La reforma del subsidio por desempleo, es decir, la cuantía que reciben las personas que se encuentran en paro y ya han agotado la prestación a la que tenían derecho bloquea la llegada de 10.000 millones de euros de los fondos europeos a España. Este cambio forma parte del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que está vinculado al cuarto pago y que el Gobierno deberá solicitar en las próximas semanas, aunque no lo harán antes de cerrar esta materia, según apuntan fuentes del Ejecutivo a La Información. Inicialmente, se había acordado que la ley se aprobase en 2022 y Bruselas se ha mostrado flexible respecto a estos plazos, pero el incumplimiento de este hito podría conllevar recortes en el dinero esperado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social asegura que esta reforma pertenece al ámbito de sus competencias por lo que tenían el texto cerrado en el verano de 2022 y fueron los desencuentros con la cartera de Economía y el adelanto de las elecciones los que impidieron que se aprobase en tiempo y forma. De hecho, según ha podido saber este periódico este departamento ha citado el próximo lunes a los agentes sociales en la sede del Ministerio para abordar su modificación. Las fuentes de la cartera de Yolanda Díaz señalan que la vicepresidenta ha llevado a cabo una larga negociación con la Comisión Europea en la que consensuaron los puntos incluidos en su texto. Sin embargo, desde la cartera de Nadia Calviño aseguran estar en "comunicación constante con Bruselas a través de un canal abierto para abordar todo esto", por lo que las dos partes del Gobierno ofrecen versiones contradictorias.
Desde la vicepresidencia primera de Asuntos Económicos hacen hincapié en que la Comisión acordó "una serie de condiciones para la reforma de los subsidios de paro" sin entrar a detallar cuáles y subrayan que al pactar la adenda -que recibió el visto bueno el pasado 27 de octubre- consiguieron un plazo de medio año para cumplir "alguno" de los 43 hitos y 15 objetivos ligados al cuarto pago. Todas ellas son políticas que se quedaron en el limbo con la disolución del Congreso de los Diputados por la convocatoria de elecciones generales, como la la Ley de Función Pública y la que va a crear la conocida como Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
La reforma del subsidio por desempleo se engloba dentro del apartado 'Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo' tiene vinculado el desembolso de 4.855 millones de euros, mientras que el Gobierno ha conseguido reducir el requisito de que la reforma de la función pública tuviese rango de ley y en su lugar canalizarán los cambios a través de un real decreto-ley o una orden ministerial para agilizar los tiempos. El defensor del cliente financiero, sin embargo, podrá posponerse hasta el cuarto trimestre de 2024 aunque desde el departamento que capitanea Calviño dicen estar trabajando con Bruselas para cerrar "los últimos flecos" con la idea de solicitar el cuarto pago próximamente.
El Gobierno tenía la previsión de aprobar todas estas medidas a lo largo del primer trimestre de 2023 para pasar a trabajar a partir de junio en las reformas vinculadas al quinto pago de 7.000 millones de euros. Sin embargo, la negociación de la adenda desplazó la solicitud del cuarto pago -y la aprobación de las políticas restantes- a finales de este año y en consecuencia, se ha decidido posponer la petición del quinto desembolso que está asociado a la reforma fiscal hasta el 2024, así el grueso de los fondos Next Generation llegaría- a España en 2025, a pesar de haber recibido ya un total de 37.000 millones de euros.
Propuestas contrarias para reformar el subsidio
El desencuentro entre las dos almas económicas del Gobierno no es menor, dado que las propuestas de reforma del subsidio por paro apuntan en direcciones contrarias y las fuentes de Trabajo consultadas se muestran convencidas de que se impondrá su criterio, por pertenecer a su ámbito de competencia. Actualmente, las personas que han agotado su prestación por desempleo perciben un subsidio de 480 euros al mes durante 30 meses y Yolanda Díaz aboga por incrementar las cuantías del primer año. El texto diseñado por Trabajo eleva la ayuda hasta el 110% del IPREM (660 euros) los seis primeros meses y hasta el 90% del IPREM (540 euros) en los seis siguientes, de manera que después recibirían el 80% que fija la normativa en vigor.
Por ello rechazan de plano la propuesta de Economía esbozada por el secretario de Estado, Gonzalo García Andrés, y a la que han tenido acceso. El Ministerio de Calviño apostaría, en cambio, por mantener la cuantía total del subsidio pero concentrada en 12 meses de forma que en los tres primeros meses obtendrían el 100% del IPREM (600 euros), los tres siguientes el 80% del IPREM (los 480 euros actuales) y después se rebajaría hasta el 65% en el tercer trimestre (390 euros) y solo un 50% en el restante. Las fuentes próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno reprochan que estos cambios dejarían la cuantía media en 442,5 euros de media al año.
El Ministerio de Trabajo también quiere ampliar la cobertura del subsidio a los 45 años sin cargas familiares, porque entienden que la edad no es un motivo para que estos ciudadanos sean discriminados de la protección. Asimismo, abogan por hacer compatible el tener un empleo -sea del tipo que sea- con seguir percibiendo el 100% de este subsidio durante 45 días, algo que actualmente está limitado a tener un contrato temporal, de formación o beca con la que se perciba menos del 75% del SMI. Y niega rotundamente que se vaya a retrasar la edad de acceso al subsidio de más de 52 años, como aseguran que ha planteado el departamento de Asuntos Económicos.
La salida de Nadia Calviño, en el aire
Junto a la solicitud del cuarto pago, el equipo de la vicepresidenta primera trabaja para conseguir un acuerdo a nivel europeo sobre la reforma de las reglas fiscales. La meta es lograr un pacto en la cena de trabajo convocada el próximo 7 de diciembre, previa a la reunión de ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) que se celebra el día siguiente en Bruselas. A lo largo de esa jornada Calviño podría ser designada presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), si su candidatura se impone, finalmente, a la de la danesa Margrethe Vestager, ex comisaria de Competencia y otra de las grandes favoritas. La elegida sucederá al alemán Werner Hoyer al frente del brazo financiero de la Unión Europea.
