La bonificación extraordinaria a los combustibles vuelve a reducirse en el peor momento posible, con los carburantes otra vez marcando máximos no vistos en muchos meses. Después de aprobar la eliminación del descuento para todos los españoles a finales de diciembre, el pasado junio se introdujo un plan de desescalada concreta para los transportistas, que van a sufrir un recorte de las subvenciones para combustible el próximo 1 de octubre en plena alza de los combustible. Y el sector no oculta su preocupación.
"Vamos a reunirnos con el Gobierno con carácter inmediato", adelanta a La Información, Dulsé Díaz Fresno, Secretario General Adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). La patronal mayoritaria del sector del transporte por carretera tiene intención de reclamar al Gobierno que recupere el espíritu del acuerdo que, tal y como explica Dulsé, no es otro que "mantener la ayuda siempre y cuando el precio del gasóleo se dispare por encima de lo habitual".
El pasado mes de junio, el Ejecutivo acordó prorrogar durante 2023 la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional con el objetivo del contribuir a garantizar la sostenibilidad económica del sector. Para ello, articuló la medida en dos fases: la primera contemplaba una rebaja de 20 a 10 céntimos por litro de combustible consumido hasta el 30 de septiembre de 2023 y la segunda una bonificación de 5 céntimos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023.
El gasóleo ya encadena nueve semanas al alza y registra un encarecimiento del 0,62% en la última semana, a 1,636 euros el litro, un nivel que no marcaba desde mediados de febrero, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Ante esta coyuntura, desde CETM defienden que "al igual que entendieron que la ayuda se redujera de 20 a 10 céntimos y por ende, a 5 si la situación se calmara, ahora entienden que como está ocurriendo lo contrario, lo lógico es volver a la situación anterior".
La confederación mantiene así la tónica de su reclamo y solicitan al Gobierno que reconsidere esta medida y se comprometa con el sector a estudiar la situación, tal y como aseguró desde un principio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su nota de prensa, donde comunicó que iba a realizar un seguimiento continuo de la evolución de los precios del combustible y del impacto de las ayudas para verificar su efectividad e idoneidad.
Es la postura de la mayor organización que agrupa a empresarios del sector de transporte de mercancías en España y representa a más de 31.000 empresas del transporte y la logística que cuentan con 129.000 camiones y emplean a 215.000 trabajadores. Constituida por 9 organizaciones nacionales, 40 de ámbito provincial y cinco autonómicas, es el principal interlocutor con las fuerzas políticas para resolver los problemas que afectan al sector.
Desacuerdo dentro del sector
Más prudente en el asunto se muestran otras voces del sector, como la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que agrupa a más de 32.000 empresas de transporte y a más de 60.000 vehículos, todas ellas pequeñas y medianas empresas y autónomos, que, en determinadas ocasiones, se integran en régimen cooperativo. Su Secretario General, Juan José Gil, reconoce a este medio que no van a formalizar una petición al Gobierno, hasta "que se despeje el escenario político". "No puedes reclamar medidas a un Gobierno en funciones que no es el que se presenta a la próxima investidura", esgrime.
La normativa rige que el Gobierno en funciones puede aprobar decretos-ley, en casos de extraordinaria urgente necesidad, que tendrían que ser convalidados en un plazo de 30 días por la Diputación Permanente del Congreso o por las nuevas Cortes ya constituida. No obstante, desde Fenadismer "no se considera urgente la situación, porque la rebaja de la bonificación de octubre, no se empieza a cobrar realmente hasta noviembre", y optan por esperar a que se esclarezca la escena política para poner, o no, una serie de peticiones sobre la mesa de Moncloa.
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