Creen que habrá excedente

Cruzada de A3 y Mediaset para suavizar el pago al cine tras la llegada de Netflix

La patronal Uteca reclama que se reduzca la obligación del 5% dado que las plataformas de vídeo bajo demanda aportarán con la nueva ley audiovisual.

Mediaset y Atresmedia
Mediaset y Atresmedia buscan reducir la aportación.

Serán más contribuyentes y, por tanto, los grandes grupos audiovisuales españoles exigen una menor presión regulatoria. Atresmedia y Mediaset reclaman al Gobierno de España que flexibilice las obligaciones de aportación al cine europeo después de la irrupción de las grandes plataformas como Netflix, HBO o Amazon como flamantes pagadores. La nueva ley audiovisual, cuyo anteproyecto acaba este jueves el periodo de audiencia pública, mantiene para todos la exigencia de aportar como mínimo el 5% a producciones del continente.

Durante los últimos años, las grandes televisiones privadas y también los grandes grupos de telecomunicaciones españoles sacaron la artillería para tratar de equiparar la regulación para los nuevos actores. Con un consumo más desestructurado y a demanda de la televisión, estas grandes plataformas se han convertido en un rival más -y también un cliente de sus producciones propias, como ha venido a demostrar la alianza de Atresmedia y Telefónica- dentro del mercado audiovisual. Esta rivalidad se ha percibido también en el mercado bursátil donde los dos principales grupos han sufrido caídas significativas en los últimos años.

Ahora, el Gobierno se dispone a trasponer la directiva europea de servicios audiovisuales en una nueva ley española. Ya hay sobre la mesa un anteproyecto en el que se ha introducido una modificación: las obligaciones de financiación de cine europeo se extienden a las plataformas con establecimiento en España -Rakuten TV, Filmin o Flixolé- y las que no lo tienen. En este último grupo se encuentran el resto de gigantes que hasta la fecha han mantenido las sedes en Holanda, Suecia o Luxemburgo. Estas, en caso de que superen los 50 millones de euros (algo que es muy probable), deberán aportar el 5% de todos sus ingresos.

Aún no hay cifras oficiales y, por tanto, se desconoce cuánto facturan en conjunto todas estas compañías en España. Fuentes del sector audiovisual colocaron a finales del año pasado las estimaciones de ingresos globales de estas firmas en unos 800 millones de euros, por lo que la nueva ley les obligaría a destinar hasta 40 millones de euros a cine europeo. La mayoría de estas compañías ya cumplen con estas obligaciones 'motu proprio' a través de sus producciones propias españolas y europeas. Pero la nueva legislación les delimitará y obligará a que, en todo momento, destinen ese porcentaje.

Desde Uteca, la patronal de las televisiones privadas en España -sector en el que Atresmedia y Mediaset tienen el 85% de cuota de mercado de la publicidad televisiva, según los datos de la CNMC-, reclama que haya una reducción de la aportación de los actuales contribuyentes a la producción de cine, puesto que el anteproyecto contempla la llegada del resto de plataformas. "Dicha disminución en ningún caso supondrá una reducción de la cuantía global destinada a la producción audiovisual, dado que será cubierta por plataformas y operadores en streaming", asegura la organización, presidida por el máximo responsable de Atresmedia Publicidad, Eduardo Olano.

Hay que recordar que la mayoría de los grandes grupos audiovisuales -y también las plataformas españolas- superan en buena parte de los últimos ejercicios esa financiación europea. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de hacer el seguimiento de la financiación obligatoria. El último informe, presentado a mediados de este año, es correspondiente al 2018. Y en él, tanto Atresmedia como Mediaset confirman un excedente de dinero aportado a obras continentales de más de 70 millones de euros -debían poner sobre la mesa casi 75 millones y computaron 144 millones.

Si se supera ese baremo, ¿por qué eliminar ese 5% o suavizarlo? Desde Uteca insisten en que quieren eliminar ese 'corsé' para tener la libertad de cambiar de criterios en el futuro ya sea por una decisión comercial o por la coyuntura económica. "Incorpora normas que hacen más difícil la ejecución y restan agilidad al sistema de producción audiovisual", lamentan. Pero esta es una de las peticiones. Hay otras, por ejemplo, vinculadas a los topes de publicidad, que se mantienen intactos respecto a la regulación actual y que ellos reclaman que sean también extendidos a las plataformas digitales.

Netflix ya ha movido ficha. Y facturará toda su actividad desde España, algo que no tiene por qué implicar más pago de Impuesto de Sociedades en el país. Esta misma semana ha enviado un comunicado a sus usuarios españoles, avisándoles de que el prestador del servicio de streaming será Netflix Servicios de Transmisión España SL, su filial principal. Desde la compañía defienden que son "parte integral" del ecosistema audiovisual en España. "Tenemos un compromiso a largo plazo con la creación española y apostamos firmemente por desarrollar un sector lo más diverso posible”. En este sentido, en el balance se contabilizan una treintena de producciones en rodaje (25 locales y 5 internacionales) y 17 títulos españoles estrenados en 2019.

Los plazos para aprobar la nueva ley aún son una incógnita, pues hay varios proyectos que, pese a haber superado el periodo de consulta pública, siguen aún pendientes de aprobación en el Congreso de los Diputados. El objetivo del Gobierno es tenerlo en las Cortes en los primeros meses de 2021 y que entre en vigor a mediados de año. Pero no hay nada cerrado. Mientras tanto, las operadoras de telecomunicaciones ya han puesto el grito en el cielo porque esta nueva regulación no incluya la 'tasa RTVE', permitiendo que las plataformas aporten también parte de sus ingresos a la financiación. Eso debería abordarse en una reforma de la ley de financiación de la radiotelevisión pública, que no está aún en previsión.

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