Tensiones hasta última hora

Sánchez tira del ICO para que la Junta de Andalucía y el PP se mojen en Abengoa

El Ejecutivo socialista apoyará a la compañía a través de líneas de liquidez y avales en un intento de forzar la participación del Gobierno de Juan Manuel Moreno, que no termina de cerrar las cuantías que aportará. 

Pedro Sánchez, junto a Juan Manuel Moreno Bonilla en la inauguración del AVE a Granada
Pedro Sánchez, junto a Juan Manuel Moreno Bonilla en la inauguración del AVE a Granada
EFE/ Kiko Huesca

Últimas horas para salvar Abengoa. La compañía que preside Gonzalo Urquijo se juega este lunes su futuro. La empresa sevillana debe cerrar todas los flecos de su plan de reestructuración antes del consejo de administración convocado para este mismo lunes en el que los máximos representantes de la compañía decidirán sobre su porvenir. De los diferentes frentes abiertos en las negociaciones, hay uno que aún no se ha conseguido cerrar. La compañía arrastra el que tiene que ver con el dinero público que pondrá sobre la mesa la Junta de Andalucía que preside Juan Manuel Moreno. Proveedores, acreedores, entidades bancarias y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Gobierno central, ya se han puesto de acuerdo en las diferentes partes del plan de reestructuración, pero la administración andaluza aún no habría dado luz verde a las cuantías que debe aportar para que Abengoa se salve. 

A falta de unas horas para el fin del periodo marcado por la propia compañía para alcanzar un acuerdo que se da por descontado, la culminación de la negociación ha tomado un cáriz político. Por un lado, el Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos habría forzado la máquina para cerrar el apoyo del ICO -tanto en la línea de liquidez como en los avales para acometer nuevos proyectos- y de Cesce, cuyo capital es mayoritariamente público, que aportará parte de los 300 millones de garantías que solicitaba Abengoa. Al mismo tiempo, uno de los ministros más políticos del Ejecutivo, José Luis Ábalos, habría coordinado las labores de persuasión con las distintas instituciones financieras involucradas en la operación de salvamento de la compañía sevillana.

En el lado opuesto se encuentra la postura de la Junta de Andalucía. Tras varios dimes y diretes, los negociadores consiguieron arrancarle al Gobierno regional de PP y Ciudadanos un compromiso de que participaría en el plan de reestructuración de la compañía a través de una inyección de liquidez. Pero desde entonces, y de acuerdo con la información recabada de diferentes fuentes financieras, el Gobierno de Juanma Moreno no habría vuelto a mover ficha al respecto. 

Más allá de salvaguardar el futuro de una empresa estratégica -pues opera en los sectores regulados del agua y la energía-, el apoyo público es crucial si se atiende a la cantidad de empleos que de ella dependen. Fuentes financieras apuntan directamente a este hecho como eje sobre el que se están vehiculando las actuaciones del Ejecutivo. En concreto, y según confirman a La Información dichas fuentes, la dependencia directa de unos 14.000 trabajadores en todo el mundo estaría siendo utilizada como medida de presión para sacar adelante esta reestructuración tan necesaria, la tercera en apenas cuatro años. 

De ellos, unos 2.500 estarían en España, muchos en Andalucía, donde la empresa tiene la sede. El papel de la Junta de Andalucía es clave para conseguir el mantenimiento del empleo en una compañía que durante décadas ha sido un referente en esta comunidad autónoma, señalan fuentes próximas a las negociaciones. Pero la situación actual de la compañía -con importantes pérdidas y un patrimonio negativo que la abocaría, de no conseguir sacar adelante este plan, a la insolvencia y el concurso de acreedores-, ha hecho que el diseño de la reestructuración sea altamente complejo. 

Las otras peticiones

Más allá de la petición de hasta 300 millones de euros en avales que le permitan acometer nuevos proyectos y los 250 millones de euros de liquidez, la compañía se ha visto obligada a convencer a proveedores y acreedores comerciales a los que ha propuesto importantes quitas y reestructuraciones de deuda. En concreto, ha solicitado la modificiación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros NM2, Reinstated Debt, Bono Convertible de A3T y deuda Old Money. También de otros como los propios bancos -Santander, Bankia y Calyon- o el fondo KKR. 

Pero pese a que todas estas partes estarían ya cerradas, el papel de la Junta de Andalucía sería determinante, pues el plan de reestructuración está concebido como un todo y no puede fallar ninguna de sus diferentes aristas. En este sentido se manifestaba al inicio de las negociaciones el propio Gonzalo Urquijo que reseñaba que "es como un dominó". Mientras esto sucede, la compañía mantiene su escasa actividad con unos niveles de liquidez en mínimos -que se demostraron en el momento que anunciaron la imposibilidad de pagar la totalidad de las nóminas- y con la mirada puesta en la tarde de este lunes. 

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