El Partido Popular (PP) confirma que este miércoles votará en contra de los objetivos de estabilidad que el Gobierno ha fijado para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, actualmente en elaboración, en la votación prevista en el Senado, donde el partido de Alberto Núñez-Feijóo cuenta con mayoría absoluta. El principal partido de la oposición tumbará los nuevos límites de déficit y deuda, si bien se abre a negociar un posible apoyo a este trámite, necesario para que las nuevas cuentas puedan salir adelante, si el Gobierno acepta sus demandas.
Estas incluirían, según ha explicado su portavoz económico, Juan Bravo, una rebaja fiscal que incorpore la deflactación del IRPF, la rebaja del IVA al gas y electricidad, así como a la carne, al pescado y a las conservas, además de la eliminación impuesto producción energía. En segundo lugar, un reparto más equitativo del actual topee de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas y, por último, la dotación de un fondo en favor de las autonomías para atender las necesidades relacionadas con Sanidad, Educación y servicios sociales.
El hecho de que el PP tumbe los objetivos de estabilidad en la Cámara Alta obligaría al Ejecutivo a volver a aprobarlos en Consejo de Ministros para llevarlos a una segunda votación en ambas cámaras antes de un mes. Si el PP vuelve a rechazarlos en una segunda votación, el Ministerio de Hacienda asegura que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado según el cual los objetivos de déficit que se aplicarían serían los que el Gobierno incluyó en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas en abril.
Ley Orgánica de Estabilidad
Este fijaba, de hecho, una senda más estricta para las autonomías y los ayuntamientos que la actual. Las regiones, sin ir más lejos, deberían cerrar el ejercicio con equilibro en sus cuentas (déficit cero), frente al desfase de una décima que les permitiría el marco actual y que es el que muchas han tenido en cuenta a la hora de elaborar sus presupuestos. Bravo ha incidido en que el PP lleva desde el pasado 12 de diciembre reclamando al Gobierno ese informe sin obtener respuesta alguna y teme que sea una excusa del Ejecutivo para saltarse la Ley Orgánica de Estabilidad.
Según la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, “se inventó un informe que no existe” para obligar al PP a aprobar la nueva senda de déficit, que va acompañada del techo de gasto o límite de gasto no financiero, pese a que esta no se vota. Rechazan, además, estar perjudicando a las comunidades autónomas con su voto, y defienden que la “responsabilidad” es únicamente del Ejecutivo Central.
García ha criticado que, pese a la extrema debilidad parlamentaria del Gobierno y al hecho de que el PP tenga mayoría absoluta en el Senado, el Ejecutivo se haya negado a negociar con el PP. “Cualquier gobierno habría llamado al grupo que tiene mayoría en el Senado para negociar. No ha sido así”, ha lamentado a lo largo de la rueda de prensa.
"Cualquier gobierno habría llamado al grupo que tiene mayoría en el Senado para negociar"
En relación a la quita de parte de la deuda contraída con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado en 2012 para que las comunidades que tenían cerrado el acceso a los mercados por su complicada situación pudieran financiarse, desde el PP se abren a negociarla, pero siempre el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y no de forma bilateral, como prevé hacer el Gobierno. Esa condonación parcial era uno de los principales acuerdos a los que el PSOE llegó con ERC para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y, en el caso concreto de Cataluña, se traduciría en una quita de 15.000 millones, el 20% de la deuda que tiene vía FLA.
