A la tercera va la vencida. La temporada turística de 2022 arranca en España ,después de dos años de intermitencias por la pandemia, con unas grandes expectativas y unos precios por las nubes. Si en las pasadas Navidades todos aquellos que esquivaron ómicron y pudieron viajar se encontraron con unas tarifas más elevadas de lo habitual, para este verano el coste será mucho mayor. Por desgracia para la parte que le toca al consumidor, las ganas de viajar sin restricciones se han fusionado con la necesidad de disponer de un presupuesto más alto.
La guerra en Ucrania, que todo apunta a que se alargará más de lo previsto, ha acentuado un problema que comenzó a finales de 2021 por las ganas de consumir con una oferta más reducida. Basta con observar el Índice de Precios Hoteleros (IPH) que elabora el INE para hacerse una idea de cuánto han escalado los precios en el sector. En concreto, esta tasa, que desde agosto de 2021 crece a doble dígito, comenzó a experimentar avances por encima del 20% el pasado mes de febrero, con el inicio de la invasión, y en abril (último dato disponible), que coincide con la celebración de la Semana Santa, el alza anual del precio de los hoteles ya rozaba el 30% (29,5%). Para comparar con la vida preCovid, su evolución durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 fue del 0,5%, -0,7% y del 3,8%, respectivamente.
De la península a las islas y de la playa a la montaña, ni los viajes ‘low cost’ se han librado en esta ocasión del repunte del IPC. Y todo apunta a que así seguirá en la temporada estival. Según los últimos datos que maneja la consultora Mabrian, alojarse en un hotel de 3 estrellas entre junio y agosto de 2022 tendrá un precio medio de 103 euros. Esto supone un 12% más que en 2021 y un 5,1% más caro que en 2019. Lo mismo ocurre en el caso de los establecimientos de 4 y 5 estrellas, en los que el ascenso interanual alcanza el 17,6% en el primero, y el 12,7% en el segundo. El comportamiento es similar para los billetes de avión. Con una media de 74 euros, este se ha encarecido un 4,2% en comparación con el último verano sin coronavirus. Con los carburantes en niveles máximos, cualquier opción de escapada se presenta prohibitiva para muchos bolsillos.
Desde el sector atribuyen en parte esta escalada de tarifas a los sobrecostes derivado del precio de la luz y los combustibles. Pero también hay otros factores en juego como es la gran demanda que se viene produciendo desde que la sexta ola de Covid empezó a remitir y con ella, el adiós a todas las restricciones sanitarias. “Los precios suben de una semana para otra porque la demanda lo está absorbiendo y los empresarios buscan compensar de alguna forma el tiempo que han estado sin ingresos”, precisa a La Información, María Sánchez de Mora, profesora de Turismo de la Universidad Europea de Valencia.
A ojos de la experta, en la ecuación también entran condicionantes como la reforma de las instalaciones que han aprovechado para realizar durante este tiempo algunas empresas y que les permite ofrecer un precio final más elevado, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma laboral, que “les impide” mantener una carta de tarifas similar a la de años anteriores. Exceltur, el principal 'lobby' turístico del país, defiende que las tensiones inflacionistas están deteriorando los márgenes inflacionistas y que las compañías del sector apenas pueden repercutir un 26% de esas subidas.
Esta actividad encierra varias peculiaridades. Una de ellas es que su política de ‘pricing’ sigue la ley de oferta y demanda como primer mandamiento, y otra es que las reservas se suelen hacer con antelación, lo que puede beneficiar a los usuarios en una situación como la actual y perjudicar a los ‘players’ del mercado, que cobraron meses antes por un servicio que se iba a realizar más tarde cuando el IPC es mayor. Esto sucede con las estancias y los desplazamientos. En estos supuestos, la normativa vigente cubre ambas partes. La Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge que el importe solo puede incrementarse una vez hecha la reserva en caso de un cambio de divisas aplicable a un viaje combinado, que entren en vigor tasas o impuestos o se produzcan alteraciones en el precio del transporte derivados de los combustibles o la fuente de energía que utilice ese medio.
Este supuesto señala directamente a agencias de viajes y aerolíneas, que les permite trasladar el IPC a los clientes, siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Uno de ellos es avisar con un margen de 20 días cuando el importe vaya a exceder el 8% del total desembolsado, con la obligación de devolver la cantidad cuando el cliente lo pida. Una letra pequeña que puede causar más de un quebradero de cabeza al sector aéreo, con el precio del queroseno, el carburante que emplean los aviones, cotizando al alza. Por el momento, compañías como EasyJet o British Airways, ya han anunciado la cancelación de más de un centenar de vuelos, circunstancia ante la que alegan “motivos operativos o de suministro”.
Con el inicio de las vacaciones a la vuelta de la esquina y a falta de saber si alguna aerolínea dará ‘algún susto’ a los consumidores con un recargo adicional en el billete, un informe elaborado por Ipsos arroja que España será uno de los países en los que más se reducirá el gasto vacacional como escudo ante el IPC y se coloca como segundo país de los once analizados en el que mayor proporción de personas admiten un recorte en el presupuesto destinado a escapadas. Esto le sitúa en el mismo nivel que Turquía (41%), además de Francia y Canadá (39%). En esta decisión juega un papel crucial el factor psicológico, en el que expertos como Miguel Afán de Ribera, socio de Simon-Kucher & Partners y responsable de los sectores de turismo y ocio, aseguran que la percepción que la sociedad tiene del aumento del coste de la vida es hasta un 45% superior a las cifras reales e influye en las elecciones de compra. Pese a ello, todo parece indicar que el hueco libre que queda en la maleta tras sacar las PCR, los antígenos y las mascarillas se queda pequeño para meter la inflación.
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