Entre el supuesto 'fuego amigo' y el fuego enemigo. Los planes económicos del Gobierno, empezando por los Presupuestos Generales del Estado de 2024, ley clave para garantizar la viabilidad de la legislatura, se han encontrado con la pinza entre unos socios que no están dispuestos a ceder ni un ápice en su programa de máximos (ya sea Junts en relación a la amnistía o Podemos en el ámbito político) y un adversario, el PP, que se ha rearmado desde el poder territorial y pretende plantar cara en bloque a toda medida de política económica que salga de Moncloa. Desde los nuevos objetivos de estabilidad, a la financiación autonómica o la reforma fiscal, pasando por la quita de una parte de la deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende negociar de forma bilateral con las comunidades.
El órdago del partido de Carles Puigdemont, que el martes votó en contra de la validación de la ley de amnistía, promovida por el PSOE y sus socios para beneficiar a los líderes condenados y encausados por el proceso independentista en Cataluña a exigencia de Junts y ERC, ha vuelto a evidenciar que las negociaciones con los primeros van a ser más largas e intensas de lo previsto. Desde Junts dejaron claro, además, que hasta que no haya un texto que satisfaga sus expectativas, no apoyarán las cuentas para este año. Los diputados de Podemos, que con su rechazo tumbaron la aprobación en el Congreso de la reforma del subsidio de paro -clave para poder recibir el cuarto desembolso completo de los fondos Next Generation- ya apuntaron también a ese escenario de negociaciones más tensas y dilatadas.
Fuentes del Gobierno confirman a 'La Información' que, para evitar nuevos vetos y retrasos, planean sacar adelante las próximas medidas y reformas bajo la fórmula del proyecto de ley y no como Real Decreto-ley, ampliamente extendido la pasada legislatura, lo que provocó críticas constantes de la oposición. El objetivo es poder negociar con los grupos las enmiendas a los textos antes de que estos se voten en el pleno de las cámaras.
De cara al próximo miércoles, fuentes del PP aseguran que, de momento, mantienen su rechazo a los objetivos de déficit y deuda (la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas) que el Gobierno llevará al Senado para su debate y votación en pleno. Estos límites son una pieza esencial de los presupuestos, actualmente en elaboración. Los populares reclaman al Ejecutivo que en el reparto de esos topes el Estado se quede con menos margen de déficit y se lo ceda a las autonomías. Aseguran que con la distribución actual, el Gobierno se queda con el 97% de ese margen y apenas deja un 3% a las regiones.
El 'tira y afloja' con los objetivos de déficit y deuda
Desde el Ministerio de Hacienda explican a este diario que la demanda del PP no es viable ante una situación como la actual, en la que se ha recuperado la vigencia de las reglas fiscales desde enero. Recuerdan, además, que ha sido el Ejecutivo Central el que ha asumido prácticamente todo el gasto derivado de las medidas extraordinarias aprobadas desde 2020 para hacer frente a la pandemia, las crisis energética e inflacionaria y la guerra en Ucrania.
El rechazo de los populares, que tienen capacidad de veto por contar con mayoría absoluta en la Cámara Alta, obligaría a presentar los objetivos de nuevo en quince días para votarlos una segunda vez y, de no salir adelante, se fijarían los recogidos en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, que fue el último compromiso adquirido con Bruselas. Esos límites son, de hecho, más severos para las autonomías y de ahí, el 'tira y afloja' del Gobierno con el PP.
Como ha venido recordando la vicepresidenta primera y titular del departamento, María Jesús Montero, las comunidades han elaborado sus propios presupuestos dando por hecho que podrían incurrir en un déficit del 0,1% de su PIB este año -en función del nuevo objetivo- frente al equilibrio (déficit cero) que se les exigía en el Programa de Estabilidad. En el caso de los ayuntamientos, la nueva senda les permitiría cerrar el ejercicio en equilibrio frente a las dos décimas de superávit que tenían que alcanzar según lo dispuesto en abril.
El hecho de que los Presupuestos no salgan adelante puede suponer una traba para el desembolso de los fondos europeos. La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, hizo hincapié el pasado jueves en la necesidad de que el país saque adelante las cuentas de este año para poder canalizar los Next Generation. "Los Presupuestos determinan el marco para desplegar los fondos europeos", recordó tras hacer balance de actividad del banco público en España a lo largo del último año. El despliegue de los fondos depende del cumplimiento de los hitos, reformas e inversiones comprometidas con Bruselas, pero las cuentas sí ayudan a vehicularlos.
La que fuera hasta hace un mes vicepresidenta primera y ministra de Economía avanzó que el BEI ha dado todos los pasos necesarios para que un primer tramo de 3.600 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones, pueda echar a andar a lo largo de este año. Ese fondo, vinculado a los préstamos de la adenda, está pendiente ahora de que el Ejecutivo dé los pasos pertinentes para activarlo. El nuevo titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, únicamente ha avanzado que este instrumento estará cogobernado por el Estado y las propias comunidades autónomas.
