Los trabajadores de Renfe y Adif han decidido convocar cinco días de huelga (el 24 y 30 de noviembre, así como el 1, 4 y 5 de diciembre) tras conocer el acuerdo firmado por PSOE y ERC en el marco de las negociaciones para la investidura. En el texto se compromete el traspaso de la competencia del servicio de cercanías catalán, Rodalies, a la Generalitat lo que los empleados de ambas compañías perciben como un problema que se se suma a la "privatización encubierta de la sociedad Renfe Mercancías". Los comités de las dos empresas públicas no se oponen frontalmente a la transferencia de la gestión a las comunidades autónomas, pero sí a que esto se traduzca en una subrogación de los trabajadores, ya que no quieren perder su vinculación con las compañías.
"Los trabajadores quieren seguir perteneciendo a sus empresas. Entonces, no nos oponemos al traspaso de competencias a la Generalitat, sino a que esto se traduzca en una segregación de las empresas públicas. Entendemos que tiene que haber unas figuras jurídicas suficientes como para que esa posible creación de una empresa pública compartida por la Generalitat y el Ministerio de Transportes no suponga que los trabajadores y trabajadoras tanto de Renfe como de Adif se desliguen" ha defendido la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Paz. "Estaríamos dispuestos a entrar en una negociación que contemple esta premisa, pero hablamos de trabajadores, no de infraestructuras", ha matizado.
Los representantes de SEMAF, UGT, CCOO, CGT , SF y SCF han asegurado que esta situación afecta a la totalidad de empleados a nivel nacional, es decir, a la plantilla de unas 30.000 personas, puesto que este podría ser el primer paso de más traspasos a otras comunidades autónomas. De hecho, el partido encabezado por Pedro Sánchez también se ha comprometido a estudiar su viabilidad en el caso de Galicia dentro del acuerdo cerrado con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Si bien, en el ámbito de Cataluña habría unos 4.000 trabajadores afectados -unos 2.500 de Renfe y otros 1.500 de Adif-.
Primer contacto con el Ministerio de Transportes
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de Raquel Sánchez citó este lunes a los tres sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y SEMAF) por separado, según ha podido saber este medio. Un encuentro en el que los presentes en una de las conversaciones admiten que apreciaron una voluntad de negociación por parte del Ejecutivo en funciones, que recordó que el acuerdo con ERC era solo el primer paso de lo que tendría que ser un extenso proceso de negociación. Los sindicatos quieren formar parte de este proceso, por eso han convocado paros con la intención de llegar a un acuerdo y por el momento, descartan recurrir a la vía judicial.
No obstante, los sindicatos no convocados no comparten esta percepción. "Las informaciones que hemos tenido hasta el momento no son muy buenas, se va a intentar si desde el Gobierno hay esa voluntad de negociar" respondía el coordinador del Sindicato de Circulación Ferroviaria, José Carlos Gutiérrez, al ser preguntado por la posibilidad de desconvocar las movilizaciones. Si bien, todos coinciden en la necesidad de que se les aporte más información sobre cuáles van a ser los siguientes pasos. "El problema es que no tenemos nada encima de la mesa que especifique cómo va a ser el futuro de la empresa pública" reprochaba el portavoz de SEMAF, Diego Martín.
PSOE y ERC no abordan los problemas técnicos
Los eventuales socios de gobierno pactaron "culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalitat de Catalunya, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de Rodalies de Catalunya" un punto que concretaron en dos anexos, pero que no ha despejado las dudas de los trabajadores de las compañías públicas. Parte de sus condiciones laborales están blindadas por la normativa aplicable a todos los trabajadores, pero otros puntos como los procesos de jubilación y renovación de plantillas están establecidos en acuerdos de empresa, convenios concretos que perderían su vigencia en el caso de que fueran subrogados a otras compañías.
Los representantes de los trabajadores han reprochado que se haya llegado a este acuerdo a nivel político sin reparar en los problemas técnicos y prácticos que esta transferencia puede conllevar. Además, han reprochado que el mero traspaso de las competencias no va a solucionar los problemas que presenta el servicio de Rodalies que frecuentemente protagoniza retrasos en sus viajes. "Esto no arregla los problemas que están sufriendo todos los módulos. ¿Por qué los trenes no salen a funcionar en condiciones? Porque no tenemos repuestos para hacerlo. Esto no se soluciona poniendo el nombre de Pere Aragonès, en lugar del de Sánchez" ha reprochado el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero.
Por el momento, no se han establecido servicios mínimos en los viajes prestados por Renfe y Adif para los días en los que se han convocado paros de 24 horas, dado que los representantes de los trabajadores deben iniciar una negociación al efecto con las empresas. Además, existe la posibilidad de que la huelga se desconvoque antes de ponerse en práctica, al menos alguno de los días fijados en calendario, puesto que en los próximos días la prioridad de los socialistas seguirá siendo cerrar los apoyos para que Pedro Sánchez sea investido y no el aterrizar los acuerdos a los que han llegado con las diferentes fuerzas parlamentarias.
