El exitoso proceso de vacunación contra la Covid-19, que comenzó por los ciudadanos de mayor edad y que ha conseguido hacer caer drásticamente los contagios en este colectivo, se ha visto ensombrecido por la propagación del virus entre los más jóvenes, que empiezan ahora a vacunarse y que, en muchos casos, han aprovechado el verano y el fin de las restricciones para actuar sin apenas precauciones y como si la pandemia hubiese desaparecido de la noche a la mañana, pese a que los casos graves entre los menores de 35 años aparecen cada vez más frecuentemente.
Para muchos, la quinta ola de contagios ya ha empezado con la saturación de la atención primaria y con la llegada a los servicios de salud de las comunidades autónomas y de los hospitales de un aluvión de adultos jóvenes que todavía no tenían la vacuna para defenderse frente al coronavirus. Los más pesimistas apuntan a un colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos en el mes de septiembre similar al que se produjo el año pasado, cuando los más mayores fueron los dramáticos protagonistas de la pandemia.
Pese a la buena respuesta de los servicios sanitarios ante la Covid, una epidemia que no entró en ningún momento en las previsiones de los responsables de salud de las regiones, lo cierto es que el aumento de personal ante una situación crítica no ha sido tan importante como podía esperarse, teniendo en cuenta además que 136.000 médicos y enfermeros ya han dado positivo desde el estallido de la pandemia. Mientras bastantes comunidades ha reforzado su personal, hasta cinco han perdido plantilla en este área desde 2019.
Uno de cada cada tres empleados públicos en las comunidades autónomas desempeña su labor en el Sistema Nacional de Salud
Al detalle, los datos que presenta de forma periódica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que tras la última remodelación del Gobierno se ha divido en dos, pasando el área de gestión de los funcionarios al Ministerio de Hacienda y la de coordinación con las comunidades a manos de la Portavoz Isabel Rodríguez, muestran que en enero de 2021 -último disponible- había 45.574 sanitarios más que en el mismo periodo de 202o, un incremento del 8,6%, la mayoría interinos ante la falta de oposiciones en los dos últimos ejercicios.
Castilla y León, Islas Baleares y País Vasco tenían en el primer mes de 2021 menos plantilla de médicos y sanitarios que un año antes, mientras que en otras dos regiones -Extremadura y La Rioja- solo aumentó en tres y ochos efectivos. Con respecto a 2019, el año anterior de la pandemia del coronavirus, lejos de incrementarse la nómina de sanitarios, ha disminuido en hasta cinco comunidades: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y País Vasco.
Mientras, el incremento de empleados públicos en el área de salud entre enero de 2020 y el mismo mes de 2021 es muy relevante en cinco comunidades: Comunidad Valenciana (18,25%), Asturias (18%), Región de Murcia (16,76%) Comunidad de Madrid (14,8%) y Cataluña (14%). Solamente entre Andalucía, Madrid y Catalunya crearon más de la mitad de los nuevos puestos del área sanitaria en las comunidades autónomas, cerca de 25.000.
Los datos que recoge el Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas dejan patente la importancia de la sanidad entre las competencias asumidas por las regiones, en las que uno de cada tres empleados de los 1,6 millones que dependen de ellas están englobados en el área de Salud. Con respecto al global de efectivos públicos -2,7 millones- prácticamente dos de cada diez son médicos y enfermeros. El número de trabajadores dependientes de las administraciones autonómicas se incrementó durante el año de la pandemia en cerca de 102.000, prácticamente la totalidad de las contrataciones en el sector público.
Empleo público y ERTE han evitado un escenario laboral aún peor. Hay 146.000 trabajadores más, la mayoría interinos y al servicio de las administraciones
El número de empleados públicos aumentó en el peor año de la pandemia del coronavirus en 112.693 efectivos, gracias al importante alza de interinos, más de 120.000, y del ligero incremento del personal laboral, 6.288 más, puesto que los funcionarios de carrera se redujeron en 13.649 debido a la ausencia de oposiciones durante dos ejercicios en un contexto de jubilaciones masivas. Mientras, el sector privado, según refleja el Instituto Nacional de Estadística, perdió durante el año pasado 468.100 ocupados, en un ejercicio en el que además se registraron en varios momentos más de 900.000 trabajadores en ERTE, y el sector público creó 149.400 nuevos empleos, un número muy similar al que refleja el Boletín Estadístico, que no tiene en cuenta los ocupados en la empresa pública.
También se puede ver esta tendencia en la estadística del primer trimestre de 2021 comparada con la del mismo periodo del año anterior, con un aumento de 131.100 asalariados públicos y un descenso de 623.900 trabajadores privados. El empleo precario y en muchos casos irregular, con interinos que pasan décadas en la Administración sin un contrato fijo, se ha convertido en un recurso de las comunidades autónomas para cubrir vacantes, una práctica que eleva la tasa de temporalidad en muchas de ellas muy por encima del 35%, frente al objetivo previsto por el Ministerio que estaba en manos de Miquel Iceta hasta hace unos días y que ahora coordinará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de situarla en el 8%.
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