La revalorización de las pensiones contributivas, no contributivas y las de Clases Pasivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) -aunque ésta supere los dos dígitos- supondrá un importante obstáculo para el control del desbocado gasto público, que además se irá consolidando año tras año y que obligará a tomar medidas drásticas, para contentar a Europa, que afectarán especialmente a la generación 'baby boom', que deberá jubilarse más tarde y con menores prestaciones. Diversos organismos económicos, tanto privados como públicos, ya han realizado estimaciones sobre la subida de la inflación entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2022, que determinará el aumento de las prestaciones el próximo año. Ninguna de las proyecciones prevé un inferior al 7%.
Así y en esa línea, un informe realizado por investigadores expertos en pensiones y protección social de las universidades de Valencia y Extremadura y publicado por WTW -Willis Towers Watson- sitúa el IPC medio para calcular la pensión del próximo año en un moderado 7,2%, lo que llevaría a un incremento de la nómina de las prestaciones contributivas -jubilación, viudedad, incapacidad, orfandad y a favor de la familia- de 10.832 millones de euros, a los que habría que añadir 1.502 millones más por el incremento de las prestaciones que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y las de los funcionarios. En total, el número de 'nóminas' afectadas supera los 11 millones.
Los catedráticos impulsores de estudio estiman que solo la subida del próximo año consolidará un gasto sumando ejercicios siguientes de 165.000 millones de euros, "ya que hay que seguir pagando a los pensionistas que sobrevivan", apunta Rafael Villanueva, manager del área de Retirement en WTW España. A este coste habría que añadir otros derivados del mayor número de pensiones y al efecto sustitución, nuevas pensiones más altas que las que causan baja. Las nuevas prestaciones superan los 1.172 euros de media -1.486 en el caso de las de jubilación-, mientras la prestación de beneficiarios que son dados de baja, fundamentalmente por fallecimiento- no llega a los 975 euros -1.128 en el caso de las de retiro-.
Las mujeres cobran la pensión de jubilación de media durante dos décadas, mientras los hombres lo hacen durante apenas 16 años
El trabajo tiene en cuenta diferentes variables a la hora de realizar la proyección de cuál será la factura final de las prestaciones, desde la paguilla de los primeros meses de 2022, a las bajas que se irán produciendo durante el próximo año y que según los datos históricos reducen la nómina anual, con respecto al ejercicio precedente, en un 2,224%. Igualmente destaca que las altas del próximo año afectarán a la factura de las pensiones pero no al coste imputado a la revalorización, de ahí que no se tengan en cuenta. Tras la Covid, la esperanza de vida se redujo, pero las previsiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la sitúan en 2022 en 87 años para las mujeres y en 81,8 años para los hombres. Eso significa que con jubilaciones en torno a los 66 años en el medio plazo, las mujeres podrían estar cobrando la pensión durante 21 años y los hombres cerca de 16.
Uno de cada cinco euros del gasto en pensiones contributivas durante el presente año será consecuencia del importe de la revalorización de las prestaciones. En el mes de febrero, hasta 2.063 millones de euros de la factura final mensual de las pensiones, que ascendió a 10.755 millones, se debía a la revalorización anual de estas prestaciones. A final de año, se habrán pagado 28.882 millones al siguiente habrá que añadir en torno a 10.830 millones por la inflación de 2022. Al final, el importe del gasto total superará los 160.000 millones de euros. Mientras, el dinero que se dedica a las prestaciones mínimas supera los 500 millones de euros y otros 116 millones se destinan a otros complementos distintos de los mínimos, una vez incluidos el bonus para la jubilación tardía y los incentivos a la maternidad.
La reforma de pensiones diseñada por el ministro José Luis Escrivá sigue avanzando, pero no ha tenido en cuenta buena parte de las recomendaciones de los expertos, aunque sí vincularlas al IPC como reclamaban los sindicatos, una medida que hipoteca, de por vida, el gasto. Escrivá ha supeditado buena parte del éxito de su reforma a garantizar mayores ingresos y la modificación de las fuentes de financiación de algunos 'impropios' que tenía asumidos hasta ahora la Seguridad Social. Pero estas medidas se quedarán cortas -y ahora más con el dato recién conocido de inflación- y no serán suficientes para contrarrestar el gasto futuro, que se triplicará en 2050, fecha en la que las pensiones rondarán los 2.300 euros y la factura total se triplicará, según los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que presidió Escrivá durante cuatro años.
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