Andrea Orcel exige en los tribunales que la presidenta del Santander, Ana Botín, cumpla con su promesa y le nombre consejero delegado del mayor banco español, pero como esta opción se antoja poco probable, por no decir imposible, el directivo italiano reclama, de forma subsidiaria, una compensación multimillonaria por los daños y perjuicios causados. ¿El importe? Asciende a un máximo de 102 millones de euros.
Esta cantidad se corresponde con el sueldo que hubiera tenido el banquero en Santander durante cinco anualidades (50 millones de euros, a razón de 10 millones por ejercicio), más las pagos acordados para compensarle por su salida de UBS, entidad suiza donde Orcel lideraba el área de banca de inversión desde la ciudad de Londres y que ascienden hasta los 52 millones de euros.
En concreto, ambas partes pactaron una prima de fichaje de 17 millones de euros y un pago de adicional de hasta 35 millones en acciones de Santander cuyo objetivo era resarcir al banquero por la pérdida de su 'pensión' en la firma helvética, que asciende a 50 millones de euros. Y es que si Orcel se unía a un banco de la competencia dejaba de tener derecho a percibir este bonus, utilizado por las entidades como una suerte de amarre para retener a sus directivos.
Fuentes cercanas al banquero aseguran que estos términos están reflejados en un "contrato" firmado por él propio Orcel y Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo de administración de Santander, el 24 de septiembre de 2018, pero fuentes jurídicas cercanas al entorno de la entidad sostienen que se trata de una carta de oferta supeditada a distintos condicionantes, entre ellos que el banquero tratara que UBS le pagara parte de su bonus para que el pago de 35 millones en acciones del Santander pudiera verse reducido.
El nombramiento de Orcel fue aprobado en la reunión del consejo del Santander celebrada el 25 de septiembre de 2018, cuando el banco anunció los cambios en su cúpula directiva, todos ellos sujetos, no obstante, a las autorizaciones correspondientes. "Incluidas las derivadas de las condiciones del actual empleo del Sr. Orcel", subrayó entonces la entidad que preside Ana Botín ante la CNMV.
Sea como fuere, como Santander canceló el fichaje en enero -alegando unos costes mayores a los que había previsto inicialmenete-, Orcel aún puede cobrar su pensión de 50 millones de UBS. Para ello, no obstante, deberá permanecer en el dique seco y no trabajar en banca durante siete años, lo que choca frontalmente con sus intenciones, pues a los 56 años de edad -y tras trayectoria de tres décadas a sus espaldas-, el banquero desea continuar en activo, ya sea en otro gran banco o al frente de su propia boutique de banca de inversión.
Es por ello, que, más allá del honor, el motivo que lleva a Orcel a exigir esta indemnización al Santander, es que sea Ana Botín sea quien pague 'su carta de libertad' y le permita librarse del 'yugo de oro' que le 'impide' seguir trabajando en el sector financiero. En su escrito de demanda, al que el banco debe dar respuesta esta semana, el propio Orcel se compromete a rechazar el bonus de UBS siempre que el juez le dé la razón y determine que se le deben abonar, al menos, los 35 millones de euros en acciones pactados, según fuentes cercanas al banquero.
Pese a que pudiera parecer que Orcel busca un arreglo que se sitúe en torno a esta cantidad, lo cierto es que el directivo quiere litigar y obtener una compensación incluso mayor. Y es que como el mismo advirtió en una entrevista concedida al 'Financial Times' a comienzos del pasado mes de mayo, "no es un hombre que deje pasar las cosas".
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