La información sobre la evolución del mercado laboral que acaba de hacer pública el Ministerio de Trabajo deja varios datos preocupantes. Entre ellos, que las empresas registraron 1.764.837 contratos durante los 31 días del mes de enero de 2020, un 5% menos que en el mismo periodo de 2019. Un desplome que no se daba en un inicio de año desde 2012, cuando España estaba inmersa en la fase más dura de la crisis económica, y que coincide con un momento marcado por la incertidumbre en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el consecuente incremento de los costes laborales para las empresas.
La inseguridad es mala compañera de los negocios. Así lo advierten desde círculos empresariales que recuerdan que tanto el cierre de 2019 como el inicio de 2020 han estado muy condicionados por las dudas sobre el SMI. "No hay que olvidar que a finales del año pasado se estaba hablando de que el salario mínimo podría subir hasta los 1.000 euros mensuales y no ha sido hasta mediados de enero cuando el Gobierno ha anunciado la cifra de los 950 euros", comenta una fuente de la patronal CEOE.
Otras fuentes recuerdan también que se desconocía si la subida del SMI del 5,5% a la que da luz verde hoy el Consejo de Ministros iba a entrar en vigor desde el momento de su aprobación o con carácter retroactivo a 1 de enero, como finalmente se ha determinado. "Todas estas dudas se han dejado sentir en las decisiones de contratación", matizan.
Y es que la subida, aunque finalmente ha sido inferior de lo que se podía esperar durante las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la configuración del Gobierno de coalición, no es baladí para las empresas. Según los datos recopilados por las principales organizaciones empresariales del país para La Información el coste de contratar a un empleado que cobre el salario mínimo se incrementa en 1.000 euros anuales con un SMI de 950 euros respecto al anterior de 900 euros, teniendo en cuenta el encarecimiento de las cotizaciones sociales.
Los empresarios, no obstante, no han podido echar estas cuentas hasta el pasado 22 de febrero, cuando el Ejecutivo anunció el incremento final pactado con los agentes sociales. Ahora, una vez se publique el real decreto de subida del SMI en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las compañías se verán obligadas a aplicarlo con efectos desde el 1 de enero, incluso para aquellos contratos que ya hayan finalizado. Es decir, deberán volver a darlos de alta, abonar la diferencia en salarios y cotizar por ellos a la Seguridad Social, y darles de baja de nuevo.
Todas estas incógnitas se tuvieron en cuenta y mucho a la hora de contratar personal durante el mes de enero. Prueba de ello es que el total de contratos firmados pasó a 1.764.837 desde los de 1.858.077 de hace un año. Una caída de algo más del 5% que resulta llamativa porque incluso en enero de 2019, cuando entró en vigor la mayor subida del SMI de la democracia (22,3%) la contratación creció más de un 6% anual. La diferencia es que entonces los empresarios conocían la nueva cuantía de los 900 euros con anterioridad al cierre del año, lo que les permitió más margen a la hora de calcular y encajar el coste en el apartado de personal.
También hay que tener en cuenta que el ritmo de crecimiento de la economía española se ha venido ralentizando especialmente en el último año y la desaceleración se deja sentir en los datos globales. Y es que si hace exactamente un año, en enero de 2019, el paro se reducía a un ritmo anual del 5,5% ahora lo hace a menos del 1%. Esto significa que el desempleo se ha reducido en solo 31.903 personas en los últimos 12 meses. Y en cuanto a la afiliación, si hace un año crecía casi al 3% anual ahora avanza a menos del 2%, lo que implica que se pasa de crear más de medio millón de empleos en un ejercicio a menos de 350.000 (en concreto, 345.194).
Desde el Gobierno, no obstante, se desligan los incrementos del salario mínimo de la ralentización del mercado laboral. Al menos, en público. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha negado por activa y por pasiva cualquier daño que esta medida pudiera suponer para el empleo, incluido el sector agrario. Pero el propio Ejecutivo reconoce en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del proyecto de real decreto del SMI que el fuerte incremento de 2019 ya ha afectado negativamente al mercado laboral de comunidades autónomas especialmente vinculadas a las actividades agrícolas como Castilla-La Mancha y Extremadura, así como que los eventuales efectos negativos se concentran en colectivos especialmente vulnerables como trabajadores con salarios bajos, jóvenes o empleados con baja cualificación.
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