El Gobierno de Pedro Sánchez hereda con el Popular otro foco de incertidumbre. El Reino de España -lease Ejecutivo en nombre propio o las autoridades nacionales involucradas en aquel ‘salvamento'- había iniciado trámites bajo la presidencia de Mariano Rajoy para solicitar su incorporación a la causa abierta en la Corte de Luxemburgo que debería sancionar el nuevo Gabinete, detallan fuentes jurídicas.
Las 97 demandas interpuestas en el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE) van contra la Junta Europea de Resolución (Jur) o la Comisión Europea por la decisión aquel 7 de junio, que acabó adjudicando la sexta entidad nacional al Santander por un simbólico euro después de utilizar los más de 3.000 millones de euros de accionistas y bonistas para sanear su balance.
Los afectados liderados por inversores con millonarios quebrantos como el grupo de mexicanos liderados por el exconsejero Antonio del Valle, el chileno Luksic o los bonistas buscan anular la propia resolución con la defensa de que la JUR no aplicó bien la ley y existían otras alternativas; mientras la mayoría de minoritarios persiguen principalmente un resarcimiento por sus pérdidas.
Será en España, en la Audiencia Nacional y en múltiples juzgados de primera instancia, donde la denuncia se dirige al Popular y sus exgestores, al Santander y la auditora PriceWaterhouseCoopers (PwC), y se cuestiona el rol jugado por las distintas autoridades: el Banco de España en la provisión de liquidez o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) como ejecutor del ‘rescate’ -amortización de acciones y bonos, y adjudicación al único banco que logró presentar una oferta en horas además de regar las cañerías del Popular con 13.000 millones de euros a fin de que operase con normalidad al día siguiente-.
Sin embargo, el Santander ya ha pedido incorporarse al proceso de Luxemburgo tal y como detalló la defensa del propio grupo en información enviada al tribunal de EEUU, donde Del Valle, Pimco y Anchorage abrieron otra vía para intentar forzar la entrega de información confidencial. Su intención es apoyar al organismo dirigido por Elke König y el BCE. Unos pasos que ultima dar igualmente el Popular y, según las fuentes jurídicas consultadas, el propio Reino de España.
La anulación de la resolución conllevaría consecuencias insospechadas dado que el Popular ha sido prácticamente integrado en el grupo, convirtiendo en irreversible la decisión. Al instante de adquirirlo el Santander le inyectó el milmillonario manguerazo para que pudiese abrir sus ventanillas al día siguiente, amplió capital en 7.000 millones para absorber y a fecha actual ha casi resuelto todas las alianzas estratégicas.
El rol del Banco de España y el Frob
Pero lo que se dilucida en Europa es si se actuó bien y ahí las autoridades españolas ejercieron un papel directo. Según el organismo presidido por la alemana König, el BCE certificó su inviabilidad, la JUR decidió cómo proceder y utilizó al Frob, como brazo nacional, para ejecutar el plan. El ministerio de Economía tuvo que expedir las preceptivas autorizaciones y fue el Banco de España el que gestionó la línea de liquidez de emergencia y le negó fondos cuando certificó que carecía de colateral para prestarle más, aunque fuese con las pautas del BCE.
La posición de España se encuentra directamente cuestionada además por los accionistas mexicanos que llevarán al país a arbitraje internacional para recuperar sus 470 millones. Este grupo de inversores liderado por Del Valle, el accionista díscolo que lideró la rebelión dentro del consejo del Popular para sacar a Ángel Ron de la presidencia, responsabiliza al Ejecutivo de la caída del banco por no facilitar acceso a mayor liquidez expidiendo avales y por el papel que jugó el Frob. En Luxemburgo cabe buscar una defensa indirecta de la actuación, con apoyo a las autoridades europeas.
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