Espaldarazo de la Audiencia Nacional después de muchos 'golpes' en forma de suspensiones cautelares. La Sala de lo Contencioso se ha puesto del lado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y confirma la sanción de casi 30 millones de euros por el llamado 'cártel de las apps'. Los magistrados tumban los primeros seis recursos presentados por compañías relevantes como IBM, Indra o Accenture. No accede a ninguna de las razones esgrimidas por éstas en sus respectivos procedimientos para anular la resolución o reducir la cuantía aprobada en el año 2018 con el voto particular de una de las consejeras.
En pleno verano de ese año, tres años después de arrancar una investigación a fondo, la Comisión aprobó la imposición de una sanción conjunta de 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la administración. Según la resolución, quedó probado que la "trama empresarial" se repartió clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública en organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo (SEPE) o la Agencia Tributaria (AEAT). Las mayores sanciones correspondieron a Indra (13,5 millones), Software AG (6 millones), Atos (5 millones) y Connectis ICT (1,8 millones).
Todas las compañías presentaron recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, como suele suceder en estos casos. Y en varios de ellos se solicitó la suspensión cautelar del pago -los jueces accedieron a frenar el desembolso de los 5 millones por parte de Atos aunque se denegó en el caso de Software AG-. Ahora, la Sala ha emitido sentencia para seis de esos procedimientos. En todas ellas, consultadas por La Información, la conclusión es la misma: la resolución de la CNMC y la cuantificación de la sanción son ajustados a derecho.
En el pronunciamiento referido a Indra, que representa casi la mitad de la sanción conjunta, los magistrados no aceptan los argumentos presentados por la compañía en relación a una potencial falta de investigación del papel negociador de las administraciones en esos contratos. Respaldan a la CNMC en su definición de mercado a la hora de definir la sanción y también los efectos de reducción de la competencia. Confirman, como hace el organismo, que hay una "infracción única y continuada" y descarta que los hechos hubieran prescrito.
En el resto de sentencias, los argumentos esgrimidos por las empresas y por la Audiencia son relativamente similares. Además de Indra, también han perdido el recurso presentado Atos e IBM, junto con otras que recibieron sanciones más pequeñas como Accenture o Connectis. De los pagos más relevantes queda pendiente de sentencia Software AG -que pidió la suspensión cautelar sin éxito-. El resto sobre el que no hay pronunciamiento de la Audiencia son inferiores al millón de euros: Babel, Cibernos y Next.
La mayoría de las empresas que han recibido la negativa de la Audiencia previsiblemente presentarán recurso ante el Supremo
Previsiblemente la mayoría de los que ya tienen esa sentencia de la Audiencia acudirán al Tribunal Supremo para tratar de tumbar la resolución o, al menos, reducir la cuantía de la sanción. Hay que tener en cuenta que la resolución de la CNMC sólo insistía en que se iba a intimar con las empresas para que en el futuro se abstuvieran de realizar conductas similares. Pero no se apuntó a una prohibición de contratación con la administración pública, como sí que ha sucedido en otras sanciones como la reciente a Apple y Amazon.
Las pugnas en los tribunales
Este es un espaldarazo de la Audiencia Nacional en plena pugna con la CNMC a cuenta precisamente de las decisiones de la primera respecto a las sanciones y resoluciones de la segunda. Cani Fernández se quejó a principios de este año por el hecho de que la Sala de lo Contencioso suspendiera cautelarmente prácticamente todas las multas impuestas durante los últimos años. Insistió en que la prohibición a empresas de firmar contratos con la administración “no se está aplicando”. Pese a ello, el Tribunal Supremo ha confirmado más del 70% de las multas entre los años 2020 y 2022.
A lo largo de este año 2023, la Audiencia Nacional ha dado una de cal y una de arena a la CNMC en varias decisiones relevantes. En junio, avaló las multas que impuso por cárteles en la fabricación y distribución de cables eléctricos o los 13 millones exigidos a Cellnex por la TDT, mientras que en marzo respaldó la prórroga de 2020 a las restricciones de Telefónica en el fútbol. En el otro lado, la Sala de lo Contencioso optó por tumbar la decisión de fijar a Amazon como operador postal, como avanzó La Información. Por su parte, el Supremo avaló otras decisiones como su resolución contra el 'cártel de los pañales' que supuso el abono de casi 129 millones de euros.
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