La negociación con la oposición del plan nacional contra el impacto económico de la guerra quedó en manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y de las tres vicepresidentas: Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera. Sin embargo, y aunque las medidas fiscales están sobre la mesa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por no incluir a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en ese comité de representación del Gobierno. El ministro y las vicepresidentas ya se ha reunido con el Partido Popular, con Ciudadanos, con Esquerra Republicana y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), formaciones a las que Sánchez espera convencer de la necesidad de poner en marcha medidas que frenen la escalada de precios.
No será hasta este lunes, ya en el tiempo de descuento y en una segunda ronda de reuniones con los agentes sociales y las comunidades autónomas cuando la titular de Hacienda se incorpore a las conversaciones. Fuentes cercanas al Ejecutivo cuestionan que Montero no haya estado desde el principio en la negociación, y más cuando fue de las primeras en pronunciarse acerca de las medidas que el Gobierno podría poner en marcha para paliar la inflación y el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. La ministra de Hacienda abrió la puerta a revisar la fiscalidad de estos productos pero más tarde redirigió su discurso y señaló que había varias posibilidades, sin necesidad de recurrir a los impuestos.
Sánchez optó por elegir a la cúpula del Gobierno para negociar con la oposición, en lugar de elegir a todas las carteras económicas. No obstante, fuentes del ministerio de Asuntos Económicos, añaden que "todo el Gobierno está comprometido" con el plan de choque contra las consecuencias de la guerra de Ucrania. Las mismas fuentes apuntan que después de la reunión del Consejo Europeo, Moncloa tendrá en cuenta a todos los departamentos para plantear medidas económicas. Desde Hacienda quitan hierro al asunto y subrayan que Montero "está trabajando" como todo el Ejecutivo y que formará parte de las decisiones que se tomen.
El plan, sin embargo, no está concretado. Tal como ha venido publicando este periódico, el Gobierno no quiere hablar de medidas concretas hasta conocer si el resto de países europeos secundan la iniciativa española para desacoplar el gas de la electricidad en el mercado mayorista. Sí se ha planteado la posibilidad de crear cheques directos para amortiguar el impacto económico para las familias en situación de vulnerabilidad, sin definir cuantías o requisitos. En la misma línea, el Ejecutivo estaría estudiando bajadas fiscales para sectores especialmente afectados por la crisis energética, igualmente, sin precisar sobre qué tributos.
Por el momento, y sin que Montero haya entrado en la ronda de conversaciones, estaría descartada una rebaja general del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre los carburantes. Esta medida tendría beneficios sin distinguir entre rentas, algo que fuentes del Gobierno consideran "poco progresista". Además, llevar a cabo este recorte tendría un impacto significativo en las arcas públicas, de hasta 3.900 millones de euros si se optase por incluir la gasolina y el diésel en el grupo de productos con tipo reducido del 10%, una decisión que España tendría que consultar con la Comisión Europea, en cualquier caso.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó la posibilidad de crear un impuesto extraordinario para las eléctricas. Díaz se refirió en concreto a Iberdrola, Endesa y Naturgy y justificó que "han incrementado del 2020 a 2021 un 47% sus beneficios antes de impuestos". "Creo que tienen que contribuir en esta crisis", añadió. En esta línea, Montero añadió que hay distintas formas de abordar este asunto y criticó que la “fiscalidad no es la varita mágica que lo arregla todo”. "Esto es una cuestión de ver qué medidas son las más eficaces para impedir que el mercado las absorba", indicó Montero, cerrando la puerta a una eventual rebaja fiscal generalizada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el próximo 29 de marzo se aprobará un plan nacional que haga frente a la crisis de precios que sufre el país y que ha agravado la invasión de Rusia. En las conversaciones con los grupos políticos, los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas, Sánchez busca facilitar el recorrido del real decreto que aprobará el equipo de Gobierno. No obstante, entre la reunión del Consejo Europeo y la aprobación de la norma apenas quedará margen para acordar con la oposición o los agentes sociales medidas concretas. Por ello, desde Ciudadanos critican que Moncloa está buscando "una foto" y no "un acuerdo" con estas conversaciones.
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