La escalada que están experimentando los precios a medida que la economía se va recuperando de la pandemia ha reabierto el debate sobre si los acusados repuntes recientes del IPC derivarán en un incremento de la inflación sostenido en el tiempo que obligue a endurecer eventualmente la política monetaria. Pero el efecto más palpable se siente ya en los bolsillos de cerca de 16 millones de ciudadanos que están perdiendo poder adquisitivo a medida que van pasando los meses. Se trata de colectivos como los pensionistas, los funcionarios o los trabajadores cubiertos por convenios, que en todos los casos han visto subir sus nóminas en este ejercicio menos de lo que lo están haciendo los precios en lo que va de año.
Para empezar, la subida salarial media pactada en convenio cerró el pasado mes de abril -último dato disponible- en el 1,55%, por debajo de la tasa anual del IPC de ese mes, que se situó en el 2,2%. La afectación no es baladí, pues los cerca de 2.000 convenios registrados en los cuarto primeros meses de 2021 daban amparo a más de cuatro millones de trabajadores (4,15 millones de personas, según los registros del Ministerio de Trabajo) y la mayoría de ellos no tienen garantizado su poder adquisitivo porque sus convenios no recogen una cláusula de garantía salarial que obligue a revisar las nóminas al alza en caso de que la inflación sea superior a la subida salarial inicial para compensar la diferencia.
En mayo la inflación ha seguido en subida libre, hasta el 2,7%, la mayor tasa anual registrada en los últimos cuatro años, y la brecha con otro colectivo se ha agrandado considerablemente. Se trata de los funcionarios, que son en total unos 2,6 millones de empleados, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Después de un año de pandemia en el que el IPC se desplomó a tasas negativas, el Gobierno aprobó un incremento de las nóminas de los empleados públicos del 0,9% para 2021, en línea con la inflación esperada, pero la subida de sueldo se ha quedado corta, ya que las previsiones de los expertos, como el panel de analistas de Funcas, apuntan a un IPC medio anual del 1,6% este ejercicio.
En una situación similar respecto a la merma de capacidad de compra actual se encuentran los cerca de 9 millones de pensionistas del sistema de la Seguridad Social, que también vieron revalorizada su pensión en un 0,9% este año. Aunque con un matiz importante: el Gobierno se ha comprometido a compensar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo en estos momentos en una paguilla extra que se abonará a principios de 2022. Así se lo ha comunicado a la Comisión Europea, donde también ha informado de que, a partir del próximo año, las pensiones quedarán ligadas al IPC por ley. Dos decisiones que, conjuntamente, supondrán una factura millonaria para la Seguridad Social, tal y como se detalló en estas páginas.
Pensionistas, funcionarios y trabajadores cubiertos bajo el paraguas de los convenios colectivos, son los perdedores de la escalada de la inflación. Si la parálisis de la actividad económica causada por la pandemia provocó un desplome del coste de la vida que hizo ganar poder adquisitivo a estos grupos el año pasado, ahora el repunte del IPC ligado a la reactivación está perjudicando a sus bolsillos. Tanto pensionistas como funcionarios están perdiendo 1,8 puntos de capacidad de compra a estas alturas del ejercicio, merma que podría quedarse en 0,7 puntos al cierre del año, de cumplirse las previsiones de Funcas; mientras los asalariados en convenio se están dejando 1,2 puntos, aunque podrían quedar en tablas en los próximos meses.
En el caso de los pensionistas, el Gobierno se ha comprometido a compensarles, pero ni funcionarios ni asalariados disponen de salvaguarda. Eso sí, el Ejecutivo le ha trasladado a Bruselas que va a subir tanto las pensiones como el sueldo de los empleados públicos en línea con la evolución de los precios, al menos, hasta el año 2024. Esto garantizaría su capacidad de compra durante los próximos tres ejercicios y compensaría a dos colectivos que sufrieron importantes recortes durante la crisis anterior, si bien en los años siguientes experimentaron mejoras retributivas muy superiores a las del sector privado (especialmente en el caso de los funcionarios, que en 2018, 2019 y 2020 tuvieron alzas superiores al 2%).
Respecto a los trabajadores con convenio colectivo, conviene hacer algunos matices. Las estadísticas de Trabajo reflejan que hasta abril de 2021 había 4,16 millones de trabajadores por cuenta ajena cubiertos por 1.989 convenios con efectos económicos este año, que han tenido una subida salarial media del 1,55% hasta ahora. Sin embargo, no todos han visto incrementados sus sueldos en ese porcentaje, ya que habría que descontar a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), cuya pérdida de poder adquisitivo sería incluso superior, y a los que hubieran sido despedidos y cuyas extinciones de relaciones laborales no se hayan comunicado oficialmente al registro de convenios.
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