El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales endurecer la cotización de los contratos temporales para desincentivar los abusos que se producen hoy en día en muchas empresas. Así consta en el último borrador de la reforma laboral, al que ha tenido acceso La Información y cuyas líneas maestras se avanzaron en estas páginas. La patronal y los sindicatos ven el texto "enrevesado" en lo que se refiere a esta medida y esperan aclaraciones por parte de los ministerios implicados (Trabajo, Economía y Seguridad Social) en el nuevo encuentro que mantienen este miércoles.
En concreto, en la propuesta gubernamental se plante ala modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social, que ahora establece un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días. La nueva redacción quedaría así: "En los contratos de carácter temporal, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, en el mes en que se produzca la baja del trabajador y por cada una de dichas bajas, en el triple del importe diario determinado por la aplicación del tipo de cotización a cargo de la empresa al tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional".
De este modo, el Gobierno va más allá del objetivo de penalizar los abusos de los contratos de muy corta duración y propone elevar la cotización que pagan las empresas por todos los contratos temporales en el momento que los den de baja. El planteamiento todavía no está cerrado, pues está siendo objeto de debate en la mesa de diálogo social que se reúne este miércoles. Fuentes de la Seguridad Social, de quién depende esta medida, evitan pronunciarse sobre las negociaciones en marcha y enmarcan la propuesta en el Componente 23 del Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
Hay que recordar que el ministro José Luis Escrivá anunció que estaba estudiando la introducción de una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos temporales de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones. Una práctica que también se produce en muchos sectores durante los meses de verano y que el titular de la Seguridad Social ha tachado de "intolerable". Ahora va un paso más allá al proponer extender la penalización a todos los temporales.
En el Componente 23 el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir la excesiva temporalidad del mercado laboral español por varías vías. Para empezar, se plantea la generalización del contrato indefinido y la limitación de las causas para suscribir contratos temporales. En este punto, el documento propone "penalizar la excesiva utilización de contratos de muy corta duración" y en esta medida se enmarca la modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, como se ha detallado, lo que propone el Gobierno en la mesa de diálogo social es extender esta penalización a todos los eventuales.
Patronal y sindicatos consideran "excesivamente enrevesado" el contenido de la propuesta gubernamental y esperan aclaraciones por parte de los negociadores del Gobierno este miércoles. Así lo indican a La Información fuentes del diálogo social que añaden que todavía hay cuestiones muy relevantes por concretar, como el nuevo mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo, que vendrá a acompañar a los ERTE tradicionales en el marco legislativo y cuyo control recaerá en el Ministerio de Asuntos Económicos que pilota la vicepresidenta Nadia Calviño.
No son los únicos asuntos que hay sobre la mesa. La patronal también se está esforzando por rebajar la intención inicial del Gobierno de imponer una tasa máxima de temporalidad en las empresas del 15% de la plantilla. Los empresarios entienden que ese porcentaje no se puede generalizar a todos los sectores y a todas las compañías y están planteando modularlo en función del tamaño de la empresa y, en todo caso, derivarlo a la negociación colectiva. "No se puede imponer una tasa de temporalidad por ley", zanjan.
Asimismo, está por resolver todo el paquete de medidas relativas a la negociación colectiva que vendría a modificar algunos de los aspectos que el actual Gobierno considera "más lesivos" de la legislación que aprobó el PP en 2012. Se trata de recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la ultraactividad, así como de revertir la modificación unilateral sustancial de las condiciones de trabajo por parte del empresario.
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