El Gobierno asume que la pandemia no va a desaparecer a corto plazo y, con el objetivo de frenar los contagios, ha adjudicado a Indra un contrato para los próximos dos años, tramitado por el procedimiento de emergencia y negociado sin publicidad, para el servicio de mantenimiento, soporte y evolución del sistema de rastreo de contactos 'Radar Covid'. El importe de la adjudicación supera los 1,74 millones de euros, de modo que quintuplica de largo la cuantía del primer contrato adjudicado a la misma compañía el pasado mes de agosto, cuando el Ejecutivo requirió los servicios de la multinacional española para el diseño, desarrollo, piloto y evaluación de esa aplicación móvil, por algo más de 330.500 euros.
La Secretaría General de Administración Digital, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, justifica el procedimiento acelerado porque "se hace necesario abordar de manera inmediata, la continuidad del apoyo a los rastreos de contactos y la evolución del piloto existente, para que pueda ser usado de forma satisfactoria y masiva por toda la población y ayudar así a minimizar y controlar la expansión de la Covid-19 en España". Según consta en la memoria justificativa de la contratación, se ha tramitado por la vía urgente "dada la inmediatez con la que se requiere que la Administración actúe ante el grave peligro que representa la situación sanitaria actual de evolución de la pandemia", con más de 300 fallecidos a diario.
El contrato adjudicado a Indra se acordó el pasado 16 de noviembre y tiene un plazo de ejecución de 24 meses, es decir, hasta la misma fecha de 2022., según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Esto invita a pensar, en base a la información que maneja el Gobierno, que la pandemia no va a desaparecer a corto plazo. Al contrario, el presidente Pedro Sánchez anunció un plan de vacunación que no alcanzará a la totalidad de la población en su primera fase. Durante el primer semestre de 2021, se espera inmunizar a una parte "sustancial", según explicó el jefe del Ejecutivo, empezando por los colectivos prioritarios en base a criterios de vulnerabilidad y exposición al virus.
Ante este escenario, el rastreo de los contagios a través de la app 'Radar Covid', que en estos momentos supera los 5,5 millones de descargas, seguirá siendo fundamental para frenar la pandemia. Aunque la memoria de la licitación establece que "el contrato derivado de este pliego estará sujeto a su finalización anticipada en el caso de que la situación sanitaria haga innecesario el uso de la aplicación, según las instrucciones del Ministerio de Sanidad como responsable del tratamiento". Y matiza a continuación que, "en todo caso, se podrá proceder a la finalización anticipada por acuerdo de ambas partes", por lo que no tiene por qué extenderse hasta 2022.
En cualquier caso, el Gobierno ha decidido ampliar el contrato con Indra, según explican desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, porque "tiene sentido seguir trabajando con ellos, que fueron los que desarrollaron la prueba piloto". La información facilitada en la Plataforma de Contratación del Estado, sin embargo, es escasa. Apenas consta un acuerdo de contratación de poco más de dos caras de folio, donde se resume parte de la memoria justificativa, pero no está disponibles ni la propia memoria, ni los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, ni la metodología y demás documentación complementaria.
Falta de transparencia
La misma falta de transparencia concurrió con el contrato anterior. El 12 de agosto se difundió en el Portal de Contratación el anuncio de adjudicación, el acuerdo de tramitación del expediente de emergencia y el documento de acta de resolución del contrato adjudicado a Indra para el diseño y desarrollo de la aplicación 'Radar Covid'. Un contrato cuyo presupuesto ascendía a un total de 330.537,52 euros (impuestos incluidos) con un plan de ejecución de 5 meses, desde el 15 de junio. Pero no se aportaron, y en este momento siguen sin constar en la plataforma, las cláusulas del contrato ni el resto de la información relevante a la que obliga el artículo 63.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial justifican que "durante el estado de alarma se vieron alterados los procedimientos de contratación" y de ahí que se pudiera producir un cierto retraso en la publicación de información. Sin embargo, varios medios de comunicación han pedido los datos de este contrato, a través del Portal de Transparencia y adhiriéndose al derecho de acceso a la información, y el Ministerio de Asuntos Económicos les ha denegado el acceso, alegando que podrían verse afectados los intereses de la empresa Indra.
Según publicó Newtral, la propia compañía, en una de sus alegaciones, manifestó que sus intereses comerciales y económicos podrían verse afectados si se daba acceso a su oferta técnica, otorgando "una ventaja competitiva a otras empresas del sector, alterando el marco de la libre competencia en el mercado". Esta justificación se basa en el artículo 133 de la mencionada Ley de Contratos del Sector Público, que señala que "los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta". Así, la empresa definió como confidencial "gran parte de su oferta técnica", según consta en la respuesta oficial del Ministerio a este medio de comunicación.
Aunque la citada ley apunta que el carácter confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales y a cualquier información que pueda ser utilizada para falsear la competencia, también establece que la confidencialidad "no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación". Y añade que "únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles".
En su respuesta los solicitantes de información, el Ministerio de Asuntos Económicos hace referencia a que el pliego obliga a la "más estricta confidencialidad de la documentación facilitada". Y argumenta que en septiembre se hizo público el código fuente de la app Radar Covid, con lo cual consideran que no solo "se despeja cualquier duda sobre el funcionamiento de la aplicación, y se verifica el no manejo de datos de carácter personal" sino que también es "el resultado del objeto del contrato definido en la memoria justificativa, el pliego de condiciones y en la oferta técnica de la empresa". Concluyen que facilitar la documentación solicitada "no aporta valor añadido a la transparencia, cuando el resultado esencial del trabajo se ha puesto públicamente disponible hasta el mínimo detalle".
