Sumar ha propuesto un plan de rescate agrario integral para hacer frente a la crisis del campo y la creación de un observatorio de costes y precios de los productos alimentarios como medida de control contra el encarecimiento de la cesta de la compra. La iniciativa se ha registrado como un proyecto de no ley en el congreso de los Diputados.
La formación que lidera Yolanda Díaz ha manifestado que su intención con esta iniciativa es solucionar los problemas del sector primario, una industria que en 2022 representó un 9,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Desde Sumar señalan el campo como un sector "estratégico" por su relevancia económica y social.
El partido ha culpado a causas "estructurales" de la complicada situación del campo, entre las que se encuentran la especulación del mercado y el cambio climático. También critican la tendencia a la liberalización de las políticas agrarias europeas y subrayan el fuerte impacto de la sequía. El texto de la propuesta califica de "fundamental" establecer medidas que protejan a los trabajadores del sector "en uno de sus momentos más duros".
Compensar las pérdidas de los productores
Por ello, Sumar insta al Gobierno a trabajar desde varias perspectivas los problemas del sector. Primero en una comisión interministerial de sequía con especial interés en la elaboración de marcos para los planes de emergencia por sequía, con la participación de las organizaciones interesadas. Por otro lado, la formación reclama trabajar en medidas de control del desequilibrio existen entre oferta y demanda, de modo que se dote del presupuesto suficiente para compensar las pérdidas de los productores.
La compensación de las pérdidas se acompañaría con un plan de rescate agrario integral a corto, medio y largo plazo que se elaboraría con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto. La idea de este plan es afrontar el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas o la falta de relevo generacional.
Flexibilizar la PAC
Pero también plantean fórmulas de flexibilización y simplificación de la Política Agraria Común (PAC), de modo que se tenga en cuenta el tamaño de las explotaciones en las exigencias burocráticas. A renglón seguido, piden reforzar en materia de inspección la Ley de Cadena Alimentaria, que es la norma con la que se prohibió la venta a pérdidas. Es en este punto donde Sumar sugiere poner en marcha un observatorio de costes y precios alimentarios, ya que los productos básicos de la cesta de la compra se han incrementado en casi un 20% a pesar de las rebajas del IVA aprobadas en los últimos meses.
También proponen los de Díaz reconocer a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como representantes e interlocutores del sector y mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales. Por último, instan a estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario.
