A cuenta de sus pagos por IVA

RTVE busca asesor fiscal para sortear la multa millonaria que le exige Hacienda

La corporación pública abre un proceso para contratar un despacho especializado en IVA y procedimiento tributario en pleno pulso con la Agencia por dos reclamaciones fiscales por un monto de 250 millones.

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La administradora única provisional de TVE, Rosa María Mateo.
EFE

Una propuesta de liquidación de 177 millones de euros en parte por no reintegrar a la Hacienda Pública el IVA correspondiente a las subvenciones por servicio público percibidas de los presupuestos del estado en los ejercicios de 2015 y 2016 y en parte por aplicarse en esos mismos ejercicios de forma improcedente deducciones en ese mismo impuesto. Otra de 73,4 millones de euros por esos mismos conceptos, pero referidos al periodo enero-septiembre del año 2017. En total, 250 millones de euros en impuestos, pendientes de lo que resuelva el Tribunal Económico Administrativo-Central en los dos litigios que la Corporación RTVE mantiene abiertos con la Agencia Tributaria por sus discrepancias de criterio en torno al modo en que la empresa pública se aplicó el IVA en los ejercicios que van de 2015 a 2017.

Las expectativas de RTVE en el caso no son favorables. El TEAC reafirmó el pasado 22 de julio su criterio, ya aplicado en los contenciosos previos por las mismas causas en que se han visto implicadas la práctica totalidad de las televisiones autonómicas, de que las cantidades percibidas por las televisiones públicas en forma de subvención desde los presupuestos constituyen una contraprestación de servicios y están por tanto sujetas al IVA, como avanzó eldiario.es. El posicionamiento del tribunal administrativo augura una resolución desfavorable para los intereses de RTVE, pero el precedente de los casos anteriores que involucran a las autonómicas anuncia  que el asunto no se resolverá en el TEAC, sino en el Tribunal Supremo o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El horizonte de ese pulso judicial de largo aliento ha persuadido a la Corporación RTVE para 'armarse' ante la batalla y hace apenas unos días ha abierto un proceso de licitación para contratar un despacho de asesoramiento fiscal que le preste un servicio de consultoría permanente en materia tributaria, evalúe los posibles riesgos fiscales asociados a su actividad y apoye al departamento tributario de la casa en el planteamiento de reclamaciones y recursos de índole tributaria en vía administrativa y judicial. No se trata del primer contrato de esta naturaleza que licita la casa, que admite carencia de recursos para atender todas sus cuestiones fiscales, pero el perfil de especialización de los equipos que se exige en los pliegos da pistas sobre el interés de RTVE en los litigios pendientes asociados al IVA, según señalan fuentes tributarias.

El contrato plantea un servicio de asesoramiento tributario integral y detalla todos los posibles campos en que éste se puede desarrollar, pero a la hora de definir la especialización del equipo de trabajo acota las prioridades. RTVE quiere que el despacho en cuestión aporte un experto en IVA con al menos siete años de ejercicio y también profesionales especializados en procedimientos tributarios, fiscalidad audiovisual y de telecomunicaciones y fiscalidad internacional. Del mismo modo, el pliego define entre los servicios no incluidos en el contrato pero que RTVE podrá solicitar al despacho que resulte adjudicatario de manera expresa la "llevanza, tanto en la vía administrativa como contencioso-administrativa, de todos los procedimientos tributarios de revisión iniciados contra Corporación RTVE".

Según las últimas cuentas anuales publicada por la corporación pública, correspondientes al ejercicio de 2019, los únicos contenciosos fiscales que RTVE mantiene con la Hacienda Pública a cuenta de su desempeño fiscal son los relacionados con el engorroso devengo del IVA.

Un embrollo jurídico de consecuencias millonarias

La tributación del IVA por parte de las televisiones públicas se ha convertido en un embrollo jurídico de dimensiones extraordinarias, que mantiene en el aire cerca de 800 millones de euros en actas fiscales (550 millones por las causas en las que están implicadas las televisiones de la Forta y 250 millones extra de las de TVE) y cuya salida no se adivina en el corto plazo.

En el origen, una secuencia de cambios de criterio de tributación por parte del Ministerio de Hacienda que requieren una explicación detallada. En el año 2013, en plena campaña de búsqueda de recursos fiscales para paliar el déficit galopante del sector público español, la Agencia Tributaria inició una serie de actuaciones  inspectoras en el ámbito de las televisiones autonómicas públicas para comprobar el modo en que éstas cumplían con sus obligaciones en el IVA. El panorama que se encontró resultó caótico y desencadenó una ola de expedientes sancionadores.

En ese momento, el criterio al respecto de la Administración Tributaria era que la actividad de las televisiones autonómicas era dual: estaba por una parte su actividad comercial, asociada a los ingresos por publicidad, por comercialización de producción propia o por la prestación de servicios audiovisuales a terceros, que estaba sujeta a IVA y por tanto era deducible; y por otra la vinculada a su condición de servicio público, por la que los medios de comunicación públicos recibían una subvención de los presupuestos, no sujeta a IVA y, por tanto, no deducible. Hacienda se encontró con que las televisiones se deducían el IVA abonado por la adquisición de bienes y servicios asociados a la prestación de su servicio público y actuó. Ahí se generaron la mayoría de las controversias con las autonómicas.

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la modificación de la Ley del IVA y se introdujo un nuevo criterio en relación al asunto de las televisiones públicas. Se establece que toda la actividad de las televisiones es comercial y, por tanto, sujeta a IVA. La subvención presupuestaria que reciben de los gobiernos de los que dependen pasa a devengar IVA y se encarece un 21%. Las autonomías, ya agobiados por los recortes presupuestarios, rechazan este criterio que encarece enormemente la prestación de sus servicios audiovisuales y eso genera otra ola de expedientes de la Inspección.

El embrollo adquiere la dimensión de problema político y genera protestas y presiones de los gobiernos autonómicos al Ministerio de Hacienda, que acaba reimplantando el modelo dual original en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017. Para entonces, las televisiones públicas arrastran ya unas deudas tributarias millonarias a cuenta del IVA que a día de hoy aún están pendientes de una resolución definitiva.

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