El Ministerio de Trabajo y Economía Social había citado este lunes a los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio de paro por primera vez desde que el voto en contra de Podemos tumbó el real decreto-ley en el que estaba integrada a inicios de enero. El encuentro concluyó sin grandes avances. El equipo de Yolanda Díaz se abrazó al texto publicado en el BOE como posición de partida, mientras que la patronal y los sindicatos reprodujeron las críticas que ya les habían hecho llegar en diciembre. Aunque, con el camino allanado para introducir mejoras para el trabajo a tiempo parcial, CCOO y UGT pusieron el foco en la necesidad de cambiar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) al que se vincula la ayuda.
"Para determinar la cuantía del subsidio es muy importante la negociación sobre el IPREM. No está en la mesa de negociación, se nos remite a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero la realidad es que el IPREM tiene una cuantía en términos reales un 14% inferior a cuando se implementó en 2004" reprochaba el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, tras la reunión. "Los subsidios por desempleo se han alejado demasiado de los umbrales de pobreza" coincidía el secretario confederal de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, quien explicaba que la propuesta de este sindicato va más allá y aboga por situar el umbral de pobreza como indicador de referencia en lugar del IPREM, como ya se hizo para las pensiones mínimas, dado que este no supone ni la mitad del SMI.
El IPREM se fijó en 600 euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 -actualmente prorrogados a la espera de tramitación de los nuevos- tras actualizarse un 3,6% en un año en el que los precios subieron de media en más de un 8%. Se trata de una competencia del Ministerio de Hacienda y su resultado es clave para calcular la cuantía del subsidio que le corresponde a cierto desempleado, ya que viene fijada por un porcentaje del IPREM, en función de la edad, personas a cargo y el tiempo cotizado. El texto tumbado en el Congreso de los Diputados elevaba la prestación asistencial al 95% del indicador público durante los primeros seis meses (570 euros al mes), al 90% para la segunda mitad del primer año (540 euros), para después situarlo en el 80% hasta agotarla (480 euros) al que ahora está ligado con carácter general.
Los dos sindicatos valoran que el desacople entre el salario mínimo interprofesional -cuya subida del 5% se espera que se apruebe este martes- y el IPREM es tan clara que impide cerrar un acuerdo en el seno del diálogo social sobre la reforma del nivel asistencial de desempleo. Bravo ha explicado que CCOO es partidario de llevar a cabo una actualización fuerte en 2024 y abordar más adelante una reforma profunda del indicador como la que propone UGT. Ambos representantes sindicales han afirmado que el Ministerio de Trabajo se ha limitado a situar esta cuestión fuera de esta mesa, pero el hecho de que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sea uno de los interlocutores de Sumar para negociar las cuentas públicas abre una vía de oportunidad a los sindicatos por esta vía, así como el economista Manuel Lago.
Además, según los tiempos que maneja el Ejecutivo, las dos conversaciones podrían darse de forma prácticamente paralela. No obstante, el Gobierno primero ha de salvar el bloqueo que los 'populares' ya han confirmado que ejercerán sobre los objetivos de estabilidad, los límites de déficit y deuda, si los socialistas no se sientan a negociarlos. El Ministerio de Trabajo no quiere hablar de fechas concretas, pero evita dar por sentada la pérdida de parte del cuarto pago de los Fondos Europeos al que va ligada la reforma del subsidio y que se produciría en el caso de que Europa concluya la evaluación antes de que la medida haya recibido el respaldo de las Cortes. El 'número dos' de Díaz se ha abierto a estudiar las aportaciones de CCOO, UGT y CEOE, pero no ha hecho referencia a la cuestión del IPREM en las declaraciones a medios.
Acuerdo social para reunir el respaldo político
La vicepresidenta segunda del Gobierno decidió abrir un proceso de negociación ante los reproches emitidos por los secretarios de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, así como por el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. No obstante, el margen de cambio parece escaso, sobre todo en lo que a elevar el gasto público se refiere por los límites impuestos tanto por la Comisión Europea como por Economía en la negociación exprés de diciembre, que tuvo por resultado un texto en el que los agentes sociales aprecian defectos tanto de forma como de fondo. Entonces, Trabajo se limitó a hacer una consulta formal a los interlocutores de patronal y sindicatos y sus comentarios no tuvieron cabida en el texto aprobado en Consejo de Ministros.
Tanto la líder de Sumar como el ‘número dos’ de Trabajo han reprochado en diversas ocasiones que los cinco diputados de Podemos decidiesen alinearse con PP y VOX y votasen en contra de la medida, lo que entienden como un ataque personal contra Díaz. No obstante, la renuncia de Lilith Verstrynge a su escaño allana el camino, dado que tomará su asiento la coordinadora de Catalunya En Comú y se integrará en el grupo parlamentario de Sumar, por lo que la votación saldría adelante con el apoyo de Coalición Canaria pese al posible 'no' de los morados. En cualquier caso, Moncloa no quiere repetir la experiencia, por lo que ha decidido tramitar todas las normas como proyecto de ley, en lugar de aprobar reales decretos-leyes que después tengan que ser convalidados por la Cámara Baja.
Con esta mecánica, la reforma del nivel asistencial por desempleo sería enviada desde el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados para después seguir la tramitación parlamentaria. Esto podría extender considerablemente los plazos, aunque tanto el Ministerio como el Ejecutivo en su conjunto tienen pensado recurrir a la vía de urgencia que los recorta a la mitad. La norma inicial fijaba el mes de junio para su entrada en vigor, pero fuentes cercanas a esta cartera explican que esperan conseguir una mayor flexibilidad por parte de la Comisión Europea para poder adaptar los servicios técnicos del SEPE, puesto que las nuevas condiciones se aplicarán solo a aquellos que accedan al subsidio a partir de cierta fecha.
