La subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) al 9,8% interanual en el mes de marzo, la tasa más alta desde mayo de 1985, se ha convertido en un grave contratiempo para el control del gasto en pensiones, que aumentará de acuerdo a la inflación -según prevé el Ejecutivo-, aunque ésta supere los dos dígitos. El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez supone echar más leña al 'fuego' al sistema de reparto de las pensiones, que sufrirá en las próximas décadas los efectos del envejecimiento de la población, la llegada de la generación del 'baby boom' a la edad de jubilación y una baja actividad, que deberá solventar la llegada masiva de inmigrantes.
En 2019, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuando todavía era presidente del organismo el hoy ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, realizó un exhaustivo análisis del futuro de las pensiones -con la vista puesta en 2050- a partir de un contexto que hoy ha variado radicalmente. En septiembre de 2020 el organismo actualizó algunas de sus previsiones, considerando los efectos de la pandemia del coronavirus en el crecimiento económico y en el empleo, pero también en la esperanza de vida.
Hace apenas una semana volvió a revisar los indicadores, considerando nuevos factores demográficos que posiblemente sean menos positivos de lo esperado, pero todavía manteniendo que el escenario más previsible sea de una inflación media del 1,8% desde 2019 hasta 2050. Pese a que las pensiones han subido en 2019, 2020 y 2021 por debajo de ese porcentaje, en 2022 ya lo ha hecho siete décimas por encima y las estimaciones apuntan a que en 2023 el incremento estará entre el 7% y el 8%, en el mejor de los casos. Con una estimación conservadora, una subida media durante los próximos años del 2,8%, el panorama resulta más que preocupante.
El escenario demográfico se complica. Los flujos de migración pueden ser menores de lo previsto y el efecto de la Covid se podría prolongar
Cualquier variación -macroeconómica o demográfica- supone un cambio importante a tener en cuenta en el gasto y en el importe de las pensiones, además de en la deuda o en datos como la tasa de cobertura, pero la inflación, vinculada a la subida de las pensiones, sería determinante para la mayoría de ellas. Un aumento de las pensiones promedio del 2,8%, en este momento una proyección conservadora, supondría un incremento importante del importe de las prestaciones y la pensión media superaría los 2.300 euros, frente a los 1.085 euros actuales. Por lógica también se incrementaría la nómina total, que rebasaría con creces el medio billón de euros, frente a los 150.600 millones previstos para este año.
En su última actualización, la Airef dibuja un escenario más complicado por el envejecimiento, que incrementará el gasto en pensiones con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) en 3,3 puntos desde 2019 a 2050, incluso con una previsión de inflación, por la que sigue apostando, del 1,8% de media anual durante los próximos años. El organismo apunta, que la previsión de menores flujos de migración, que tendría unos efectos importantes, unido a un estancamiento mercado de trabajo o que la crisis de la Covid-19 tendrán un impacto mayor del previsto.
Con el nuevo contexto, el cálculo de la pensión con 35 años -frente a los 25 actuales-, como han recomendado el Pacto de Toledo y diversos organismos, supondría solo una ligera reducción de la pensión media, pero una considerable reducción del gasto. La Airef ya contempla el efecto de la pandemia a corto plazo, pero admite, que en principio, no tendrá efectos estructurales sobre la economía española en las previsiones a largo plazo. Si las jubilaciones se producen como hasta ahora, ligeramente por encima de los 64 años, algo poco previsible, o cerca de los 66 o incluso a los 67, las perspectivas cambian radicalmente, tanto en cuanto a gasto como a cuantía de la pensión.
La demografía juega en contra del sostenimiento del sistema, pero la evolución del mercado de trabajo y las reformas serán clave
La demografía juega en contra del sostenimiento del sistema y propicia un fuerte incremento de gasto por el envejecimiento, que pese a todo trata de compensar la evolución del mercado de trabajo y también las reformas puestas en marcha, que pese a todo son consideradas moderadas. En un escenario central -ni pesimista ni optimista-, la población en España aumentará hasta los 54 millones de habitantes en 2050, mientras que la población en edad de trabajar se mantiene por encima de los 30 millones de personas durante todo el horizonte de previsión. Como consecuencia, la tasa de dependencia -entendida como población de más de 66 años dividida entre población entre 16 y 66 años- alcanza el 53% en 2050.
El organismo contempla la entrada de 330.000 migrantes cada año, si se mantienen las políticas actuales, y hasta 1,4 hijos por pareja, un objetivo complicado de lograr, además del descenso de la esperanza de vida -menor que en las décadas anterior- que se situaría en 86,8 años en 2050. El estudio asegura que ya se ha incorporado el impacto de la pandemia en las migraciones, suponiendo caídas significativas pero temporales, en línea con los datos disponibles. Para que todas estas proyecciones se materialicen la economía debería crecer a un ritmo del 1,4% entre 2020 y 2050.
La Airef ofrece claves, pero parece positivo, pese a un pequeño recorte de la pensión, aumentar a 35 años el periodo de cálculo de las prestaciones
Tras el análisis, la Airef propone una serie de recetas, como trasladar a otros organismos el déficit estructural de la Seguridad Social, algo que ya está previsto, sin olvidar la carga que supone las pensiones no contributivas. El organismo independiente que dirigió Escrivá apuesta por la profundización de las reformas paramétricas para contener el incremento previsto del gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población y por la implantación gradual de medidas que permitan retrasar la jubilación.
También aboga por estudiar y debatir otras opciones que garanticen la sostenibilidad, suficiencia y equidad para afrontar escenarios que pueden ser más adversos. La AIReF considera que un acuerdo en el Pacto de Toledo -que contempla tener en cuenta 35 años para determinar la pensión- sería un buen principio, "aunque su efectividad para garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social dependerá de la concreción de las recomendaciones en la normativa".
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