Los ministros de Energía de los Veintisiete se verán las caras este viernes en Bruselas para enfilar una reforma eléctrica histórica, un movimiento para evitar in extremis una crisis energética sin precedentes en la historia reciente del bloque comunitario. La Comisión Europea ya ha perfilado el plan de acción que propondrá a los Estados miembros. Un recorte blando a los márgenes de los grupos energéticos que, además de revelarse insuficiente, deja una incógnita sin resolver. Quién pagará la factura de la intervención del mercado eléctrico.
Europa debe elegir entre estados, empresas o consumidores. O una suma de todos ellos. A priori, nada nuevo. El contexto sí lo es. El Kremlin ha cerrado el grifo de gas a Europa hasta nuevo aviso, lo que acerca a las naciones europeas más dependientes del suministro ruso -con Alemania a la cabeza- a una crisis de abastecimiento en cuestión de meses y anula el efecto de un eventual tope al precio del gas ruso, una de las medidas que propone la Comisión Europea.
Los máximos responsables de política energética de los Veintisiete deberán elegir entre susto o muerte. A la vista de las treinta páginas del borrador que ha redactado el organismo que preside Ursula von der Leyen, todo hace indicar que no pocos optarán por el susto, una vez ponderado el efecto electoral que acarrearía el escoger la muerte. Pero un plan de choque descafeinado tampoco está exento de riesgos.
Buena parte de Europa experimenta en primera persona el shock energético que llevó a España a reclamar, a finales de 2021, una reforma contundente del mercado eléctrico que incluyese la exclusión del gas de la formación de precios, además de un sustancioso rejón a lo que se ha popularizado como 'beneficios caídos del cielo' de los grupos energéticos. Este es el término para designar a la fuerte subida de los márgenes que han experimentado las tecnologías inframarginales no emisoras de CO2 - como la nuclear, la hidráulica o las renovables- que ofertan en el pool a precios récord por el incremento del coste de las emisiones de carbono y el gas.
Una de las medidas que ahora valora la Comisión Europea es la imposición de un price cap de 200 euros el megavatio hora (euros/MWh) a la energía generada por las renovables y otras tecnologías no emisoras como la nuclear. No hay que confundir este planteamiento con el límite regulado al precio del gas que España y Portugal activaron a principios de verano en virtud de la 'excepción ibérica'.
"Lo que propone la Comisión Europea no es la extensión del tope al gas ibérico. Bruselas se resiste a intervenir el mercado", afirma Óscar Barrero, socio de Energía de PwC. El especialista explica que el tope selectivo que plantea el Ejecutivo comunitario se asemeja más a la fórmula de minoración de los ingresos extraordinarios que se aplica en nuestro país desde hace un año. "El plan preliminar de Bruselas tendría poco impacto en España, donde el tope de los nuevos contratos se ha fijado en 67 euros/MWh y los beneficios de las renovables primadas ya se ha limitado por decreto", matiza.
Toda Europa, a excepción de Portugal, trató de 'quijotesca' la propuesta que líderes españoles de distinta índole defendieron con ahínco en distintas instancias comunitarias. Parte de ese rechazo se entiende por la falta de referencias recientes de una situación de emergencia energética como la actual, cuyo impacto económico podría sobrepasar al de las crisis del petróleo de la década de los 70, según coinciden distintas fuentes del sector. La intervención del lobby energético, que movió sus hilos en Bruselas con habilidad ante el primer conato de una intrusión estatal en el pool, fue asimismo decisivo en la toma de posiciones de las autoridades europeas.
El sector estima que el impacto en la economía europea del actual shock energético sobrepasará al de la crisis del petróleo de los años 70
En diciembre, el Ejecutivo comunitario a través de la comisaria de Energía, Kadri Simson, echó un jarro de agua fría sobre la ambición española de sacar el gas de la ecuación de formación del precio marginal final del pool. El actual modelo de precios era "la mejor opción para los usuarios y negocios europeos", según la comisaria. A Bruselas le toca recular, pero, por lo que refleja su propuesta preliminar, no tanto como para apostar por un cambio estructural que pueda soliviantar al lobby energético europeo.
"El debate de fondo en Europa es entre una crisis social sin precedentes y la amenaza de una crisis de deuda", señala una fuente técnica del sector que prefiere mantener el anonimato. Aduce al caso británico. "En Reino Unido se ha planteado una intervención contundente para congelar el recibo de la luz y el gas de los hogares británicos. El coste para las arcas públicas de este plan de choque superará los 110.000 millones", señala.
No todos los Estados miembros tienen el mismo margen para sufragar una intervención similar del mercado eléctrico. Por otra parte, el coste de dar demasiado margen a la espiral alcista en el pool es tensar la resistencia del consumidor -y la de su bolsillo- hasta romper la cuerda. Y aquí, el contexto macroeconómico es relevante, con la subida de tipos en marcha y la retirada de estímulos en la hoja de ruta del Banco Central Europeo (BCE).
A los precios actuales del mercado eléctrico, una minoración brusca como la que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez el año pasado -y que incluía en el ajuste todos los contratos a plazo- supondría un coste de más de 6.000 millones para el país. "La factura para los estados más dependientes del gas ruso sería todavía mayor", asegura la fuente. En un primer momento, España planteó que fuesen las grandes eléctricas las que asumieran esa factura. Más tarde el Ejecutivo reculó y excluyó de la minoración los contratos a plazo.
Las eléctricas lograron acreditar que la mayor parte de su energía estaba bilateralizada y, por tanto, quedaba protegida frente a la minoración. "Con este paso a atrás, el ahorro previsto pasó de 4.000 millones a 400", señala. Este es el debate que vibra hoy en Bruselas. Si en España alrededor del 85% de la energía quedó fuera del ajuste, en el conjunto de la UE, donde existe una mayor tendencia a la firma de contratos a plazo, el porcentaje podría superar el 90%. Dados los intereses contrapuestos que convergen en la cumbre de ministros del ramo, no parece que la solución vaya a alcanzarse en el 'cara a cara' de este viernes.
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