Son múltiples las incógnitas que abre el anuncio de la cesión del servicio ferroviario de Rodalies de Cataluña. El acuerdo al que habrían llegado PSOE y ERC contempla un "traspaso integral" del sistema, incluyendo "vías, trenes y recursos" de la marca con la que hasta ahora Renfe opera las Cercanías y los Regionales que circulan por la comunidad autónoma. A la espera de que se hagan públicos los detalles del pacto, lo único que ha desvelado la formación soberanista es que esta cesión se producirá "por fases" con inversiones comprometidas por 6.346 millones hasta el año 2030. Según el pacto, para orquestar la alianza se creará una empresa de capital público, Rodalies Catalunya, compartido entre el Estado y la Generalitat donde se integrarán todos los activos y cuya presidencia será designada por el gobierno catalán. El traspaso total se efectuará a lo largo de la legislatura, según consta en el pacto entre el PSOE y ERC publicado este jueves.
Las formaciones independentistas siempre habían defendido la cesión completa del sistema ferroviario que circula por Cataluña, tanto la red convencional como la de alta velocidad, lo que conllevará cambios legales importantes. Si hablamos específicamente del Rodalies, las vías por las que circulan los trenes con los que se presta este servicio forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), una figura jurídica que ampara a todas las infraestructuras ferroviarias esenciales para "garantizar un sistema común de transporte en todo el territorio del Estado", según la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario.
Las dificultades de seccionar la infraestructura
Por los 1.120 kilómetros de vías convencionales catalanas circulan trenes de Media Distancia, algunos servicios de Larga Distancia e innumerables servicios de mercancías, muchos de ellos con destino Francia. La Ley contempla la inclusión o exclusión de infraestructuras "cuando razones de interés general así lo justifiquen" y previo informe de las autonomías afectadas.
De hecho, existen antecedentes con las redes de ancho métrico de Cataluña (1978), País Vasco (1979), Comunidad Valenciana (1986) y Mallorca (1994), que ahora prestan todas estas regiones a través de sus propias empresas ferroviarias. Pero esta red disponía de un ancho de vía distinto y tenía una extensión relativamente local, por lo que no estaba considerada de interés general, algo que facilitó su segregación.
La importancia de la RFIG no se limita a la movilidad de pasajeros y mercancías: esa definición de "interés general" lleva implícito un papel en la defensa de la nación. Aunque los tiempos en que el Ejército estaba estrechamente vinculado al tren ya pasaron, las fuerzas militares siguen contando con este medio de transporte para sus operaciones logísticas, con varios tráficos entre Madrid, Albacete y Zaragoza, además de tener habilitadas conexiones con puertos estratégicos.
Liberalización de las Cercanías en 2027
Cuestión aparte es la operación. Desde 2010, la Generalitat tiene cedida la gestión de las Rodalies, de modo que es el Departamento de Territorio el encargado de regular, planificar, coordinar y gestionar el servicio, decidiendo los trenes que circulan, sus horarios o los servicios a implantar. El servicio lo presta Renfe, en virtud de un Contrato-Programa firmado en 2010 que se renueva anualmente de forma tácita, pero el independentismo lleva años reclamando la prestación estos servicios a través su empresa pública de ferrocarriles, FGC.
Este contrato estará vigente, en principio, hasta el año 2027, cuando deberá suceder un cambio importante: España deberá comenzar a liberalizar los llamados "servicios públicos" de Cercanías, Regionales y Media Distancia. La apertura del mercado promovida desde las instituciones europeas obligarán al Estado a sacar a concurso estos servicios, algo que en países como Francia, Alemania o Italia se ha dejado en manos de las regiones. Esta fórmula, ampliamente extendida en Europa, es la que podría adoptar el futuro Gobierno para satisfacer las exigencias de las formaciones independentistas.
La propia Renfe ha puesto sus ojos en estos concursos para poder expandir su marca más allá de las fronteras españolas, habiendo optado ya a varios concursos en el país vecino, sin éxito. Allí, las regiones gestionan sus servicios (como ya hace Cataluña), pero también son propietarias de los trenes, algo que a priori debería entrar en el pacto sellado entre PSOE y ERC. A día de hoy, Rodalies es prestado con 271 trenes que se incrementarán en los próximos años, después de que el Ministerio autorizase la compra de 111 nuevas unidades para renovar la flota.
La financiación, el gran caballo de batalla
En el ámbito jurídico, Renfe tiene abierta una reclamación contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a los 81 millones de euros de impagos que acumuló la Generalitat en el periodo 2016-2019, correspondientes a mejoras impuestas por el gobierno catalán y de las cuales debe hacerse cargo. Recientemente, el TSJC falló a favor de la operadora, aunque el Govern anunció su intención de recurrir. A esto hay que sumar que, desde 2016, los sucesivos ejecutivos independentistas se han negado a firmar un nuevo Contrato-Programa. Así, Renfe sólo estaría cobrando las liquidaciones de los servicios públicos que considera el Estado, no los que le ha impuesto la administración regional, que continúa incrementando su deuda con la operadora.
A falta de conocer qué sucederá con esta deuda, el principio de acuerdo también contempla el traspaso de fondos estatales para que Cataluña financie el servicio. Las 200 estaciones de la red están gestionadas por Adif (94) y Renfe (106), que a priori deberán pasar a manos del gobierno catalán. El Estado, a través del Ministerio de Transportes, también tiene en marcha un importante número de obras en marcha en el marco del Plan Transformem Rodalies, que incluye grandes actuaciones como los soterramientos de L'Hospitalet de Llobregat por 1.000 millones de euros o Montcada i Reixac por 540 millones.
A eso hay que sumar duplicaciones de vía, reforma de estaciones o mejoras en los sistemas de circulación. Los cálculos del Ministerio de Transportes cifran en 2.224 millones de euros los que se han comprometido para Cataluña, primera autonomía en el ranking de inversión ferroviaria a nivel estatal. Muchas de estas obras continuarán una vez finalizada la legislatura, por lo que la cesión de estas infraestructuras tendrá que producirse pasado el año 2027.
