Las telecos claman contra la tasa RTVE: pagan casi 1.400 millones en diez años

Casi 1.400 millones de euros en una década de funcionamiento. Eso es lo que han pagado las operadoras de telecomunicaciones españolas para financiar el funcionamiento de la radiotelevisión pública española (RTVE) a través de la tasa que pagan anualmente. Las compañías claman contra esta decisión y esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Mientras llega, exigen que se incluya en esta regulación a las grandes plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix o HBO. Esto debía incorporarse a la reciente ley audiovisual, que ha iniciado el trámite de consulta pública, pero finalmente no ha sido así.

Año 2009. Después de un intenso debate, el Gobierno de Rodríguez Zapatero saca adelante en el Congreso de los Diputados la ley de financiación de RTVE. Elimina de un plumazo la publicidad privada y decide que, como en otro mercados europeos, sean las televisiones privadas las que paguen buena parte del presupuesto. Pero introduce un nuevo actor: las operadoras de telecomunicaciones. Éstas debían abonar el 0,9% de todos sus ingresos brutos no audiovisuales. La entonces patronal del sector Aetic, que representaba a Telefónica, Vodafone y Orange, puso el grito en el cielo: "Pagan los que ganan dinero y no los que pierden".

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Hoy siguen gritándolo a los cuatro vientos. La actual patronal que engloba a estas compañías, DigitalES, elaboró el pasado mes de octubre un informe sobre la fiscalidad de este sector. Y en él volvieron a defender que esta tasa es "totalmente arbitraria y no encuentra ningún tipo de justificación al no ser las empresas de telecomunicaciones las principales beneficiarias de la no publicidad en la televisión pública". Insisten en las "dudas enormes" que plantea este tributo, que se ven reflejadas en el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo tras la demanda de las compañías. 

El año 2010 fue el primero en el que funcionó esta nueva tasa. Y, según los datos hechos públicos por la propia RTVE en sus informes anuales, en aquel ejercicio las grandes operadoras aportaron 187,9 millones de euros entre todas ellas. A partir de esa fecha y hasta 2014 fueron reduciéndose progresivamente, debido a la crisis económica y el impacto de ésta en su volumen de negocio. Desde esa fecha hasta hoy ha ido creciendo de manera progresiva y casi ininterrumpida. En el año 2019, que aún no tiene cifras oficiales al no haber memoria anual, se rondó los 150 millones, de acuerdo a las estimaciones del sector.

Para tratar de frenar esta tasa, Telefónica, Vodafone, Orange y ahora Másmóvil lo han intentado todo. Primero acudieron a la Comisión Europea, como hicieran sus homólogos de países como Francia o Hungría, que debían hacer frente normativas similares. Pero en Bruselas no estuvieron por la labor de tumbarla y decidieron en 2013 que la tasa francesa "no viola las normas de telecomunicaciones de la UE". La consecuencia era clara: retiró el caso de España. Cerrada esa puerta, quedaban los tribunales españoles. En primer lugar fue el Tribunal Supremo que acabó cerrándosela. Sólo les queda un resquicio: la Audiencia Nacional y su decisión de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional para confirmar si se trata de una medida inconstitucional. Este movimiento se produjo en los primeros meses de este 2020 sin que haya habido ninguna respuesta hasta la fecha.

Mientras las batallas judiciales siguen su curso, desde las operadoras ya han mostrado sus quejas al Gobierno ante la decisión de no incluir a las grandes plataformas de vídeo como Netflix, HBO o Amazon dentro del grupo de empresas financiadoras de la RTVE. Las compañías esperaban que eso se plasmara en el anteproyecto de la ley audiovisual, pero esto no ha sucedido. En ésta sólo se incluye que estas multinacionales paguen un 5% de sus ingresos para financiar cine europeo. A preguntas sobre esta ausencia en el texto normativo, el director general de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, se limitó a asegurar a principios de este mes que esta modificación había que hacerlo en la 'ley RTVE'.

Las telecos creen que se trata de una tasa "totalmente arbitraria y no encuentra ningún tipo de justificación

Para terminar de sacar de quicio a las operadoras hay otro punto de fricción dentro de su relación con la RTVE. Tiene que ver con los servicios de valor añadido de sus canales audiovisuales: la posibilidad de grabar programas, de ver todo el catálogo de los últimos siete días... Para incluir este tipo de productos dentro de sus plataformas de televisión de pago -todo este contenido se consume dentro de sus propias plataformas-, las operadoras de televisiones privadas, como las telecos, deben abonar un 'extra'. Y es aquí donde Vodafone, Orange y el resto también se quejan: tras el pago de la tasa, esto debería ser gratuito.

Con todo, esta no es la única pelea que mantienen Telefónica y el resto de compañías por los tributos abonados por su actividad. La mayoría de ellos pelean en los tribunales contra las diferentes tasas municipales impuestas por los ayuntamientos por las torres de telecomunicaciones o contra el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por esa infraestructura. La de RTVE es una de las destacadas.