La nueva Ley del Sector Ferroviario entra en la recta final para su aprobación parlamentaria con novedades. El próximo marco legislativo no ha dejado de lado los efectos que actualmente la inflación ha tenido en el sector, como han afirmado distintos fabricantes de material rodante para los operadores y el gestor de infraestructuras. Esa situación se podrá parcialmente compensar a partir de su entrada en vigor gracias a la introducción de un sistema de revisión de precios excepcional para contratos de suministros destinados a contratos de obligaciones de servicio público (OSP).
Así consta en la disposición adicional segunda que se ha incluido en el texto aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados para sellar la nueva normativa del sector, que en esencia responde a la necesidad de transponer nuestro marco legislativo para igualarlo al del resto de vecinos europeos y, sobre todo, calmar a Bruselas, que en distintas ocasiones -a través de una carta de emplazamiento y un dictamen motivado- ya ha advertido al Ejecutivo de que debía darse prisa.
Esta disposición adicional habilita que se revisen los términos alcanzados en materia de precio, siempre y cuando se trate de contratos ligados a servicios OSP como los que prestan los trenes de cercanía, media distancia, ancho métrico y Avant. Dicho de otro modo, deja fuera a los contratos destinados a servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), como los de alta velocidad, que en España están adjudicados principalmente al fabricante español Talgo, a la postre principal proveedor de Renfe, por su elevada especialidad.
Por contra, en el sector interpretan que este gesto favorece directamente fabricantes como CAF, Stadler y Alstom. La firma vasca tiene previsto entregar 37 trenes de ancho métrico (repartido entre 31 trenes de Ancho Métrico y seis Alpinos) con el objetivo de reducir la edad media de los 28 años actuales a 15 al final del contrato de OSP que el operador tiene con el Estado. Además, este año se adjudicaron otros 57 trenes eléctricos en mayo, tras presentar la única oferta y recibir la duda de los analistas para esclarecer si la propuesta recogía cláusulas de indexación al coste de los materiales, "por la situación de inflación actual".
Gesto de Transportes
Stadler y Alstom, por su parte, se han repartido un gran contrato de trenes de Cercanías (24 para la primera y 152 para la segunda) que amplían la capacidad media en un 20% respecto a los actuales Civia y minimizan así el tiempo de bajada y subida de viajeros. Sobre la subida de precios y la fórmula para aliviar a los fabricantes, Leopoldo Maetsu, consejero delegado de Alstom en España, explicaba esta semana que este tipo de prácticas reparadoras se está dando "en muchos países" y extenderla en España "sería una solución extraordinaria para solventar esta situación".
El Gobierno llevaba meses siendo consciente de los problemas de los fabricantes. Tras una visita institucional a la fábrica de Stadler en Valencia, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicó en sus redes sociales que el Ejecutivo se hacía "cargo de la preocupación por el incremento de costes de producción provocados por la coyuntura internacional". Poco después, en julio se planteaba esta enmienda a propuesta de Esquerra Republicana y el PDeCAT que, con la votación de esta semana, dota ahora a los fabricantes de mayor cobertura legal.
Más detalles
Pero esta protección, que se articulará atendiendo al aumento de costes de las materias primas recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), será parcial. Algunos diputados como José María Figaredo (Vox) consideraban insuficiente esta medida porque también dejaba fuera a los contratos de señalización o electrificación ferroviaria, un argumento que fue rebatido argumentando que abrir más el abanico "habría debilitado la posición de Renfe", que con los OSP sí tiene posibilidad de recuperarse posteriormente a través de subvenciones estatales.
Sobre el marco temporal, el texto consultado hace hincapié que los contratos afectados serán aquellos que se encuentren en cualquier estado (ejecución, licitación, adjudicación o formalización) en el momento de la entrada en vigor de esta ley o, en todo caso, si se ha publicado su anuncio en la plataforma de contratación del sector público en el último año. El texto recuerda que "la cuantía máxima de revisión excepcional a que se refiere esta disposición adicional no podrá exceder del 20% del precio total licitado".
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