Cataluña quiere dejar de ser vagón de cola en la transición energética y lograr su independencia renovable en 2030. El propósito de la Generalitat es demostrar a la Unión Europea que el territorio es capaz de cumplir, de forma autónoma, con el objetivo vinculante que Bruselas ha impuesto a todos los Estados miembros de que un 32% del consumo energético final proceda de fuentes limpias. El Ejecutivo catalán prevé movilizar más de 5.000 millones para culminar la metamorfosis verde de la región, un reclamo con el que, además, espera despertar el apetito de los grandes fondos de capital riesgo.
La nueva hoja de ruta de la Generalitat liderada por Pere Aragonès, a la que ha tenido acceso La Información, incluye la puesta en marcha de casi 6.000 megavatios (MW) solo en fotovoltaica en 2030. De ellos, 3.500 MW irán para instalaciones en suelo y otros 2.100 MW serán tejados solares. Teniendo en cuenta la inversión equivalente para estas tecnologías, las previsiones del Govern suponen movilizar más de 4.600 millones solo en energía solar, a lo que habría que sumar la inversión en energía eólica, lo que permite elevar el importe total previsto por encima de los 5.000 millones de euros.
La envergadura de este plan verde presupone una aportación significativa por parte del capital privado. Esto coloca al Govern frente a una importante labor comunicativa para atraer a los grandes operadores renovables a una región que, tradicionalmente, ha sido territorio hostil dadas las férreas barreras de entrada que han hecho encallar a buena parte de las iniciativas que han presentado a la Generalitat estos inversores verdes.
El nuevo horizonte que se ha marcado el Ejecutivo catalán explica, por ejemplo, que la propia Assumpta Farran, directora general de Energía de la Generalitat, mantuviera un 'cara a cara' con UNEF, la principal asociación del sector solar fotovoltaico, a principios de diciembre. El objetivo del encuentro fue, precisamente, desgranar este plan de inversión y trasladar al sector el renovado interés de la Generalitat en apoyar la transición energética del territorio catalán.
La ambición renovable del Govern se asienta sobre un aumento fondos públicos sin precedentes, auspiciado por la llegada de las ayudas Next Generation y una mejora del margen de endeudamiento. El Instituto Catalán de Energía (Icaen) ha lanzado una convocatoria para repartir 115 millones de euros destinados a proyectos de autoconsumo, de almacenamiento energético y de desarrollo de renovables térmicas. El plazo de solicitud se abrió el pasado miércoles 15 de diciembre y se cerrará, bien en diciembre de 2023, bien cuando se agoten los fondos disponibles.
El 'plan verde' de la Generalitat supone dar un vuelco radical al mix energético catalán, donde el 80% de la energía producida aún tiene su origen en fuentes no renovables
Además de los fondos públicos y los inversores industriales, el plan verde del Govern deja espacio para los fondos de private equity. En los últimos años, las gestoras de capital riesgo han ido ganando terreno a los inversores estratégicos en la carrera por los activos renovables españoles. La abundante liquidez en manos de los grandes fondos internacionales ha reforzado el liderazgo de l capital riesgo en las fusiones y adquisiciones (M&A, en la jerga) que ha vivido el sector este año, un escenario que, previsiblemente, se replicará en 2022.
El propósito de la Generalitat supone dar un vuelco de 180 grados al mix energético regional. El pasado ejercicio, el 80% de la energía producida en territorio catalán procedió de fuentes tradicionales, principalmente nuclear (55%), ciclos combinados (12%) y cogeneración (11%). El Ejecutivo catalán cifró en cerca del 20% la cuota de las renovables, el 12% lo aportan centrales hidroeléctricas, mientras que eólica y la fotovoltaica apenas rozan el 7%. Los datos de la dirección general de Energía reflejan el parón administrativo que ha frenado la tramitación de solicitudes de los operadores renovables en los últimos años, un fenómeno que ha dejado a Cataluña con un parque verde limitado y envejecido frente al que han desarrollado otras CCAA.
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