Tampoco podrá ser. La reforma sobre la legislación pesquera que puso en marcha el actual Gobierno, con la nueva normativa de Pesca Sostenible como punto fuerte de su estrategia, se quedará sin completar después de la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio. Todavía faltan por aprobar textos relativos a sanciones y a la digitalización, según recuerda Europa Press.
Las previsiones del Ejecutivo al comienzo de legislatura respecto a una amplia reforma pesquera pilotaron en torno a la nueva ley, que fue ratificada en las Cortes el 8 de marzo y ya ha entrado en vigor, y recoge cambios importantes, pero también incluían otros anteproyectos que quedan sin tramitar.
En concreto, quedaría en esa situación el anteproyecto de ley para la modernización del control y la inspección de la pesca, que introduce flexibilidad en el régimen sancionador, y que el Gobierno presentó en diciembre en primera lectura, para someterlo después a consulta pública y que aún no ha llegado a las Cortes.
Modernización, control e inspección de la pesca
También se queda en el cajón una tercera ley que preveía el Gobierno destinada a la digitalización y a la comercialización pesquera y acuícola, y cuya preparación difundió el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en distintos momentos de los debates y de la legislativa.
En cuanto a la ya en vigor Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera -que actualizó una norma de 2001- incluye novedades en el reparto de las cuotas y eleva al 5% el grado de reserva pública de esos cupos, porcentaje que suscitó mucho debate entre la flota y los grupos parlamentarios. El texto modificó los "coeficientes reductores" que determinan la jubilación y la adelantan en el caso de colectivos como los de las rederas, las neskatillas y las empacadoras.
Por otra parte, este mismo mes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se refirió en una jornada en Madrid de la organización pesquera gallega Opromar a "próximas" y, ahora en el aire, modificaciones de las normas que regulan las organizaciones profesionales y las ayudas al sector pesquero.
