Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, ha modificado en las últimas semanas las cuantías de varios contratos antiguos -de 2015, 2016, 2017 y hasta 2018- al alza, una de las cosas que le reprochó duramente el Tribunal de Cuentas en el último informe de fiscalización de los expedientes de suspensión de contratos que afectaron a las vías férreas de alta velocidad durante los ejercicios entre 2014 y 2017. El equipo directivo de la empresa pública que encabeza Isabel Pardo de Vera se encontró a su llegada a la compañía con 81 expedientes de modificación de contrato sin resolver, derivados de las adjudicaciones a precio de derribo que se dieron en los años post-crisis. Poco a poco, ha ido liberando este cuello de botella aprobando los modificados en los contratos pendientes pero en contra de las recomendaciones del fiscalizador.
En concreto, y con solo un vistazo al Portal de Contratación del Estado se puede apreciar que en cuestión de poco más de dos semanas Adif ha modificado varios de estos contratos, aumentando las cuantías a satisfacer a los adjudicatarios varios años después de su formalización. En concreto, se puede observar que estos se incrementan entre un 3 y un 10% de media, único cambio que se lleva a cabo en la documentación de la licitación.
La gestora pública de las infraestructuras ferroviarias llevaba meses negociando con las diferentes empresas adjudicatarias la forma de resolver el enredo jurídico al que se habían visto abocados varias decenas de contratos de obra cuyos fondos asignados no alcanzaban para sufragar la totalidad de los trabajos adjudicados. Todo este embrollo se deriva de la contratación por parte de la pública de obras y servicios a precios bajos, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la crisis económica, señalan fuentes conocedoras, lo que llevó a situaciones de reclamaciones y paralizaciones que ahora tratan de subsanarse.
"Una vez iniciadas las obras y por tanto con posterioridad a la adjudicación del contrato, se han puesto de manifiesto una serie de circunstancias imprevisibles que afectan al normal desarrollo de los trabajos por diferentes causas, así como a las previsiones contenidas en el proyecto constructivo", se señala en la documentación de uno de los contratos modificados en las últimas semanas. En concreto, se trata de la licitación para el proyecto de construcción de una plataforma en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid - Galicia adjudicado a la compañía Comsa a principios de 2018 y modificado el pasado día 21 de mayo. El importe de la obra en el momento de la formalización era, de acuerdo con la documentación, de poco más de 4,4 millones de euros que tras esta modificación ha aumentado hasta los 4,8 millones, es decir, más de un 9%.
Muy similar es el caso de otro contrato que tiene como objeto las obras de integración del ferrocarril en la ciudad de León. En esta ocasión se trata de una licitación del año 2015 adjudicada a SA de obras y servicios Copasa por un importe total de 20,5 millones de euros. Hace apenas unas semanas, Adif modificó, tal y como se reseña en la Plataforma de Contratación del Estado, las cuantías de dicho compromiso elevándolas hasta los 22,6 millones, un aumento de más de un 10%.
Pero no son los únicos. Existen algunos contratos que incluso han sufrido varias modificaciones, como es el caso del que tenía por objeto las obras del acceso ferroviario a Murcia y que se adjudicó en 2015. Tras una primera modificación que elevó las cuantías a pagar a Aldesa, empresa adjudicataria, en más de tres millones de euros, la pasada semana Adif volvió a realizar otra modificación que en este caso rebajaba la cuantía en 634.000 euros, tal y como consta en la documentación pública.
El cuello de botella que se encontraron los actuales gestores al llegar a la firma dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha ido resolviendo, según confirman fuentes conocedoras, a través de las negociaciones individuales con cada uno de los contratistas, lo que ha llevado en muchos casos a admitir una modificación al alza de la cuantía prevista inicialmente en la adjudicación.
En el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la compañía, el organismo que preside María José de la Fuente desvelaba diferentes deficiencias graves entre las que se encontraba la forma en que se modificaban ciertos contratos, algunas de ellas, sin ser aprobadas de forma previa. La propia Adif en sus alegaciones al fiscalizador señalaba que "no ha tramitado las modificaciones correspondientes para convalidar las actuaciones ejecutadas sin cobertura contractual", pero reconocía que al proceder a la tramitación de dichos cambios, "se ha apreciado la existencia de actuaciones ejecutadas sin la debida cobertura".
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