En apenas diez meses, entre febrero y diciembre pasados, los precios de los alimentos pasaron de subir al 16,6% a hacerlo al 7,3%. La inflación de los productos de la cesta de la compra se ha moderado con fuerza en un contexto que sigue marcado por la incertidumbre, tanto a nivel geopolítico, como en lo que tiene que ver con la producción. La guerra en Ucrania disparó el coste de los insumos para agricultores y ganaderos (fertilizantes, piensos, combustibles, electricidad...) y la sequía ha dado lugar a una fuerte caída de la producción en sectores estratégicos como el cereal (-34,7%), el vino y el mosto (-20,8%) o el aceite (-58,65), según los datos que maneja la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Por si fuera poco, las tensiones en el Mar Rojo y las disrupciones en las rutas marítimas amenazan con provocar otra crisis de suministros y afectan ya a los alimentos.
Las tensiones de precios en origen, cuya subida ni tan siquiera permite a muchas explotaciones cubrir costes por el fuerte encarecimiento de los insumos y materias primas, y la perspectiva de que las rebajas fiscales en la alimentación se eliminen a mediados de año complicarán la vuelta a la normalidad de los precios de la alimentación. De hecho, no se descarta que el frenazo que se ha producido los tres últimos meses en la subida de estos bienes básicos sea coyuntural. En el caso de los productos frescos podría deberse a un cambio en el patrón de consumo por la Navidad, apunta María Jesús Fernández.
La economista senior de Funcas explica que el índice de producción industrial de la industria alimentaria, que se había estabilizado a mediados del año pasado, volvió a repuntar al cierre del ejercicio, lo que implica también un alza en los costes de producción de los alimentos elaborados. "Aún no ha llegado el momento de que las presiones inflacionistas se normalicen", advierte. De acuerdo con sus cálculos, si en junio se recuperasen los tipos habituales de IVA en la alimentación, la tasa anual de IPC se incrementaría en cuatro décimas.
Sería así en el caso de que la distribución trasladase por completo ese incremento y siempre que comerciantes y supermercados no asumiesen una parte del alza del impuesto en sus márgenes en función de cómo se comporten la demanda u otras condiciones del mercado. Para Camilo Ulloa, economista Principal para España y Portugal en BBVA Research, la vuelta a los tipos de IVA previos a la crisis probablemente se trasladará de forma completa a los precios finales porque los márgenes de los productores en los alimentos frescos son mínimos, y sólo en el caso de los elaborados, donde hay más competencia, esa traslación podría ser menor.
Si bien esto repercutirá en la inflación, la intensidad con la que lo haga dependerá de si los consumidores han variado o no sus hábitos, si bien el comportamiento en relación a estos productos suele ser relativamente estable en relación a lo que sucede con otros bienes que tienen una demanda más elástica, esto es, mucho más sensible a las variaciones que se producen en su precio. Actualmente, el peso de los alimentos frescos ronda el 7% sobre el total de la cesta de consumo y el de los alimentos elaborados se sitúa en torno al 16%. "No habrá mucha presión al alza (al subir el IVA), pero esta existirá", apunta Ulloa.
En lo que respecta a la tasa general de inflación, Zoel Martín Vilató, economista de CaixaBank Research, considera que la retirada progresiva de las medidas del paquete anticrisis puede dar lugar a un efecto escalón o subida de precios puntual en los meses en los que eliminen. Más allá de estos incrementos puntuales, "no esperamos un incremento generalizado de los precios por esta causa", sostiene. En su opinión, el hecho de que la retirada de las medidas sea progresiva permite espaciar a lo largo del tiempo el impacto de este efecto escalón.
Los estragos de la sequía en la producción
Con la información disponible hasta el mes de diciembre, el coste en origen de los productos del campo subió de media un 11,4%, muy por encima de lo que lo hicieron los precios de venta de los alimentos (7,3%). Para el sector el 2023 ha sido uno de los peores ejercicios que se recuerdan a causa de la sequía severa. Según las cifras que maneja la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) las pérdidas de producción han sido de entre el 60 y el 80% en los cultivos de cereal de secano, como la cebada, el trigo, el centeno, el maíz o la avena.
En la Cuenca del Guadalquivir -que ha recibido precipitaciones por debajo del 85% de la media histórica- la limitación de agua ha impedido sacar adelante los cultivos de arroz y hortícolas. Mientras que en Cataluña, donde los embalses han permanecido por debajo del 25% de su capacidad han sido necesarios riegos de socorro para salvar los árboles. La ganadería ha tenido que encarar un fuerte alza de los precios del forraje, mientras que la apicultura encadena su segundo año de fuertes pérdidas.
A los costes de la sequía se han sumado, además, los que han traído consigo las nuevas exigencias en materia de sostenibilidad de los suelos y las medidas sobre bienestar animal impulsadas a través de la Política Agraria Común (PAC), que han sido más complicadas de asumir para las explotaciones más pequeñas, las familiares. Estas se han dado de bruces, además, con la competencia desleal de determinados productos importados.
"Estamos consolidando el modelo agrícola más ético y exigente del mundo, con un coste económico importante para los productores y los consumidores", enfatizan desde Unión de Uniones. Para protegerlo apuestan, entre otras cosas, por controles en frontera más escrupulosos y por la implantación de cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, de forma que los productos importados cumplan las mismas condiciones que se exigen a los europeos en materia de salud, medioambiente y sanidad animal y vegetal.
