El Santander encuentra 204 millones en grietas en las cuentas del Popular de 2016

  • El banco asegura a la CNMV no haber detectado otros errores en la contabilidad de dicho ejercicio. Se suma a los ajustes detectados antes por Saracho.
Nueva sede del Santander España en el inmueble del Popular
Nueva sede del Santander España en el inmueble del Popular

El Santander no ha tropezado con grandes quebrantos en los últimos estados financieros de Ángel Ron. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puso bajo lupa las cuentas de 2017 donde el grupo  declaró pérdidas en el Popular superiores a los 12.000 millones de euros a raíz de la resolución e investiga si parte correspondía a ejercicios previos. En contestación directa a la CNMV, el banco reporta que su Comisión de Auditoría “no ha detectado errores que hubieran requerido la corrección de estas cuentas (las de 2016), más allá de los que ha ocasionado la reexpresión” -en alusión a los 600 millones en ajustes que afloró bajo la presidencia de Emilio Saracho- y un déficit adicional en provisiones sobre créditos por importe de 203,9 millones de euros.

Tal insuficiencia de saneamientos responde a que el Popular se había adjudicado la garantía que los avalaba sin dar de baja su existencia en las bases de datos internas, detalla a requerimiento de CNMV en información remitida a la Audiencia Nacional. El documento matiza que su Comisión de Auditoría “no tiene entre sus mandatos la revisión de los estados financieros aprobados con anterioridad”, aunque es esperable que verificase la corrección de la contabilidad. Se trata de una cuantía menor frente a los más de 14.000 millones en ajustes sufridos por la entidad en manos de la Junta Europea de Resolución (JUR) o, incluso, la enmienda de Saracho en saneamientos y capital y que el Santander reconoce.

Pero la importancia del nuevo ajuste no es pequeña y plantea una situación peculiar. Por un lado, da mayores argumentos a la CNMV en el empeño de reformular las cuentas de 2016 que presentó cuando el equipo de auditoría interna reportó a Saracho aquellos errores como adelantaba Expansión. El banquero logró dejar en reexpresión la conciliación de estados con el apoyo del auditor PriceWaterhouseCoopers y evitando que desapareciese convertido en un nuevo Bankia, tal y como explicó en la Comisión de Investigación de la Crisis en el Congreso. Y la reformulación implica además consecuencias judiciales de cara a la investigación sobre la fiabilidad de las cuentas con que amplió capital para entidad y exgestores.

El Santander ya había defendido las cuentas de Ron y su fiabilidad en contestaciones a inversores desde su departamento de atención al cliente. Si se demuestra que eran irreales se expone a tener que compensar a los inversores que compraron títulos en aquella ampliación e, incluso a los bonistas -la Junta Europea de Resolución (Jur) amortizó 2.000 millones en deuda y dejó a cero un banco que antes de intervenir cotizaba a 1.300 millones en bolsa-.

El limitado déficit detectado en dotaciones choca, sin embargo, con los draconianos ajustes sufridos por el Popular antes de pasar a manos del grupo cántabro y sobre los que CNMV también le ha interrogado llegando a la conclusión de que efectuó provisiones en exceso y aniquiló partidas en activos fiscales diferidos discutibles porque está por ver si acabará utilizándolas para reducir la factura fiscal frente a la Agencia Tributaria.

Durante la resolución, en el Popular se cargaron provisiones y se llevaron a cero varias partidas patrimoniales por más de 12.000 millones. Un informe de BDO encargado por el Santander justifica el proceso evaluando la cirugía necesaria en 11.867 millones.  La CNMV le exigió explicar varias partidas y el banco alega que 2.086 millones de los 2.600 millones acopiados en provisiones para créditos los acumula para poder venderlos en bloque porque los fondos oportunistas exigen fuertes descuentos; idéntica razón esgrimida para disparar (y sanear) de 8.903 a 11.400 millones de financiación a la construcción y promoción entre diciembre de 2016 y junio de 2017, o meter 1.145 millones de euros extras en cartera inmobiliaria.

En aquel milmillario saneamiento del Popular, para el que la JUR utilizó con su amortización la inversión de accionistas y bonistas, el banco anuló 982 millones en activos fiscales, 1.137 millones en fondos de comercio y 411 millones en una cartera de títulos de renta fija. Su explicación es que el valor de desaparece bajo el escenario de resolución. La CNMV le admite el argumento en los fondos de comercio, pero le discute la recuperación efectiva de los activos fiscales diferidos -el cheque fiscal a deducir heredado del Popular supera los 4.000 millones si puede cargarlo sin problema a beneficios generados en el nuevo Santander España-.

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