Las actas que recogen las deliberaciones del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la renovación de la autorización previa concedida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a la mina de uranio de Berkeley en Salamanca son rotundas: la autorización expira el día 17 de este mes al haber transcurrido cinco años desde que se aprobó la orden (Orden IET/1944/2015) que dio cobertura al proyecto. El CSN informó a favor de renovar la autorización solicitada por el grupo minero australiano, pero el Ministerio de Transición Ecológica no se ha pronunciado a favor ni en contra. El proyecto queda en un limbo jurídico mientras el supervisor nuclear elabora otro informe sobre la construcción de la planta para procesar el mineral.
El CSN detalla la fecha en la que expira la autorización de Berkeley Minera en el acta del pleno celebrado el 22 de julio. El acta recoge que la Dirección General de Política Energética y Minas envió al CSN el 8 de julio un escrito con "la solicitud de Berkeley Minera España para la renovación de la Autorización Previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)".
La autorización inicial a Berkeley, según el acta fue "concedida por la Orden IET/1944/2015, de 17 de septiembre, del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo". Llegada esa fecha, según fuentes consultadas en el organismo, el proyecto del grupo minero Berkeley, que cotiza en Bolsa desde el año 2018, entra en un espacio indefinido, un limbo jurídico que da nuevos argumentos a las asociaciones ecologistas y los partidos como Unidas Podemos que más abiertamente cuestionan el proyecto minero.
Un nuevo informe
Mientras tanto, el departamento que debe prorrogar o denegar la autorización caducada de Berkeley se mantiene en silencio. El Ministerio de Transición Ecológica ha decidido esperar al informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la construcción de la planta de concentrados de uranio del grupo australiano Berkeley en Retortillo (Salamanca) para tomar una decisión. El nuevo informe del CSN no estará listo hasta finales de año.
Lo que sí está haciendo Transición Ecológica es analizar las posibles consecuencias para las arcas públicas de parar el proyecto esbozado por Berkeley durante diez años. Según fuentes al tanto de los trabajos, el ministerio está llevando a cabo un análisis económico de la situación y evaluando la posibilidad de que la minera australiana reclame al Estado el lucro cesante en caso de que se paralicen de sus planes.
La realidad es que, pese al recelo del Gobierno y a la oposición de la mayoría de los partidos políticos con representación el Congreso, Berkeley ha conseguido armar un cepo legal que impide, al menos de momento, que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, el mismo que ha conseguido un pacto para cerrar todas las nucleares en 2035, clausure el proyecto.
Cuatro administraciones
Berkeley ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo. Su plan no sólo consiste en extraer uranio en Retortillo (Salamanca). En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
Desde el comienzo, los trabajos de Berkeley han avanzado más en los despachos que sobre el terreno. Han pasado más de diez años y la mina sólo es un proyecto en el que, según la minera australiana, algún día se llegarán a invertir 87 millones de euros. Pero eso no quiere decir que el plan no deje beneficios apreciables. Berkeley empezó acotizar en Bolsa en el verano de 2018 y cada noticia sobre avances en permisos y autorizaciones provoca espasmos muy rentables. Desde enero, cuando la acción se negociaba a 0,1280 euros, la cotización de Berkeley ha subido más de un 400%.
Berkeley no hace comentarios sobre la situación que se abre a partir de esta semana. Fuentes conocedoras de los trámites señalan, no obstante, que la compañía se siente segura de su posición tras el informe favorable a la prórroga aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Desde su punto de vista, no hay razones para que el ministerio que dirige Teresa Ribera se oponga al proyecto porque nada ha cambiado desde la primera autorización del año 2015.
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