Sábado, 07.12.2019 - 06:55 h
Polémica por la factura del almacén de gas clausurado

La CNMC apunta a Florentino y sus socios en la reclamación de los costes del Castor

Competencia pasa a trámite de audiencia el informe para reclamar las cantidades liquidadas a ACS y a sus socios por mantener la instalación.

El almacén de gas Castor será sellado y desmantelado.
El almacén de gas Castor será sellado y desmantelado. / EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado un paso más para recuperar el dinero pagado tras el cierre del almacén de gas Castor. El organismo ha aprobado pasar a trámite de audiencia el informe-propuesta de reclamación  "con relación a los pagos efectuados a Escal UGS, S.L". Escal UGS fue la Unión Temporal de Empresas (UTE) que constituyeron ACS (66%) y la empresa canadiense Dundee para construir el almacén subterráneo cerrado desde 2013. Tras el cierre, Florentino Pérez (ACS) y sus socios en Escal UGS esgrimieron el contrato firmado en 2008 para ingresar del Estado 1.350 millones.

De momento, la Comisión tiene en el punto de mira los más de 200 millones pagados en los últimos años a Escal UGS y a los bancos que adelantaron la indemnización por el cierre del almacén: Caixabank, Santander y Bankia. Es un paso adelante porque apunta a la responsabilidad de ACS y de sus socios, que siempre han estado en un segundo plano en la polémica pese a que los 1.350 millones que cobraron del Estado dieron lugar a demandas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional que no prosperaron. 

La CNMC mantiene vivas las reclamaciones a los promotores del proyecto mientras los otros grandes afectados -el Estado, que devolvió a ACS los  1.35o millones y los tres bancos que adelantaron el pago- guardan silencio.  Caixabank, Santander y Bankia -asesorados por el bufete Linklaters- reclamaron la devolución de su adelanto primero al Estado, en abril de 2018, y recién comenzado el año, ante el Supremo. Como la CNMC, tratan de sostener el caso ante los tribunales.

El silencio como estrategia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido el silencio como estrategia ante las reclamaciones. Fuentes bancarias admiten que el Ejecutivo socialista no tiene mucho que ganar en un caso que en suma, supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos. En esa elección no hay mucha ganancia política. Menos en vísperas de elecciones.

En la práctica, el Gobierno aplica la estrategia que ya utilizó el Ejecutivo del PP después de que el Tribunal Constitucional tumbara el decreto de indemnización por el almacén en diciembre de 2017: silencio administrativo y que se pronuncien los jueces. Lo único claro en estos momentos es que la instalación será cerrada y desmantelada.  El almacén está sellado provisionalmente. Su vigilancia y mantenimiento corresponde a Enagás, que también ha dejado de cobrar tras la decisión del Constitucional y que también ha interpuesto una reclamación patrimonial al Estado.

El caso no está acabado. Ni para Enagás, ni para los bancos acreedores, ni para las asociaciones que reclaman a ACS los millones que cobró del Estado junto a sus socios canadienses. Las asociaciones se querellaron -sin éxito- contra ACS y cinco exministros del PP y del PSOE están empeñadas en llevar el caso a los tribunales de la UE.

Al Parlamento Europeo

De momento, se han movido también en el Parlamento Europeo para exigir que ACS asuma la responsabilidad del fracaso y se haga cargo de la seguridad de la instalación. Más allá de los enfrentamientos en los tribunales, el caso Castor ha puesto a prueba a organismos como la CNMC o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La entidad participó también en la financiación del proyecto y  ha admitido  en un informe que podía haber sido más diligente en la supervisión de los planes de Escal UGS.

Pero hasta ahí llega la asunción de responsabilidades. Los técnicos del BEI eludieron cualquier responsabilidad añadida. Se apoyaron para ello en un informe encargado por el Gobierno español al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard, que certifica que en el momento de efectuarse las evaluaciones del Castor “no existían estándares o directrices industriales” para valorar estos riesgos y tampoco existía “regulación específica” sobre la materia.

Escal ha presentado ante el Gobierno un escrito para demostrar, precisamente, que el MIT y la Universidad de Harvard no elaboraron ese informe que, además, sirvió de base al exministro de Energía, Álvaro Nadal (PP), para proceder en mayo de 2017 a la hibernación del almacén “dada su peligrosidad”. El culebrón sigue.

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