Los bancos se preparan para afrontar los ajustes ante la devolución de los ICO

La banca sortea la aplicación de medidas alternativas sobre los préstamos a empresas avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero solo por el momento. Las tranquilas aguas por las que navega el sector podrían agitarse el próximo verano, cuando empezará a llegar el fin del periodo de carencia máximo de dos años que el Gobierno otorgó a las compañías antes de proceder a la amortización de las ayudas. Fuentes financieras consultadas por La Información reconocen que será a mediados de este año 2022 cuando comenzará a aflorar el impacto real. La solicitud de quitas u otros mecanismos de reestructuración, ahora paradas, saldrán en ese momento. 

Las nuevas variantes de coronavirus son un elemento clave en el porvenir de los créditos, sobre todo los concedidos a los sectores más afectados por la pandemia. Esto es así porque la urgencia por controlar la expansión de los contagios ha llevado a las autoridades públicas desde un inicio a imponer limitaciones a la movilidad o a la realización de actividades de ocio. Las empresas relacionadas con la hostelería o el turismo son algunas de las más damnificadas, por lo que el empeoramiento de la situación sanitaria impacta directamente en la capacidad del tejido productivo para iniciar la devolución de los préstamos solicitados para mantenerse a flote. 

El momento exacto en el que se cumplirán las carencias de los préstamos dependerá de la fecha de la firma del contrato a nivel individual, pero previsiblemente la mayor parte empezará a llegar alrededor del próximo mes de junio. Será en ese punto en el que los equipos jurídicos y financieros de las pequeñas y medianas empresas, autónomos y otras compañías tendrán que valorar su situación y solicitar a su banco de confianza, si así lo ven conveniente, la realización de transferencias para la reducción del principal (quitas), que se pueden solicitar hasta mediados de 2023. La decisión de convertir el crédito con aval público en uno participativo no convertible en capital tendrá que tomarse durante estos próximos meses, pues la fecha límite está fijada para el próximo 1 de junio. 

El sector bancario piensa que la ampliación de los plazos, que se ha utilizado en gran medida, puede evitar una oleada de reestructuraciones

Otra de las medidas alternativas que están recogidas en el Código de Buenas Prácticas para la concesión de las ayudas ICO a empresas y al que se ha adherido más de un centenar de entidades financieras es la ampliación del plazo de vencimiento de las operaciones, algo a lo que se pueden acoger todavía hasta este verano. No obstante, fuentes del sector aseguran que la demanda de este mecanismo está más que satisfecha. Incluso antes de la firma del documento para la correcta gestión del dinero público, los bancos ya habían concedido un elevado volumen de extensiones. 

Algunas de las fuentes consultadas prevén que las solicitudes de prolongación de los plazos funcionarán en parte para evitar una oleada de reestructuraciones. Al contar con más tiempo para devolver los importes recibidos, las empresas se sentirán más holgadas y se verán en menor medida abocadas a tener que pedir medidas de auxilio tan delicadas como las quitas. Por ahora la solicitud de estas transferencias para reducir el principal es bastante residual, aunque no es posible descartar que la tendencia inicial pueda darse la vuelta. En el caso de los préstamos participativos se observa que la demanda es mínima, por ahora.

Los préstamos en vigilancia especial no dejan de crecer, aunque en caso de problemas quien más sufrirá será el Estado por un aumento de déficit y deuda

A pesar de que no se detecte todavía grandes dificultades, algunas autoridades empiezan a ver indicios de riesgos encubiertos. Lo cierto es que el volumen de crédito dudoso ha continuado disminuyendo durante los últimos meses, pero el importante aumento de los préstamos en vigilancia especial son un asunto de análisis central desde el tercer trimestre de 2020 para organismos como el Banco de España. Las entidades financieras han detectado en estos créditos alguna evidencia de que los clientes están experimentado dificultades de pago o que pueden tenerlas en el futuro. De ahí a que acaben convirtiéndose en dudosos dependerá sobre todo de la recuperación de la economía y de cómo se desarrolle la situación macroeconómica. 

Los importes que se manejan no son una cuestión insustancial. Se han inyectado más de 135.000 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo de los 140.000 millones dispuestos y se han firmado cerca de 1,15 millones de operaciones, según los últimos datos disponibles recopilados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital correspondientes al cierre de noviembre. En los próximos días se actualizarán los del mes de diciembre. Eso sí, del total desplegado, 102.975 millones de euros son garantías públicas, por lo que el mayor impacto en caso de pérdidas será para el Estado en forma de aumento de déficit y deuda. En cualquier caso, se trata de un contingente para el cual existe una estimación. Una parte fue imputada en 2020, pero si se materializan problemas mayores habrá que actualizar los cálculos iniciales.