La auditoría, demandada por el Ministerio de Transportes, para esclarecer los fallos presentes en los trenes para Cantabria y Asturias que superaban las dimensiones estipuladas, ha expuesto varios errores en el proceso de colaboración entre las compañías ferroviarias públicas Adif y Renfe, y la privada CAF.
El origen de la cuestión fue la exposición por parte de Renfe de unos pliegos del contrato que presentaban fallos en las medidas de los trenes, y que ninguna empresa fue capaz de advertir, según la investigación. "Si Renfe hubiera solicitado a Adif la información que este disponía sobre la red de ancho métrico en el momento de la preparación del contrato habría podido determinar con absoluta certeza que las condiciones sobre el gálibo incluidas en las especificaciones técnicas del tren no se podían cumplir", defiende el informe.
En noviembre de 2020, Adif entregó a CAF un documento que evidenciaba el problema en las medidas antes de firmar el acuerdo, pero la empresa no compartió esta información con Renfe, que desconocía el problema. Así, el estudio afirma que la compañía era consciente, o tenía la capacidad de serlo, de la imposibilidad de llevar a cabo el contrato, pero cerró el acuerdo de todas maneras.
Falta de comunicación
Mientras Adif y CAF ya tenían conocimiento de este problema en los gálibos, no fue hasta 2021 cuando Renfe descubrió los errores durante una reunión con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), congelando la ejecución del contrato de manera inmediata. Durante el proceso, tampoco fueron informados las autoridades cántabras ni asturianas, ni Raquel Sánchez, ministra y supervisora de ambas empresas públicas.
En abril de 2022, Renfe se reunió además con Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras, e Isabel Pardo de Vera, personal de la secretaría de Estado, pero la ferroviaria pública continuó sin compartir la información.
