Sin plazos, sin acuerdo y sin salvarse. Esta es la situación de Abengoa tras meses de negociaciones y encontronazos entre la banca, los fondos acreedores, los diferentes equipos directivos, los accionistas, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, señalan fuentes inmersas en el proceso de negociación. Todos necesitan de todos y ninguno parece dispuesto a ponerse de acuerdo. Pero si hay un papel fundamental en todo este proceso es el del Ejecutivo nacional, que debe aportar avales a través de CESCE y el ICO en cualquiera de las propuestas que están ahora sobre la mesa. Tras los últimos movimientos, el Gobierno se ha puesto de perfil y espera a tener más visibilidad para decidir su posición. Mientras tanto, los minoritarios buscan opciones para salvar la compañía y miran al milmillonario laudo por las primas de las renovables que les enfrenta al propio Estado para poder seguir adelante sin la ayuda de la banca.
A día de hoy, existen en Abengoa dos posturas completamente opuestas: por un lado, los accionistas minoritarios y, por otro, los acreedores. Ambas facciones tienen el mismo fin -salvar la compañía y los empleos-, pero no están cerca de acercar posturas para conseguirlo. Los planes de los minoritarios pasan por reestructurar la compañía quedándose con poco más de un 37% del capital, es decir, aceptarían una dilución del 50% con respecto a su posición actual. En cambio, necesitan el apoyo del 'pool' bancario para conseguir nueva financiación y echar a andar nuevos proyectos.
La opción de los acreedores -donde se encuentra la banca y los fondos- pasa por ejecutar parte de la deuda actual -incluyendo importantes quitas- y quedarse con parte del capital, inyectando liquidez y permitiendo la viabilidad de la compañía. La discrepancia principal está en el porcentaje del accionariado que le quedará a los minoritarios y que va desde el 2,7% que recoge el Plan Urquijo -el que apoya la banca- hasta el 37% que piden ellos. "Los acreedores y el consejo de administración harán lo que sea para no dejarnos entrar en el accionariado de la compañía", señala en un documento interno al que ha tenido acceso La Información la agrupación AbengoaShares.
En este sentido, los accionistas minoritarios -que se han sindicado para convertirse en accionista significativo con más de un 16% del capital- manejan la idea de que, según el mismo documento, "los acreedores están haciendo una transferencia lenta de propiedad, con una descapitalización estudiada desde hace cinco años". Además, consideran que tanto la banca y los fondos como el consejo de administración "quieren evitar que los propietarios de la compañía podamos acceder a las cuentas de la empresa y conocer el estado de las mismas y del laudo" que la compañía tiene con el Estado por las primas de las renovables.
Y es que el laudo es clave para entender este asunto. La compañía sevillana está pendiente de un arbitraje en La Haya, pero bajo las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo, en el que le reclama a España hasta 1.500 millones de euros por el recorte de las primas a las renovables en 2013. "Por eso quieren anticipar los canjes [los acreedores] y nos pretenden despistar con falta de información y retrasos constantes", señala el citado documento interno de los minoritarios, en el que reflejan que banca y fondos esperan recibir "un dineral" del laudo.
"Incluso Urquijo y su consejo aceptaban cobrar 58 millones de euros en acciones de Abenewco 1", remarca. En cambio, consideran que si se mantienen firmes en su posición y no ceden a las presiones, en caso de que el resultado del laudo sea favorable puede hacer perder a los acreedores todo el negocio en Abengoa. "Como seamos los accionistas quienes cobremos el laudo mandamos al pool bancario al quinto anfiteatro", señalan al considerar que esta opción les permitiría sobrevivir financieramente.
Por ahora, la situación se ha enquistado. Los acreedores han aceptado llevar las negociaciones del Plan Urquijo hasta el próximo 1 de febrero, pero para sacarlo adelante necesitan el compromiso del Gobierno de que apoyará con sus avales el proyecto. Todo ello con el telón de fondo de un enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía que se extiende desde el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno de Juanma Moreno señaló que no contaba con un instrumento jurídico que le permitiese aportar los 20 millones de euros que había prometido.
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