Cellnex mueve ficha en los litigios que mantiene abiertos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) desatados tras las correspondientes demandas por abuso de posición dominante en el mercado de la Televisión Digital Terrestre. El holding dirigido por Tobías Martínez acaba de rebajar un tercio los avales para cubrir estas multas hasta situarlos ligeramente por encima de los 32 millones. Los tribunales han ido confirmando en los dos últimos años un recorte de las cuantías para las dos principales batallas.
El caso más antiguo es el que surge hace más de una década. Competencia impuso ese año a Abertis Telecom -nombre anterior a Cellnex antes de su salida a bolsa- una sanción de 22,7 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado español de transporte difusión de señal de televisión. La razón: según relataba el organismo, imponía "sin justificación objetiva" cuantiosas penalizaciones a sus clientes, entre los que se encontraban los grandes nombres de la TV como Sogecable, Telecinco o Antena 3, en el caso de rescisión anticipada de los contratos.
Cellnex acudió a los tribunales, al entender que no era ajustada a derecho. Llegó hasta el Tribunal Supremo que en 2015 estimó su recurso y obligó a la CNMC a recalcular de nuevo la sanción. El organismo dictó resolución y reduciéndolo a 18,7 millones de euros. Esta última cifra ha vuelto de nuevo a los tribunales, pues la empresa recurrió ante la Audiencia Nacional. No hay aún ninguna sentencia definitiva sobre esta nueva cuantía, pero Retevisión SAU -la sociedad actual con la que gestiona este negocio- sí que mantiene intacta la provisión por la totalidad.
El caso más paradigmático de esta batalla con la CNMC arranca en 2012. La CNMC impone el pago de 13,7 millones de euros por abuso de su posición en los mercados de servicios mayoristas de acceso a infraestructuras y centros de emisión de Cellnex, para la difusión de señales de TDT y de servicios minoristas de transporte y distribución de señales mediante una práctica de estrechamiento de los márgenes. Inmediatamente, se presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional y mientras se dilucidaba se reclamó la suspensión cautelar, a lo que accedió el tribunal. En su sentencia, estimó parcialmente lo reclamado por la compañía y le pidió al organismo presidido entonces por José María Marín Quemada que la recalcularan "por considerar que los criterios aplicados en su día por la CNMC no eran adecuados", según asegura en su informe anual.
Pese a que había logrado su cometido, acudió al Supremo porque consideraba que no sólo procedía un recálculo del importe, sino que la compañía "no infringió ninguna normativa". El Supremo tumbó su intento en 2018. Ese mismo año, acudió al Tribunal Constitucional que también le cerró la puerta unos meses después. Recientemente, la CNMC dictaminó que la cuantía no debe ser ratificada, tras un nuevo estudio a instancia de la Audiencia Nacional. Y ante esto, vuelta a empezar: la empresa acaba de apelar y arranca de nuevo el proceso.
Estos dos casos afectan a Retevisión, que es la que tiene registradas las provisiones y es la que forma parte del grupo dirigido por Tobías Martínez. En 2013, cuando se completó la escisión de Abertis, la actual Cellnex pactó con la empresa de infraestructuras controlada por Atlantia y con la participación de ACS que debía asumir todas las sanciones "por corresponder a la rama de actividad escindida, es decir, el negocio de telecomunicaciones terrestre". Por ello, la matriz de Cellnex tiene constituidos para estas dos sanciones y otras un total de tres avales por importe de 32,5 millones. Es un aval menos y 13,8 millones de euros menos que el año pasado.
El negocio de la TDT, a la baja
En el negocio de la TDT, Cellnex sigue siendo lo que se conoce en el argot de la CNMC un "operador con poder significativo de mercado", lo que lleva consigo una serie de obligaciones regulatorias. Unas obligaciones que fueron flexibilizadas hace año y medio, debido principalmente al giro hacia la televisión de pago en España. Aún así, se trata de un segmento que se ha convertido con el paso de los años en residual. El año pasado generó apenas el 14% de todo el volumen de ventas, sumando 227 millones de euros -frente a los más de 1.200 millones de la facturación generada por los contratos con las operadoras de telecomunicaciones a las que gestiona sus miles de torres de telefonía-.
Con estos casos por su dominio en la TDT enquistados y a falta de una resolución definitiva, donde ahora tiene el 'tira y afloja' regulatorio es en la posición como operador neutro de torres. Su fulgurante crecimiento y su agresiva política de adquisiciones ha llevado a que las últimas operaciones más destacadas estén acarreando un análisis más concienzudo de las diferentes autoridades de la competencia. Las compras de los emplazamientos de la hongkonesa Hutchison en Reino Unido e Italia, donde se esperan restricciones, o de las de Altice (esta última por 5.200 millones de euros) deberán pasar el cada vez más exhaustivo filtro de los reguladores.
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