El 'caso Indra' crea división en la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con el informe del supervisor aún en ciernes, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y la vicepresidenta de la autoridad bursátil, Montserrat Martínez Parera, difieren en su lectura sobre lo ocurrido en la junta de la empresa tecnológica del 23 de junio, donde los tres mayores accionistas de Indra -Sepi, Amber y Sapa- ejecutaron un golpe de mano votando la salida del órgano de decisión de cinco vocales independientes. Mientras que Montserrat Martínez no observa indicios evidentes de una acción concertada, los hechos acaecidos siembran dudas en el 'primer espada' del supervisor.
La Dirección General de Mercados de la CNMV avanza con pies de plomo en su investigación sobre las circunstancias que rodearon al 'asalto' por parte de la terna de accionistas al consejo del grupo que preside Marc Murtra. El informe que está elaborando el equipo que dirige Ángel Benito -el que fuera jefe de Buenaventura en el supervisor y su predecesor al frente de Mercados- se plantea como un análisis denso y de gran nivel técnico que, sin embargo, no se inclinará ni a favor ni en contra de si hubo concertación.
La equidistancia que se le presupone al citado documento permite deducir que todo el peso de la decisión final de la CNMV recaerá sobre el consejo de administración de la autoridad bursátil. En estos momentos, no todos los miembros del órgano de decisión reman en la misma dirección, según fuentes conocedoras del debate interno consultadas por La Información.
La 'número dos' de la CNMV se inclina por el mismo argumentario que aducen los grandes accionistas de Indra, que superan conjuntamente el 30% del capital. Estos defienden lo ocurrido como un movimiento que ha servido para resolver una crisis de gobernanza en la empresa que arrastraba una fuerte división interna que complicaba la toma de decisiones de la compañía. Por tanto, a ojos de los máximos accionistas, no puede entenderse como una ofensiva para monopolizar la gestión de la compañía, pues entienden que esta se decide con los nombramientos y no con los ceses.
Además, a favor de la ausencia de concierto se cuenta que la junta de accionistas de Indra será la que diga la última palabra, pues será convocada de forma extraordinaria para ratificar a los nuevos vocales independientes, que se incorporarán al cargo sin ningún sesgo derivado de la crisis de gobernanza que atraviesa la empresa. En este lado de la balanza pesa también el hecho de que no toda correspondencia de voto entre accionistas implica concertación, lo que complica la evaluación por parte de la CNMV.
Esto es lo que, en última instancia deberá decidir el consejo del supervisor, con Buenaventura a la cabeza. En caso de inclinarse por la existencia de acción concertada, el supervisor podría, en última instancia, exigir al hólding estatal el lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% del capital de la compañía. Sería la sociedad que preside Belén Gualda la que, como primer accionista de Indra, asumiría las consecuencias de un eventual acuerdo con el fondo fundado por Joseph Oughourlian (presidente de Prisa) y a la empresa vasca de defensa que preside Jokin Aperribay.
La dirección de la empresa trata de demostrar que la salida de los independientes no ha supuesto un vuelco en la estructura de poder de Indra
La incertidumbre que tiene que despejar Buenaventura para hacer buena la tesis de su vicepresidenta reside en que, tras la salida de los independientes, la empresa ha experimentado un cambio radical en su estructura de poder. Precisamente para evita que dicho vuelco tenga un carácter efectivo, la dirección de Indra ha anunciado que su presidente, Marc Murtra, seguirá sin ostentar poderes ejecutivos. En otras palabras, el timón de la empresa continuará en manos del consejero delegado, Ignacio Mataix, quien, a la postre, ha resultado el más favorecido tras el conflicto.
Si el presidente del regulador admite que el equilibrio de fuerzas dentro de la compañía podrá restablecerse con la designación de nuevos consejeros independientes limpios de polvo y paja es más probable que se diluya la idea de concertación y, en su caso, se exima a la SEPI de lanzar una OPA sobre el 100% del capital de Indra. En todo caso, la CNMV tendrá que hilar muy fino en su dictamen final por cuanto que tanto desde el Partido Popular como desde Vox existen partidarios de emprender acciones legales contra el propio Buenaventura si el holding estatal sale 'ileso' del conflicto generado en el seno de Indra. Todo será que el choque de criterios termine por golpear la credibilidad del organismo regulador.
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