El último capítulo de la batalla regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Amazon se librará en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal admite a trámite el recurso de casación interpuesto por el organismo presidido por Cani Fernández después de que la Audiencia Nacional tumbara su decisión de calificarlo como operador postal, que implicaba un mayor escrutinio regulador. Los magistrados analizarán si realmente una empresa que está enfocada en actuaciones preparatorias para la configuración del envío de un paquete, sin realizar actividad alguna con posterioridad a la salida del éste de sus almacenes, puede incluirse en esa categoría.
La Comisión resolvió en septiembre de 2020 que en las filiales Amazon Spain Fulfillment y Amazon Road Transport -ambas del gigante estadounidense y que se dedican al almacenamiento y la entrega de última milla de los productos vendidos en la página web- concurrían las circunstancias para ser consideradas operadores postales, algo que implicaba algunas consecuencias regulatorias. Éstas iban desde la presentación de la correspondiente declaración responsable para poder ser inscritas, hasta la publicación de los precios aplicados a los envíos. La Audiencia Nacional concluyó que sólo se había acreditado que hacían tareas de logística y transporte, pero no de paquetería.
La Abogacía del Estado, en representación de la CNMC, presentó un recurso de casación para tratar de agotar la vía contencioso-administrativa. Insiste en sus alegaciones, como reza en el auto del Alto Tribunal fechado en marzo de 2024 y consultado por La Información, que la Audiencia introduce un concepto nuevo de “actividad postal”, que no existe en la normativa actual y lo vincula con el de operador postal. Añade que la sentencia prescinde de considerar que las actividades previas al transporte como la recogida, admisión, clasificación, tratamiento y curso también son servicios postales o de paquetería. Argumenta que existe interés casacional insistiendo en que no consta jurisprudencia sobre la interpretación de la ley en relación a los servicios de paquetería.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso entienden que existe ese interés objetivo para formar la jurisprudencia. Analizarán si una entidad cuya actividad principal se concreta en esas actuaciones preparatorias puede ser considerada como operador postal o no. En este caso se vincula al de Amazon, pero obviamente las conclusiones a las que llegue también afectará a otras compañías del sector. Las normas que serán objeto de interpretación son la Ley de Servicio Postal y su reglamento y el reglamento europeo sobre los servicios de paqueterías transfronterizos.
A día de hoy, la resolución firmada por el Consejo de la CNMC de septiembre de 2020 se ha dejado sin efecto y no hay una suspensión cautelar. Por tanto, las dos filiales siguen operando al margen de esa regulación específica como operador postal. De hecho, no aparecen incluidas en el Registro General de Empresas Prestadoras, que es gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Sí que están otras firmas del sector como Cainiao Spain, la división logística del gigante chino del comercio electrónico Alibaba.
Unos meses después de que se aprobara esta resolución por parte de la Sala de Supervisión Regulatoria, se mantuvieron dos encuentros institucionales de la cúpula de Amazon y de la CNMC en el mismo día. Fue el 19 de febrero de 2021, según consta en los registros públicos de reuniones con empresas del organismo. Y en aquella ocasión se hizo una “presentación de la actividad que desarrolla Amazon Postal en España” y a la que asistió el vicepresidente, Ángel Torres, y varios consejeros.
La megamulta de 194 millones
El otro gran frente judicial que mantiene Amazon con el organismo de la competencia está relacionado con la sanción histórica impuesta por este último tanto al grupo fundado por Jeff Bezos como a Apple por su acuerdo comercial en España. Se le exigió el pago de 194 millones de euros por restringir la competencia en el mercado de compraventa de productos en internet afectando a terceros revendedores de emblemas como el iPhone. A Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl y Amazon EU Sarl se les exigió en conjunto un total de 50,5 millones de euros. A Apple Distribution International Ltd (Irlanda) y Apple Inc (EEUU) se le reclamaban 128,6 y 15 millones de euros, respectivamente.
La Audiencia Nacional decidió suspender cautelarmente la ejecución de esta resolución. No sólo se frenaba el pago de esta ‘mega-multa’, la segunda más relevante de las que se han puesto sobre la mesa en la historia de la CNMC, sino también se dejaba sin efecto hasta el pronunciamiento de los jueces el veto a la contratación con las administraciones públicas. Este medida, que encarnaba el otro gran ‘castigo’ impuesto, era algo que preocupaba a ambas compañías. Habrá que esperar a que resuelvan los magistrados de la Sala de lo Contencioso. No se espera que haya un pronunciamiento hasta la segunda parte de este año o a principios del próximo. Siempre quedará, como ahora está sucediendo con la ‘batalla postal’, la puerta del Supremo.
En este contexto, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, se ha vuelto a sentar con la cúpula de la compañía en una reunión reciente. Tal y como queda reflejado en el registro público, Fernández mantuvo un encuentro en solitario con la empresa sin una temática específica, calificando el asunto como ‘relación institucional’, el pasado 19 de marzo. Este encuentro fue prácticamente unas semanas después de esta decisión de la Audiencia de frenar la sanción. En febrero de 2023, hubo también una ‘cumbre’ pero en este caso para hablar sobre el sector de la computación en la nube con los responsables de Amazon Web Services (AWS) a la que asistieron también el vicepresidente, Ángel Torres, y otros directivos.
