Los socios de Sumar evitan que el Estado pueda fijar zonas de vivienda tensionada

La Ley de Vivienda fue aprobada a las puertas de las elecciones autonómicas de mayo pero cinco meses después el nuevo mapa político territorial y la falta de desarrollo del índice de precios de referencia han impedido la puesta en marcha de las zonas tensionadas. Para los grupos situados a la izquierda del PSOE este era el punto clave de la norma, dado que permitía regular el precio del alquiler en aquellas zonas en las que se comprobase que existía un problema de acceso a la vivienda. Pero Cataluña ha sido el único territorio que ha tratado de aplicarla -sin éxito-, al tiempo que las comunidades gobernadas por el PP rechazan aplicar limitaciones y la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. 

El equipo económico de Sumar, que tenía entonces a Alejandra Jacinto al frente de la materia, aseguraba en verano que contaban con una fórmula para posibilitar que el Estado pudiese forzar la declaración de zonas tensionadas si pasado un tiempo prudencial estas habían decidido no hacerlo. No obstante, fuentes de la formación admiten que la negociación sobre vivienda ha sido especialmente ardua, por lo que han tenido que renunciar a esta propuesta que contaba no solo con el rechazo de los socialistas, sino también con algunos de los grupos de la coalición de izquierdas, tal y como ha podido saber este periódico. 

Algunos de los integrantes de la plataforma se manifiestan en contra de invadir las competencias autonómicas en función de una discrepancia ideológica concreta, esto es un gobierno nacional de izquierdas frente a una mayoría de gobiernos regionales pilotados por el PP, ya que entienden que sentaría un precedente peligroso y se les vendría en contra allí donde ejercen de oposición. Además, desde Sumar admiten que será una legislatura complicada y son conscientes de que esta medida tampoco sería del agrado de los partidos nacionalistas ajenos a la coalición, como ERC, Junts o PNV -al margen de la posible invasión de competencias en las que la ley ya puede haber incurrido y sobre la que se tendrá que pronunciar el Constitucional-.

El Parlament de Cataluña y en concreto, los grupos parlamentarios de ERC y Junts, también decidieron elevar un recurso al Tribunal, mientras que el primero de ellos solicitaba la aplicación de zonas de vivienda tensionada al Ministerio de Transporte, Vivienda y Agenda Urbana a través de la entrada del listado de municipios afectados. El Constitucional admitió a trámite este recurso junto a los presentados por Madrid, Andalucía e Islas Baleares hace tres semanas, pero la aplicación de la norma ha sido frenada de facto por el Gobierno central al impedir que Cataluña utilizase un índice propio al que vincular el precio del alquiler de las viviendas de 'grandes tenedores' -con al menos cinco inmuebles en propiedad-, las que vayan a ser arrendadas por primera vez o no hayan sido alquiladas como vivienda habitual en los últimos cinco años.

Por ello, para los republicanos el desarrollo con carácter inmediato del índice de referencia de precios era un tema prioritario. Un aspecto que sí ha tenido un hueco en el acuerdo firmado este martes por PSOE y Sumar. "Desarrollaremos las medidas contempladas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para la contención de los precios incluyendo tanto los incentivos fiscales como los mecanismos de regulación de los alquileres. En concreto, se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres", reza el documento. 

El alquiler por habitaciones no entra en el acuerdo

También ha sido incluida la revisión de los alojamientos turísticos en las zonas de mercado tensionado que reclamaban los representantes de Compromís -integrados en Sumar-, quienes afirman estar muy satisfechos con el acuerdo que también reconoce la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ha quedado fuera la regulación de los alquileres por habitaciones que preocupaba especialmente a Más Madrid, quienes ya han apuntado a través de una publicación en X (Twitter) que quieren incluir esta cuestión en la Ley de Vivienda porque "alquilar una habitación se está convirtiendo en un lujo" con un precio medio de 544 euros. 

Todos los partidos integrados en Sumar, que en la legislatura anterior operaban en su mayoría como apoyo externo al Gobierno, trataron de incluir estas demandas en la Ley de Vivienda a lo largo de su tramitación parlamentaria. No obstante, el PSOE y en concreto el entorno de Nadia Calviño se negó a abordar los alquileres turísticos, por habitaciones y estacionales en la norma, a pesar de que sus socios entendían que eran los más desprotegidos por no depender de la Ley de Arrendamientos Urbanos y por tanto, no estar sometidos al límite del 2% en las actualizaciones del precio del alquiler.