Últimos días para salvar Abengoa. La nueva fecha clave, el próximo 27 de julio, se acerca y todavía quedan flecos sueltos en el acuerdo que incluye a la banca, proveedores, acreedores, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). La pelota está ahora en el tejado de la Junta de Andalucía que también deberá aportar su cuota de participación para complementar la refinanciación de las entidades bancarias privadas. El objetivo es asegurar una línea de liquidez de 250 millones de euros que ha solicitado la compañía sevillana. Los bancos no quieren quedarse solos en el reflotamiento de una empresa que es clave para el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno y en el que también se ha implicado directamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De acuerdo con dichas fuentes, el Gobierno de esta comunidad autónoma estaría afinando junto con el ICO la cifra que debería aportar cada uno de ellos para complementar la parte que destinarán las entidades financieras privadas entre las que destacan Santander y Bankia. A ellas se unirán también otras, como Caixabank, que habrían decidido mover ficha a instancias del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien ha coordinado las labores de persuasión con las distintas instituciones financieras involucradas en la operación de salvamento de Abengoa.
La empresa, cuya sede está en Sevilla, emplea a 14.000 personas de forma directa en todo el mundo y otras tantas de forma indirecta, confirman fuentes conocedoras, por lo que el papel de la Junta de Andalucía es clave para conseguir el mantenimiento del empleo en una compañía que durante décadas ha sido un referente en esta comunidad autónoma. Es por ello que el grueso de la nueva financiación estaría integrado, de acuerdo con fuentes conocedoras, por dinero público.
Pero al margen de estas negociaciones para obtener liquidez y poder salvar la situación en la que se encuentra la compañía, se han llevado a cabo otras que también deben ser aprobadas en su totalidad, pues el plan de reestructuración de la entidad que preside Gonzalo Urquijo no acepta medias tintas. Abengoa se encuentra en una situación límite ya que, de no aprobarse la totalidad de las ayudas, el grupo estaría abocado a un concurso de acreedores con el riesgo de incurrir en insolvencia debido a las pérdidas acumuladas. En el pasado ejercicio la empresa andaluza registró 'números rojos' por valor de 517 millones de euros.
Una de ellas es precisamente esa, la petición de hasta 300 millones de euros en avales que le permitan acometer nuevos proyectos. De acuerdo con diversas fuentes, esta parte de la reestructuración estaría ya cerrada, pues el Cesce aportaría un 50% de esta cantidad a la que se sumarían varias entidades financieras que completarían las cuantías restantes. Del mismo modo, se ejecutarán importantes quitas y reestructuraciones de deuda en las que Santander, Bankia, Calyon y KKR son los principales acreedores.
La vía SEPI, a futuro
Pero más allá de este plan de reestructuración que está llevando a cabo Abengoa, la compañía también trabaja con otras opciones que podrían ayudarla en el medio plazo. Es el caso de la posibilidad de acudir al fondo de ayuda para empresas estratégicas que se gestionará a través de la SEPI y cuyas condiciones han sido aprobadas por el Ejecutivo este mismo martes en Consejo de Ministros. De los 10.000 millones que lleva aparejado este fondo, 3.000 se liberarán este año y será la empresa la que tendrá que solicitar su inclusión en este tipo de ayudas.
Será entonces, y en un proceso que podría llevar alrededor de seis meses, cuando las autoridades evaluarán si la compañía es una beneficiaria adecuada para este tipo de ayudas temporales. Para ello debe ser una empresa solvente y que no estuviese en problemas antes de la irrupción de la Covid-19. Si bien fuentes financieras confían en el futuro de la compañía, la situación de caja actual, acompañada de un patrimonio negativo, no la pondrían en un buen lugar a nivel teórico. En cambio, la norma aprobada este martes indica que las compañías que quieran optar a estas ayudas deben demostrar su solvencia a medio y largo plazo, presentando un plan de viabilidad para superar su situación de crisis.
Por ello, fuentes conocedoras apuntan a que esta ayuda -que se puede materializar a través de la entrada en el capital de la SEPI, con préstamos participativos o deuda- podría ser una solución a medio plazo. Una vez que el plan de reestructuración que actualmente se está negociando salga adelante y la compañía sanee sus balances y pueda conseguir nuevos contratos, la llegada de este dinero por cualquiera de las vías contempladas podría darle un impulso mayor a su actividad. Sea como fuere, queda menos de una semana para el nuevo 'Día D', el próximo 27 de julio.
