La CNMC ficha a EY para evaluar el modelo de cánones de Adif tras la multa

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha fichado a EY, una de las mayores consultoras del país, para ayudarle con la verificación de la contabilidad y el modelo de costes de Adif y Adif Alta Velocidad correspondientes al año 2019. En concreto, el análisis que deberá llevar a cabo esta 'big four' se centrará en el esquema de cánones que utiliza la gestora de las infraestructuras ferroviarias y que ha estado en entredicho en numerosas ocasiones. La última de ellas tuvo lugar el pasado mes de febrero cuando fue multada por hacer caso omiso a las anomalías detectadas por Competencia en la propuesta de cánones remitida al antiguo Ministerio de Fomento.

El 'superregulador' ha puesto la lupa en esta parte de las cuentas de la compañía que preside Isabel Pardo de Vera al tiempo que ha solicitado a EY que proponga mejoras para el modelo contable de Adif. Estas propuestas deben estar en línea con las resoluciones que la CNMC ha llevado a cabo en los últimos meses y atender a criterios técnicos y sectoriales que puedan suponer un mejor reparto de los costes a los que se debe hacer frente, tal y como se reseña en el pliego de condiciones técnicas de la licitación que acaba de ser adjudicada a la compañía que dirige a nivel mundial Carmine Di Sibio. El contrato recién firmado se extenderá durante cuatro meses y ha sido adjudicado por 53.000 euros más IVA. 

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Pero no es la primera vez que se pone el foco sobre esta parte de las cuentas de la compañía. Los cánones de Adif han estado en numerosas ocasiones sobre la mesa de debate hasta que el pasado mes de febrero Competencia decidió actuar contra la compañía que preside Pardo de Vera al considerar que había cometido una "infracción grave" por no llevar a cabo las modificaciones solicitadas por el supervisor en el canon de 2019. Estos cambios que no fueron implementados hubieran supuesto una rebaja de 42 millones de euros en la previsión de recaudación de la empresa pública. 

La evaluación que acaba de ser contratada se producirá tras la multa y en medio de la liberalización del mercado de viajeros prevista para  final de año y que ha vuelto a poner los cánones que cobra la compañía pública en el centro de la polémica. Los futuros operadores pidieron al inicio de la solicitud de capacidad marco que se fijase un esquema del coste por uso de las vías y el resto de instalaciones de Adif a medio plazo que les permitiese llevar a cabo unos planes de negocio realistas y no discriminatorios. Este último punto estaba directamente vinculado a posibles diferencias entre el incumbente y los privados que llegarán a las vías en los próximos meses, uno de los caballos de batalla del proceso.

Es precisamente en este sentido en el que la CNMC, a la hora de contratar a EY, ha hecho incapié. En la documentación anexa a la licitación, la institución que preside Cani Fernández recuerda que la Ley Ferroviaria obliga a que el organismo regulador vele "para que los cánones establecidos por el administrador de infraestructuras cumplan lo dispuesto y no sean discriminatorios". En este mismo sentido se manifestó el supervisor, entonces encabezado por José María Marín Quemada, en una de sus últimas resoluciones en la que aludía directamente a un alza en el precio que se le trasladaba a las compañías que usaban las instalaciones en relación con el coste de las mismas. 

La CNMC también le hizo varias recomendaciones para salvar la dependencia de los cánones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), otro de los grandes puntos objeto de crítica en los últimos años. Cabe destacar que la vinculación de ambos temas hace que este coste lleve años sin actualizarse, impidiendo que se lleven a cabo bonificaciones como las que solicitan determinados operadores. Adif accedió finalmente a modificar su vinculación con los presupuestos, anunciando hace unas semanas un anteproyecto de ley que permitirá gestionar este coste de manera individual a la compañía. 

EY ganó contra KPMG y Grant Thornton

Para conseguir este contrato, EY tuvo que medirse con otras dos grandes firmas de consultoría, KPMG y Grant Thornton. La entidad que preside Federico Linares en España fue la que logró una puntuación más alta en lo que a criterios técnicos y medioambientales se refiere, si bien la oferta económica se quedó en medio de sus contrincantes. Por todo ello, EY consiguió 90,95 puntos, apenas unas décimas más que sus competidores en la puja, con lo que se llevó la adjudicación.