Estados Unidos incluyó este viernes a 77 instituciones y empresas chinas, entre las que figura el fabricante de chips SMIC y el de drones DJI, a su lista negra de compañías con las que prohíbe la exportación de tecnología estadounidense. En un comunicado la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. señaló que añadía SMIC, las siglas de empresa Semiconductor Manufacturing International Corporation, a la llamada Lista de Entidades "para proteger la seguridad nacional" y por sus supuestos vínculos con el Ejército chino.
"No permitiremos que tecnología avanzada de EE.UU. ayude a construir las Fuerzas Armadas de un adversario beligerante de forma creciente", dijo el secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross. El responsable estadounidense destacó los presuntos vínculos de SMIC con las Fuerzas Armadas chinas y la doctrina de Pekín de fusionar lo militar con lo civil: "SMIC ilustra perfectamente los riesgos de que China haga uso de la tecnología de EE.UU. para respaldar su modernización militar", indicó.
Y, casi al mismo tiempo, el presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, aprobó este viernes ampliar por dos días la financiación para la Administración federal minutos antes de que se viese abocada a cerrar a medianoche por falta de fondos. Trump rubricó el proyecto pactado por demócratas y republicanos en el Congreso, cuyas dos cámaras aprobaron también los fondos este viernes por la tarde. La medida permite ampliar hasta la medianoche del domingo al lunes el plazo para evitar el cierre de la Administración federal mientras, en paralelo, los dos partidos negocian un paquete de estímulo para frenar el deterioro de la economía por la pandemia.
El Congreso ya sorteó la semana pasada de manera similar el cierre gubernamental, al aprobar una extensión por una semana de los fondos para la Administración. El futuro de la ley de gasto y el paquete de estímulo están unidos porque se espera que el rescate forme parte del acuerdo para financiar la Administración federal para el año fiscal 2021. Los líderes demócratas y republicanos del Congreso establecieron a mediados de esta semana un marco de 900.000 millones de dólares para el paquete de estímulo, que incluiría una nueva ronda de depósitos directos a ciudadanos, fondos para las pequeñas empresas y dinero para la distribución de las vacunas contra la covid-19.
El principal escollo en las negociaciones sobre el estímulo es una propuesta de restringir, como parte del paquete, la capacidad prestataria de emergencia de la Reserva Federal, algo que los demócratas temen que pueda constreñir al futuro Gobierno del presidente electo, el demócrata Joe Biden. La propuesta, impulsada por el senador republicano Pat Toomey, evitaría que el programa de préstamos de emergencia de la Fed -creado en virtud del primer plan de estímulo por la pandemia- continuara el año que viene, y prohibiría que el banco central iniciara un programa similar.
Otro desacuerdo tiene que ver con la exigencia del senador republicano Josh Hawley o el demócrata Bernie Sanders de ver claramente reflejada en el proyecto de ley una garantía de que habrá transferencias directas de dinero a los ciudadanos, que a su juicio deben ser de 1.200 dólares y no de 600, como está previsto ahora.
Peligro nacional
Volviendo al veto a empresas chinas, el Departamento de Comercio explicó que en conjunto ha añadido 77 entidades a la lista por "acciones contrarias a la seguridad nacional o a los intereses políticos exteriores de EE.UU.", recoge Efe. "Esto incluye entidades en China que permiten abusos de derechos humanos, entidades que respaldan la militarización y reivindicaciones marítimas ilegales en el mar del Sur de China, entidades que adquirieron bienes de EE.UU. para apoyar programas del Ejército de Liberación Popular, y entidades y personas que se involucraron en el robo de secretos comerciales de EE.UU", enumeró.
Detalló que ha añadido a DJI por permitir vigilancia de alta tecnología en China, lo que el Departamento de Comercio denominó como "abusos de derechos humanos". Otras adiciones a la lista son varias constructoras, como China Communications Construction Co., por contribuir a militarizar territorio disputado en el mar de Sur de China. Washington también ha sumado a ese listado varias universidades en Pekín, Nanjing y Tianjin, a las que acusa de haber robado secretos comerciales o "adquirir e intentar conseguir artículos originarios de EE.UU. en respaldo de programas del Ejército de Liberación Popular".
La inclusión en la Lista de Entidades se ha convertido en una de las herramientas favoritas de la Administración de Donald Trump en su batalla comercial contra China. Actualmente hay en ella más de 300 empresas, organizaciones e instituciones del gigante asiático. En el pasado, el Departamento de Comercio de EE.UU. ha empleado esta lista contra la compañía de telecomunicaciones Huawei y contra entidades vinculadas a presuntos abusos de los derechos humanos contra los uigures en la provincia de Xinjiang, de mayoría musulmana.
