División en el seno del Gobierno por la velocidad a la que debe ponerse en marcha el plan de choque para paliar el impacto de la guerra rusa sobre la economía española. Pedro Sánchez quiere esperar a las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra los días 24 y 25 de marzo para terminar de cerrar el paquete de medidas que pretende llevar al Consejo de Ministros el día 29. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz considera que es urgente desplegar cuanto antes un salvavidas económico que evite la pérdida de empleo y tejido productivo, así como la merma de salarios, porque el tiempo es clave para mitigar el golpe de la crisis y, cuanto antes se pongan en marcha las medidas, menos intensas y duraderas serán sus consecuencias.
La historia se repite. Dos años después del estallido de la pandemia, Yolanda Díaz vuelve a adelantarse a los acontecimientos. Hay que recordar que, antes incluso de que Sánchez decretase el estado de alarma en marzo de 2020, la entonces ministra de Trabajo lanzó una polémica guía de actuación que llamaba a la paralización de la actividad empresarial por decisión de los trabajadores ante el riesgo de contagio. El tiempo le acabó dando la razón. Ahora, la vicepresidenta está presionando en el seno del Gobierno para acelerar la puesta en marcha del plan nacional de respuesta al impacto económico y social de la guerra, avanzando en su diseño y adelantando los trabajos al margen de lo que vaya a decir la UE la próxima semana.
Al igual que al inicio de la pandemia los socios de Unidas Podemos, liderados entonces por Pablo Iglesias, presionaron al PSOE para la activación rápida del escudo social, en esta ocasión es Yolanda Díaz la que está ejerciendo esa presión. La vicepresidenta defiende la tesis de que el tiempo es clave en este tipo de situaciones y, cuanto antes se adopten medidas, menor será el impacto económico. El diagnóstico que hace de los efectos que puede causar la guerra sobre la economía española y el mercado laboral patrio choca con el relativo optimismo que mantiene la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Para Díaz, los efectos de la crisis energética internacional provocada por la invasión rusa van a ser significativos en nuestro país en términos económicos y de empleo y sus consecuencias sobre la sociedad española van a ser graves y duraderas, según alertó este miércoles ante medio centenar de economistas convocados motu proprio para debatir soluciones urgentes.
"Estamos asistiendo a un shock de oferta negativo que va a causar ralentizaciones en el propio proceso económico, pero demás, la subida disparada de la inflación, que tiene carácter antecedente, está operando desde hace tiempo en España", advirtió durante el acto celebrado en la Biblioteca Nacional. Ante este escenario, Díaz avisó de que "los efectos de esta injusta guerra y sus consecuencias económicas y sociales se van a extender en el tiempo" y se mostró decidida a "actuar con determinación", porque "el tiempo es clave en la toma de medidas". En este sentido, frente al plazo de dos semanas que se ha dado Sánchez para aprobar el plan nacional de respuesta al impacto económico de la guerra, la vicepresidenta apostó por avanzar medidas con carácter urgente para "proteger el empleo, el tejido productivo y los salarios" y evitar una debacle de mayor calado.
Ofensiva contra las eléctricas
Fuentes gubernamentales confirman a La Información que la vicepresidenta segunda está trasladando esa presión en el seno del Gobierno y, en particular, a Pedro Sánchez, a quien ha pedido celeridad. Pero el presidente se ha marcado el calendario y es inamovible: el 24 y 25 de marzo, Consejo Europeo, y el día 29, Consejo de Ministros. En esta misión, Díaz está alineada con Ione Belarra y el resto de ministerios del área de Unidas Podemos, que, tras las diferencias iniciales por el envío directo de armas a la resistencia ucraniana, han consensuado en un documento una batería de medidas de emergencia para paliar el impacto socioeconómico del conflicto bélico en la sociedad española. El planteamiento pasa por desplegar un nuevo escudo social y prorrogar parte del esquema pandémico ante la escalada de los precios energéticos, empleando, para ello, recursos económicos procedentes de los excesivos beneficios de las grandes empresas eléctricas del país.
Entre tanto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y las tres vicepresidentas del Gobierno, Calviño, la propia Díaz y Teresa Ribera, han comenzado las reuniones con los grupos políticos para buscar acuerdos sobre el plan de choque contra las consecuencias de la guerra que aprobará el Consejo de Ministros el 29 de marzo. Según ha podido saber La Información, los miembros del Ejecutivo han puesto sobre la mesa bajadas de impuestos al gas, la electricidad y los carburantes y también bonos directos a consumidores vulnerables. Pero la oposición echa en falta una mayor concreción por parte del Gobierno respecto a estas medidas y algunos grupos, como Ciudadanos, han coincidido con Díaz en la necesidad de poner en marcha el plan con carácter inmediato, tal y como están haciendo países europeos como Francia, Portugal, Polonia o Irlanda.
Díaz respeta el calendario establecido por el presidente del Gobierno, pero está insistiendo sobre la necesidad de avanzar los trabajos a nivel interno para poder desplegar las medidas con celeridad en cuanto España cuente con el visto bueno de Bruselas a parte del paquete de choque. Mientras tanto, la vicepresidenta se ha adelantado poniendo en marcha algunas de las medidas que dependen de su departamento, como el mecanismo RED (la nueva herramienta de flexibilidad interna para empresas en situación de crisis cíclica o sectorial). El Consejo de Ministros ha dado luz verde al procedimiento para que las empresas puedan solicitarlo, si bien el reglamento no estará completamente desarrollado hasta final de mes, porque falta, principalmente, el fondo de financiación. Díaz lo ha vendido, igualmente, como una manera de adelantarse a las consecuencias de la crisis poniendo este mecanismo a disposición del tejido productivo.
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