El último Consejo de Ministros del año 2020 aprobó una "prórroga del Salario Mínimo Interprofesional" para 2021 o, lo que es lo mismo, mantuvo congelada su cuantía en 950 euros mensuales. La oposición frontal de la patronal a una subida del SMI en plena crisis provocada por la pandemia impidió que el diálogo social fructificase y el Gobierno, en un movimiento liderado por la vicepresidenta económica Nadia Calviño y contra la voluntad de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, decidió postergar la decisión hasta mediados de 2021, una vez finalizado el estado de alarma. El momento ha llegado y el Ejecutivo se prepara ya para dar este paso en verano, según ha podido saber La Información por fuentes gubernamentales.
Calviño y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convinieron a finales del año pasado en otorgar ese derecho de veto a la CEOE, contra el criterio de sus socios de coalición, que se alinearon con los sindicatos para presionar por un incremento, aunque fuera simbólico. Díaz fracasó en su empeño y se comprometió a abordar las opciones en la mesa de diálogo social en los primeros compases del año, algo que, cuando se acerca el ecuador del ejercicio, aún no ha sucedido. Entre bambalinas, la entonces ministra y ahora vicepresidenta tercera arrancó a Sánchez el compromiso de retomar el asunto en junio, y en ningún caso abandonar la intención de subir el SMI en 2021, aunque fuera para la segunda mitad del año.
Con ese objetivo, y para tener un respaldo sólido de cara a nuevas negociaciones, Díaz constituyó un grupo de expertos integrado por miembros de los ministerios de Trabajo, Asuntos Económicos y Hacienda, representantes de los agentes sociales -sin presencia de CEOE y Cepyme- y profesionales académicos, con la misión de determinar la ruta para la subida progresiva del SMI hasta alcanzar, a final de legislatura, el 60% del salario medio. Pues bien, este comité está a punto de finalizar sus trabajos. De hecho, según adelantó este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, podrían presentar el informe final este mismo mes.
La intención del Ministerio de Trabajo es, a partir de las conclusiones de los expertos, reabrir la negociación con la patronal y los sindicatos para acordar una subida del SMI para lo que queda de año. En el departamento de Yolanda Díaz siguen confiando en alcanzar un acuerdo tripartito con la patronal y los sindicatos, pero lo cierto es que el incremento del salario mínimo es potestad exclusiva del Gobierno y la consulta a los agentes sociales es preceptiva por ley, pero no vinculante. En cualquier caso, la Titular de Trabajo quiere iniciar estos trámites cuanto antes, para poder alumbrar un nuevo impulso del SMI este mismo verano, con o sin consenso con la CEOE, una pretensión respaldada por Pedro Sánchez, según revelan fuentes gubernamentales.
Pero todo apunta a que este plan será rechazado por la patronal. Fuentes empresariales consultadas al respecto indican que "hablar ahora de una cuestión que se debe abordar a finales de año sin saber qué ocurrirá entre medias es prematuro". Con estas palabras, rechazan emprender una nueva negociación para subir el SMI en verano, aunque se abren, eso sí, a entrar a las conversaciones de cara a determinar un eventual aumento para 2022. Hay que recordar que tanto CEOE como Cepyme declinaron participar en los trabajos del comité de expertos de Díaz y, por tanto, las conclusiones en las que se va a basar el Ministerio para determinar la nueva subida no son compartidas por las organizaciones empresariales.
Respecto al área económica del Gobierno, liderada por Calviño, que inicialmente torpedeó el intento de Díaz de aprobar un incremento para su entrada en vigor ya desde el 1 de enero, a estas alturas de la crisis sí estarían dispuestos a valorar el asunto. La ministra de Asuntos Económicos dejó dicho a principios de año que el punto de referencia para decidir la subida del SMI sería el fin del estado de alarma, hito que sucedió el pasado 9 de mayo; pero más importante aún, la decisión vendría marcada por la situación económica. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, se sumó entonces a ese planteamiento y abogó por esperar al segundo semestre del año, para cuando estaba prevista una recuperación vigorosa.
El momento ha llegado y los indicadores macroeconómicos, en especial los del mercado laboral, apuntan a una recuperación potente en los próximos meses. Por ese motivo, aunque la patronal se mantenga en sus trece, en esta ocasión sí podría haber unanimidad en el seno del Gobierno para abordar la medida en el Consejo de Ministros, aunque fuera con un pacto bipartito con las organizaciones sindicales. A esto se suma la "total sintonía" de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz como interlocutora de Unidas Podemos en el Ejecutivo, según lo definen fuentes de Moncloa. No en vano, se trata de un compromiso asumido en el acuerdo de coalición: equiparar el SMI al 60% de la media salarial, como fija la Carta Social Europea, al final de la legislatura.
El grupo de expertos
Primero, eso sí, los expertos tendrán que poner sobre la mesa sus conclusiones, algo que sucederá en los próximos días. "Han hecho un trabajo extraordinario, con un nivel de rigor científico muy importante", aseguraba este miércoles el secretario de Estado de Empleo. "Ha llevado mucho tiempo y análisis, no precisamente sencillos y que se abordan por primera vez", resaltaba Pérez Rey en rueda de prensa para presentar los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo.
¿Quiénes son los expertos? Por la parte de profesionales académicos, estuvo el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas, que abandonó el comité cuando tomó posesión como presidente del CES hace tres semanas; la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares Olga Cantó; el exprofesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid José Ignacio Pérez Infante; el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca Rafael Muñoz de Bustillo; la profesora de Economía de la UAH Inmaculada Cebrián López; la catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica, y Gemma Galdón Clavell, miembro del departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Por parte de los agentes sociales forman parte de este grupo de expertos María Jesús Cedrún (UGT) y Carlos Martín (CCOO), toda vez que CEOE y Cepyme declinaron participar, mientras que en representación del Gobierno están Manuel Lago (Ministerio de Trabajo), César Veloso (Hacienda) y Carlos Cuerpo Caballero (Asuntos Económicos).
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