Estados Unidos ha impuesto finalmente aranceles del 75% a las torres eólicas fabricadas en España, India y Malasia. Tras una investigación de varios meses, que arrancó con la Administración Trump, el Departamento de Comercio concluye que fabricantes de los tres países han vendido su material en Estados Unidos por debajo del precio de coste, en una práctica que se conoce como 'dumping', y que no han contestado a los requerimientos que se les ha venido haciendo desde el pasado mes de abril, cuando las autoridades norteamericanas amagaron ya con imponerles una tasa por este motivo. Esta medida, que ha provocado caídas en bolsa para estas renovables, afectaría a entre un 6 y un 7% de las exportaciones del conjunto de empresas del sector eólico español.
Es el cálculo que hacen desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Su director General, Juan Virgilio Márquez, explica a 'La Información' que el 25% de las ventas que las eólicas españolas realizan al exterior van a parar al mercado americano (que incluye Estados Unidos y Latinoamérica) e incide en que ese 7% afectado por la tasa estadounidense "se puede absorber porque el sector ya está reorientando la producción para llevarla a otros mercados". Márquez recuerda que estos aranceles son la conclusión de un proceso que se ha prolongado por varios años, por lo que no se pueden atribuir directamente a la Administración Biden.
"Siempre hemos defendido que nuestras fábricas producen con costes internacionales", incide y recuerda que más allá de los costes del acero (que se emplea en la fabricación de las torres, que son a su vez parte del aerogenerador), están los logísticos, la mano de obra y la mejora del proceso (en el caso de España, uno de los líderes mundiales del sector, éste se ha optimizado al máximo). "Estamos convencidos de que nuestra industria no ha hecho dumping", sentencia.
Considera, en todo caso, que el hecho de que un país establezca medidas arancelarias de este tipo "no es una buena noticia" para el sector en conjunto y cree que obedecen más a un "planteamiento estratégico desde el punto de vista de la producción industrial que no solo afecta a las torres eólicas sino también a otras industrias". Es una medida que iría en detrimento, en principio, del propio consumidor norteamericano porque a priori los precios del sector no son tan competitivos pero, sin embargo, el Gobierno hace una apuesta a fututo por su industria.
La clave: empresas, acero y trabajadores estadounidenses
"El DOE va a poner en marcha todos los recursos que tenemos para conseguir que el mayor número de empresas estadounidenses, utilizando el mayor número de láminas de acero estadounidenses, empleen al mayor número de trabajadores estadounidenses en la energía eólica marina, para impulsar el crecimiento económico de costa a costa", aseguraba el pasado 29 de marzo la Secretaria de Estado de Energía, Jennifer M. Granholm.
Las cifras lo explican todo. Biden ha planteado un cambio en el modelo energético de su país y en ese puzle, el papel que juega el viento es esencial, puesto que el proyecto incorpora la inversión cada año y hasta 2030 de 12.000 millones de dólares (alrededor de 10.164,30 millones de euros) para la eólica marina con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 30 GW en la Costa Este -lo que permitirá cubrir la demanda de más de 10 millones de hogares estadounidenses-.
Desde Siemens Gamesa, una de las empresas afectadas, aseguran estar al tanto de la investigación y, "como es habitual", cooperan "con la administración de EEUU respecto de cualquier información requerida y así lo seguirá haciendo". Pese a que "la decisión final respecto de posibles tarifas sobre torres procedentes de España, India o Malasia no tendrá un impacto material sobre nuestro negocio en EEUU, consideramos que reducir la oferta disponible de componentes esenciales para la industria eólica, como las torres, podría afectar a la capacidad de EEUU de alcanzar los niveles necesarios de descarbonización del Acuerdo del Clima de París", apuntan desde la compañía capitaneada por Andreas Nauen.
Fue el pasado 30 de marzo cuando la autoridad de comercio internacional estadounidense (ITA por sus siglas en inglés), puso la lupa sobre la industria eólica del Viejo Continente al dar a conocer una investigación preliminar relacionada con derechos antidumping de torres eólicas procedentes de España. En ella consideraba que Vestas Eólica, Acciona Windpower, Gamesa Energy Transmission, Haizea, Kuzar Systems, Proyectos Integrales y Logísticos S.A.A, Windar Renovables y otras empresas están ofreciendo unos precios por sus productos un 73% más baratos de lo que les correspondería.
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