El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido marcar el retorno a la actividad tras las fiestas navideñas como se fue: agarrándose a sus Presupuestos Generales del Estado para 2019 más allá de que la aritmética parlamentaria le permita en estos momentos tener el apoyo suficiente para sacarlos adelante. De momento, los llevará a Consejo de Ministros este mismo viernes y adelanta que continuará con su idea de la "fiscalidad progresiva" para ahondar en el horizonte 2030 de la "justicia social". Es decir, pagarán más al Fisco los que más tienen... y eso incluye a las grandes empresas.
En una entrevista difundida por la Agencia Efe este martes, Sánchez ha explicado: "El Gobierno de España el próximo 11 de enero va a aprobar sus presupuestos en el Consejo de Ministros. El objetivo es avanzar, que España continúe avanzando en la consolidación fiscal, en la cohesión social, en la dignidad laboral, creación de empleo y modernización de nuestra economía. En todo esto tenemos como objetivo fundamental la cohesión social y territorial. Nosotros no queremos que la clase media y trabajadora pague más impuestos, pero sí creemos que es importante en nuestro país abrir un debate que trasciende nuestras fronteras, que entra de lleno también en la UE, que es la de la fiscalidad progresiva. ¿Es progresivo, es justo desde el punto de vista fiscal que haya grandes corporaciones en nuestro país que paguen menos impuestos que las pequeñas o medianas empresas? A juicio del Gobierno, no".
Tras esta respuesta y preguntado cómo se recogerá eso en el proyecto presupuestario, Sánchez tampoco entra en mayor detalle y replica que será a través "reales decretos leyes que se van lógicamente a convalidar y a tramitar en el Congreso de los Diputados en paralelo a los presupuestos generales del Estado". Es decir que, como ya ha hecho con medidas como el aumento del Salario Mínimo o la subida de las pensiones y de los funcionarios, no va a detenerse en su acción de Gobierno en función de si los Presupuestos cuentan con el beneplácito de la Cámara. Cree que es más sencillo ganarse los apoyos decreto a decreto.
Ya directamente en el plano de los posibles apoyos, el jefe del Ejecutivo ha querido desvincular las cuentas económicas de la política pura y dura: "Una cosa es la negociación de los presupuestos y otra es la resolución de la crisis política en Cataluña. En la negociación de los presupuestos nosotros vamos a hacer una propuesta para el conjunto del país. Nuestra aspiración es unir a los españoles, no enfrentarlos, y eso significa reforzar la cohesión social y territorial. También va a haber lógicamente para comunidades autónomas como Cataluña una importante inversión territorial que va a estar planteada en ese proyecto de presupuestos. Después de diez años de crisis política en Cataluña tanto el independentismo como el constitucionalismo tenemos que tener claras varias cosas".
"El independentismo tiene que tener claro que no cuenta con mayoría social, que ha votado en más de cinco ocasiones desde 2014 y que nunca ha habido una mayoría social en favor de la independencia en Cataluña y en segundo lugar, que quebrar la Constitución es no solo salirse de España desde el punto de vista jurídico, sino también de Europa y, por la parte del constitucionalismo, tenemos que ser muy conscientes de que Cataluña cuenta con un Estatuto que ellos no votaron, y este problema de legitimidad tenemos que resolverlo. Y se tiene que resolver también en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creo que con diálogo, con respeto a la Constitución podemos explorar una solución política que va a necesitar sosiego, calma y luces largas. Por eso yo separaría la negociación de los presupuestos de lo que puede ser la solución a la crisis política en Cataluña, porque la cadencia temporal es completamente distinta", ha explicado Sánchez.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo recupera su tesis favorita de por qué los soberanistas deberían apoyar sus cuentas: "Hay una cosa que sí garantizaría la aprobación general de los presupuestos, y es la estabilidad que necesita Cataluña y España para resolver muchos de estos problemas que en estos últimos siete años en la administración conservadora no se han resulto y que tienen que ver con la desigualdad, la precariedad laboral y la reconstrucción y recuperación de derechos y libertades".
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