El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, afronta desde hace meses una voluminosa carga de trabajo adicional derivada de las consecuencias económicas de la pandemia en el empleo, con un aluvión de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), subsidios y prestaciones de paro-; los retrasos provocados por el ciberataque del pasado marzo, que dejó 'bloqueados' los pagos durante varias semanas; y de la más que patente falta de recursos humanos y materiales.
El despido de 500 interinos, de un total de 1.500, que tendrá lugar a partir de finales de este mes, dejará al organismo público, que ahora gestiona 998.000 prestaciones contributivas, casi 1,2 millones de subsidios y rentas y 913.000 ERTEs, en una situación crítica, que empeorará el actual plazo de reconocimiento de las prestaciones por desempleo que se ha multiplicado por seis con respecto a antes de la pandemia. La media en abril se sitúa en seis días frente a los 1,1 de febrero de 2020, pero en las provincias de Barcelona y Madrid superan los 17 en el primer caso y rondan los 13 en el segundo.
En los primeros meses de la pandemia, los días de retraso en la tramitación se duplicaron, pero fue en junio de 2020 cuando se triplicaron las demoras en el reconocimiento de la prestación, tras un aumento de las altas de prestaciones superior al 378% con respecto al mismo mes del año anterior y un número de beneficiarios que más que se duplicó. Los picos más altos se dieron en noviembre de 2020 y en enero de este año, con un tiempo medio de respuesta cercano a 7,40 días.
En abril de este año, último dato disponible, los días para el reconocimiento de las ayudas se situaron en seis -el doble que hace un año-, pese a que ya se empieza a ver una clara tendencia de descenso en el número de solicitudes de alta. Estas cayeron en el cuarto mes del año, con respecto al mismo periodo del año anterior, un 54%, mientras los beneficiarios descendieron un 53% y los trabajadores en ERTE un 181%. El ciberataque retrasó el pago de decenas de miles de prestaciones, que debieron ser abonadas en el mes de abril, y paralizó más de 200.000 citas.
Plantilla envejecida e insuficiente
El SEPE afronta cada mes millones de prestaciones, ayudas y gestiones con apenas 8.500 empleados -3.000 menos que hace una década-, distribuidos en 710 oficinas. Los sindicatos han planteado contratar 4.000 personas, un 50% más que la plantilla actual, que tiene de media 50 años, y no despedir a los interinos que llegaron como refuerzo como se pretende desde el Gobierno. El ciberataque del mes de marzo ha dejado patentes muchas debilidades del organismo, desde a su exposición a los hackers por la falta de medios informáticos y monitorizaciones frecuentes, pasando por el envejecimiento de su plantilla, que se jubilará masivamente durante la próxima década, a la desmesurada carga de expedientes y peticiones.
La plantilla está compuesta por más de 2.100 interinos y mil son laborales, supeditados al Estatuto de los Trabajadores, que realizan jornadas maratonianas y deben 'fichar' durante sábados y domingos, con sueldos mayoritarios de 1.100 euros, según los sindicatos. Los efectivos de las oficinas, dónde se tramitan presencialmente las prestaciones, está compuesta fundamentalmente por auxiliares administrativos, con labores específicas, pero que en la mayoría de los casos acaban haciendo de principio a fin toda la gestión.
Para poner freno a estas graves deficiencias, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha tirado de importantes licitaciones para actualizar los sistemas del SEPE y combatir la precariedad informática mediante las compra de nuevos terminales. El último contrato millonario ha recaído en Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa, y que se presenta como el mejor aliado de las administraciones para "dar soluciones a los principales retos nacionales e internacionales a través de su ingeniería, consultoría y servicios de asistencia técnica y proyectos llave en mano".
El valor del contrato supera los 11,1 millones de euros y tiene como objeto hacer más eficaces los servicios a los ciudadanos que se prestan desde las oficinas de Empleo Público. La Isdefe prestará recursos de ingeniería, calidad y seguridad a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, "para mejorar y modernizar de los sistemas de información, procesos y los servicios de TIC", se asegura en el contrato.
Además del contrato adjudicado a Defensa, mediante procedimiento restringido, también ha puesto en marcha la licitación de un contrato millonario para el mantenimiento de sistemas y equipos informáticos -'hardware' y 'software' de base- en todas las sedes del SEPE y que, además, duplica al suscrito con anterioridad, que no se ha renovado. El presupuesto base de licitación -sin impuestos- es de casi 8,4 millones de euros -para tres años- y el valor estimado del contrato es de más de 9,2 millones euros y responde a la urgencia de renovar equipos y actualizar el 'software' ante las demandas constantes de los trabajadores por la falta de medios y la evidencia de la antigüedad de los ordenadores.
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