelante.
El pasado 13 de noviembre, y tras un rosario de sentencias desfavorables a los intereses del Ministerio de Hacienda en distintas instancias judiciales, el Tribunal Supremo decretó que el criterio aplicado por la Agencia Tributaria hasta el año 2010 vulneró el principio europeo de la libre circulación de capitales y que a los recurrentes les ampara el legítimo derecho de solicitar la devolución de las retenciones practicadas de manera indebida...algo que en una amplia mayoría ya habían hecho, también con el aval del éxito obtenido en un serie de sentencias favorables anteriores.
Los grandes despachos no dudaron entonces en calificar como "un hito" o como "histórica" la sentencia del Tribunal Supremo, que no sólo abría un camino expedito para que grandes y pequeños inversores residentes en territorios de fuera de la UE reclamaran a Hacienda las retenciones aplicadas en exceso durante los años anteriores de 2010 sino que, desde su óptica, mejoraba la reputación de seguridad jurídica de España y constituiría un acicate para la inversión extranjera en el país.
Lo que sí ha hecho la sentencia del Tribunal Supremo es obligar al Gobierno a provisionar el perjuicio patrimonial que esta derrota judicial puede causar a las arcas del Estado. Según las estimaciones realizadas por la Intervención General del Estado, que se recogen en la Cuenta General del Estado del año 2019, la Hacienda Pública considera que tendrá que reintegrar en torno a 600 millones de euros a los fondos de inversión y de pensiones que reclamen la devolución de las retenciones aplicadas de más, en lo que supone el enésimo revés presupuestario que se lleva el equipo de María Jesús Montero en relación a temas por completo ajenos a su gestión.
La gravosa 'herencia recibida' de la ministra de Hacienda
Los 600 millones de euros que el Gobierno ha provisionado ahora a cuenta de un litigio que hunde sus raíces hace más de 20 años, se suman a los 702 millones de euros que Hacienda se vio obligada a devolver a Telefónica por un pleito iniciado en el año 2004 y los en torno a 1.200 millones de euros que tuvo que reintegrar a las cerca de un millón de madres y padres a los que Hacienda retuvo indebidamente, según el Tribunal Supremo, por las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas durante los ejercicios de 2015,2015, 2016 y 2017. Más de 2.500 millones de euros que han salido ahora de las arcas públicas, pero que corresponden a litigios y deslices del pasado.
No son los únicos. La información proporcionada por la Intervención General del Estado revela que el Ministerio de Hacienda también mantiene 'apartados' 273 millones de euros para atender la montaña de reclamaciones administrativas y recursos contencioso-administrativos pendientes de resolución por la aplicación del famoso 'céntimo sanitario' dentro del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y cerca de 1.100 millones por DTAs pendientes de pago al sector financiero.
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