Las relaciones entre el Santander y los bonistas se tensan. El Popular ha pedido al juez Fernando Andreu que excluya a los fondos Pimco, Anchorage Capital, Algrebris, Ronit Capital y Cairn del proceso bajo el argumento de que “solo alegan haber sido agraviados con la resolución”, circunstancia que no está siendo investigada en la Audiencia Nacional. Su instrucción se circunscribe a comprobar si hubo manipulación contable o se gestionó para hundir la cotización, causando la caída del banco, mientras que las pesquisas sobre la legalidad y oportunidad de la resolución son objeto del proceso abierto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Popular cursó la apelación el pasado 1 de junio, según desliza el bufete Uría Menéndez que le representa en dicha causa, en un informe presentado al Tribunal Federal de EEUU, donde los bonistas e inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle quieren forzar la entrega por parte del Santander de documentos confidenciales. El movimiento busca revertir la resolución emitida por la Audiencia Nacional el 25 mayo, en la que aceptaba formalmente la incorporación a la causa de los fondos, que perdieron 850 millones de euros en títulos de deuda del banco cuando la Junta Europea de Resolución (JUR) amortizó acciones y bonos para sanear su balance.
El proceso que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia investiga la comisión de presuntos delitos de falsedad contable, fraude a inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada contra el propio banco, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el antiguo consejo de administración y la firma encargada de la auditoría, PriceWatehouseCoopers (PwC).
El recurso que plantearon los fondos era singular en la medida que no buscaba en sí la restitución de las pérdidas, sino participar en las diligencias para obtener máxima claridad sobre lo que sucedió dentro de una estrategia legal más ambiciosa que cuestiona la resolución misma, tal y como detalló en su día el bufete Quinn Emanuel, que en España colabora con Andersen Tax & Legal y SLJ Abogados.
Hasta ese momento, los bonistas habían evitado confrontación judicial directa con el grupo Santander limitando su actuación a recurrir en la Corte de Luxemburgo contra la decisión del organismo dirigido por Elke König y la Comisión Europea. Un recurso que ni siquiera secundó Pimco y plantearon exclusivamente Anchorage, Algebris y Ronit Capital. Pero en los últimos meses la estrategia vira o simplemente se amplía en España y con el proceso de ‘discovery’ abierto en EEUU, que coloca al Santander en un aprieto en su mercado más delicado aunque no implica recurso ni demanda legal específica contra el grupo bancario.
La posición de Pimco, una de las mayores gestoras de fondos del mundo con 1,5 billones de dólares en activos gestionados a escala mundial, es particular y delicada. Es uno de los mayores perjudicados porque vio esfumarse de la noche a la mañana 489 millones invertidos en bonos y pertenece a Allianz, otro de los grandes damnificados, pero que se sentaba desde hace años en el consejo de administración del banco y se encuentra, por tanto, incurso en la investigación.
La aseguradora encajó igualmente severos quebrantos porque era el cuarto accionista del Popular con un 3,9% del capital, solo superado por el 9,6% de la Sindicatura, el 4,1% del grupo de inversores mexicanos que lideró Del Valle y un 4,06% de Credit Mutuel. Y ahora tiene, además, en juego la alianza en seguros y planes de pensiones que suscribió en 1988 con el Popular y está en manos del Santander reformularla o simplemente descontinuarla.
Su contrato estipulaba una compensación de alrededor de 1.000 millones en caso de ruptura y podría quedar en papel mojado por el simple hecho de que el cambio de control del Popular haya sido sobrevenido por una resolución. Un cóctel que obliga a afinar las iniciativas legales.
En la Corte de Luxemburgo las demandas son contra las autoridades que diseñaron la resolución, la aprobaron y apretaron el botón. En Estados Unidos el Santander ha desplegado toda una artillería legal para convencer al magistrado sobre lo innecesario de abrir siquiera el proceso. Sus bufetes -el texano Hunton Andrews Kurth, Uría Menéndez y Pérez-Llorca- alegan que allí no tiene documentación relacionada con el rescate y venta del Popular y los tribunales en España y Europa pueden obligar a entregar los informes a las partes. Ahora está en manos del juez Andreu decidir si los bonistas siguen al corriente del sumario o se les cierra la vía en la Audiencia Nacional.
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